Las polémicas y las leyes ultraconservadoras que se promovieron durante el primer año en el Congreso

Durante el primer año del Congreso de la República, aparte de la aprobación de proyectos de ley contra la reforma universitaria, también hubo una marcada agenda antiderechos sociales. Esto se pudo dar debido a la posición conservadora de muchos parlamentarios de distintas bancadas de la derecha, la izquierda y el centro.

Sobre el tapete, cuatro iniciativas causaron mayor controversia. Nos referimos a la propuesta de cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer, sobre el enfoque de género, la tenencia compartida y del niño por nacer. Infobae habló con especialistas sobre las repercusiones de cada idea que podrían vulnerar los derechos de las mujeres y las niñas y niños.

El gobierno de Alberto Fujimori creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano a fines de 1996. La primera titular de la cartera fue la abogada y excongresista Miriam Schenone Ordinola, quien estuvo entre el 5 de noviembre de aquel año hasta el 5 de enero de 1999 cuando le cedió la posta a Luisa María Cuculiza.

El 11 de julio de 2002, el Consejo de Ministros del régimen de Alejandro Toledo decidió cambiarle el nombre al sector por Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). Desde 2012, bajo la administración de Ollanta Humala, se convirtió en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMPV) como se le conoce hasta ahora. A lo largo de estos más de dos décadas, cerca de 24 mujeres fueron ministras.

Actualmente, el MIMPV tiene las siguientes funciones:

-Supervisar el cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales contra la violencia de género en el territorio nacional, en el marco del proceso de descentralización y en el ámbito de su competencia.

-Formular, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar, y evaluar las políticas de Estado y los objetivos de desarrollo nacional, encaminados a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, especialmente en el caso de mujeres que viven en situación de pobreza por ser vulnerables a la discriminación.

-Proponer normas, directivas, guías y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y subnacionales, la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades.

-Proponer normas, lineamientos y medidas para la atención y recuperación de víctimas de violencia de género y trata de personas.

-Coordinar el cumplimiento de nuestras funciones con las otras direcciones generales pertenecientes al ámbito del Viceministerio de la Mujer, y demás dependencias del sector en lo que corresponde.

Para este año se le asignó al sector un presupuesto de S/ 702 3 millones, el cual ha sido utilizado con el fin de proteger a las poblaciones vulnerables y luchar contra la violencia familiar. Sin embargo, una propuesta legislativa pondría en peligro todo lo avanzado en el sector Mujer.

El congresista Americo Gonza (Perú Libre) planteó el proyecto de ley que propone declarar “de interés nacional” el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. La propuesta fue aprobada en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuya presidenta es la legisladora conservadora Norma Yarrow (Avanza País).

Entre los argumentos que se esgrime es que “permite poner en vitrina y darle la importancia real a los demás grupos vulnerables que forman parte de un mismo núcleo familiar”. Esto apuntaría a los menores de edad y las personas adultas mayores en estado de abandono.

En diálogo con Infobae, la exministra de la Mujer Gloria Montenegro sostuvo que detrás del proyecto hay “una confabulación de la extrema derecha y grupos ultraconservadores que, lamentablemente, van sumando a un retroceso en los derechos humanos de las mujeres”. Denunció que, además, hay grandes grupos económicos que no les interesa la violencia ni que la pandemia las haya afectado más.

“Recuerda que, antes de esta propuesta, estamos viendo cómo han atacado a la educación con enfoque de género, cómo se ha tratado de eliminar la educación sexual integral al tratar de controlar los materiales educativos y cómo grupos conservadores como Con Mis Hijos No te Metas van ganando espacio con una agenda que no es para la mujer, el niño, la niña y el adolescente. Lo que se requiere es un espacio fundamental para erradicar la violencia, la exclusión, la marginación y la discriminación hacia las mujeres para la construcción del desarrollo”, apuntó.

Montenegro señaló que la propuesta no tiene nada de declarativo, sino hay consignas claras para que los movimientos ultraconservadores sigan avanzando. “El congresista Gonza, antes de proponer algo, debe leer. En el Ministerio de la Mujer hay una dirección de familia que cuenta con un equipo multidisciplinario viendo los derechos de niñas, niños y adolescentes; a quienes protege con normas que favorecen a nuestra niñez”, agrega.

La excongresista de la República señaló que “el presidente Pedro Castillo, aliado de Cerrón, nos llenó muchos ministerios de misóginos, de gente que tiene denuncias de violencia familiar y contra la mujer que son agresores”.

“En lugar de levantar las banderas por la igualdad de derechos, por generar más oportunidades de empleo para las mujeres, por mejorar los servicios de salud y atención para abordar el tema del embarazo adolescente, las niñas violadas y desaparecidas; sentimos la verdad que no fueron atendidos en su magnitud. Es una cruz más para el presidente”, zanjó.

