Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ratificó al delegado de la denuncia contra Dina Boluarte

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ratificó hoy con ocho votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones al congresista Edgar Reymundo como delegado de la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

Como se recuerda, la congresista Norma Yarrow (Avanza País), quien presentó la acusación de Boluarte, había solicitado el cambio de Reymundo debido a que pertenece a la bancada Cambio Democratico-Juntos por el Perú- que resulta ser aliada del Gobierno de Pedro Castillo.

Roberto Sánchez, congresista de la referida bancada, es actualmente titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y compañero de gabinete de Baluarte, desde el 29 de julio del año pasado.

Hay que mencionar que la Comisión Permanente del Congreso de la República declaró procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta por una posible infracción constitucional porque, supuestamente, realizaba labores como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya ostentaba el cargo público.

Según un reportaje de Epicentro TV, la vicepresidenta firmó como representante legal del Club Departamental Apurímac en el 2022, cuando ya ejercía como ministra. La prueba sería expediente administrativo que el citado medio obtuvo de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, el cual señala que el mencionado club quería recuperar su licencia de funcionamiento, luego de que esta fue revocada en el 2019 por quejas de los vecinos.

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, se defendió de los ataques que ha venido recibiendo y aseguró que ella no es una funcionaria corrupta y que está presta a responder todos los cuestionamientos a fin de demostrar su inocencia.

En declaraciones a la prensa tras su presentación en el distrito de San Juan de Lurigancho, la también titular del Midis, sostuvo que cuando se presente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dirá su verdad a fin de esclarecer los hechos que la señalan.

“En su oportunidad, cuando la Subcomisión de Constitución me notifique para poder apersonarme al Congreso, gustosamente estaré allí y respondiendo con la verdad sobre aquellos malos entendidos que hasta ahora se vienen diciendo”, indicó la funcionaria.

“Dina Boluarte no es corrupta, no le ha robado un solo sol al país, sigue trabajando por el Perú, y ese es mi objetivo, ese es mi propósito de no parar”, añadió.

En paralelo al proceso, la defensa legal de Dina Boluarte presentó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que solicite al Estado peruano a que suspenda este proceso que es llevado a cabo por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República.

En su escrito ante la instancia internacional, la vicepresidente sostiene que el proceso de la SAC tiene que quedar sin efecto porque se transgredió con sus acciones los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.

Alberto Otarola, abogado de Boluarte, también ha solicitado medidas cautelares y denunció al Congreso ante la CIDH en junio pasado. En esa línea, el recordado exministro de Defensa del expresidente Ollanta Humala sostiene que la oposición parlamentaria intenta “hacerse con el poder y revertir la derrota” que sufrió en las urnas en las elecciones presidenciales pasadas.

Otro argumento que Otarola también apunta es que se busca forzar la destitución e inhabilitación de Boluarte mediante el uso indebido de informes administrativos. Por ello, reveló que el informe de la Contraloría fue enviado en su totalidad al Parlamento, en cambio a la vicepresidenta solo le habría llegado tres paginas.

Por lo pronto, la CIDH ya tuvo una primera movida en el pedido de Boluarte al solicitar al Estado peruano a que le remita toda la información que considere oportuna sobre este caso. El pedido se realizó el pasado 30 de junio mediante un oficio enviado al canciller César Landa.