La iniciativa de cambio de nombre al Ministerio de la Mujer no llega aún al Pleno del Congreso. Por lo pronto, tanta ha sido la polémica que la Organización de las Naciones Unidas se pronunció en contra de la aprobación del dictamen.

“Las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el Perú expresan su preocupación sobre el retroceso que implicaría la transformación institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, y respaldan la posición de las declaraciones de la señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de no cambiar la denominación actual del MIMP”, indicó el comunicado de la ONU.

“La propuesta de creación de un Ministerio de la Familia en sustitución del MIMP (Proyecto de Ley 1229/2021-CR) ha sido promovida previamente y rechazada en varias ocasiones por el Congreso, por organizaciones nacionales e internacionales y por la ciudadanía en general, en vista que eliminar la referencia a la mujer y sustituirla por familia reforzaría la valoración exclusiva de las mujeres por su rol reproductivo e invisibilizaría la persistente discriminación y desigualdad estructural contra las mujeres y niñas, y las consiguientes vulneraciones a su autonomía y sus derechos fundamentales, situación que ha sido exacerbada por la pandemia”, expresó.

El 5 de mayo pasado, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley 094 que “impulsa la calidad de materiales y recursos educativos en el Perú”. Esta iniciativa señala que el Ministerio de Educación debe garantizar que los materiales educativos “se encuentren acordes a los principios de la educación peruana” y fomenta la participación de los padres de familia en su elaboración.

“La educación no debe ser un medio para promover ningún tipo de ideología social o política, menos aún de aquellas prácticas que pueden configurar un delito sancionado por lo moral y por el Código penal peruano como es el caso del terrorismo y tipos penales relacionados”, se lee en el texto aprobado por la mayoría de la representación nacional.

Los materiales de las áreas de Personal social, Desarrollo personal, Ciudadanía y educación cívica, Ciencias sociales, Descubrimiento del mundo y Ciencia y tecnología serán sometidas a revisión de “representantes de las Asociaciones de padres de familia, asociaciones civiles constituidas e inscritas en los registro públicos u otras instancias de representación constituidas para participar del procesos educativo de sus hijos”.

Si bien el término enfoque de género no aparece explícitamente en la ley recientemente aprobada, esta serviría como un mecanismo para propiciar su futura desaparición. El espíritu conservador registrado en varias organizaciones que dicen defender la familia, lograrían participar en la edición de textos gracias a la medida en cuestión. Cabe recordar que el enfoque de género ha sido una de las medidas más criticadas por parte de estas organizaciones.

De hecho, en junio de 2016, el Gobierno de Ollanta Humala aprobó el currículo nacional de educación básica que, entre los más aspectos más resaltantes, se incluía el enfoque de género. Esto surgió a partir de dos recomendaciones que hiciera el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU (CEDAW en sus siglas en inglés) con el fin de ayudar a acabar con la violencia y el cierre de brechas en la igualdad de oportunidades con los hombres.

En febrero de 2017 aparecieron grupos conservadores que demandaban la abolición del plan de estudios y el cese de su implementación. Incluso, se interpuso una demanda de acción popular constitucional ante el Poder Judicial para eliminar la palabra “género”. Esto porque, según ellos, existía una “ideología de género” que iba invertir los roles que tienen cada niño y niña dentro de la sociedad. Sin embargo, el recurso fue rechazado en 2019.

Susana Chávez, directora de la ONG Promsex que se dedica a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Perú, indicó en diálogo con Infobae que la propuesta “es un proyecto de ley dramático en varios sentidos. Desde el enfoque en cómo se ha colocado en la escena de la discusión que, bajo una premisa, los padres de familia no participan en los procesos educativos a pesar de que la ley del enfoque de género sí lo considera, entonces ahí se parte de una situación complicada”.

Chávez indica que si se incluye a los padres de familia, cabe la posibilidad de que los profesores puedan ser judicializados por impartir la temática del enfoque de género y eso conllevaría a quebrar todo concepto de política educativa. También menciona que la ley interviene en seis áreas educativas donde se incluyen criterios morales. Estos son historia del Perú, ciudadanía, ciencias naturales, ciencia y tecnología y la educación sexual. Precisamente, lo referido a lo último punto es el que despierta mayor debate.

“Lo que plantean estas organizaciones es que la educación sexual debe ser impartida en el hogar y no en la escuela. Además, el otro punto grave es que cuáles serán las organizaciones de padres serán reconocidos con esta labor. Se habla de un registro y eso provoca que no haya una real participación de los padres de familia”, cuestiona.

La Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Colegio de Profesores y hasta la Unesco rechazaron la propuesta. Sin embargo, desde el Gobierno, nunca llegaron a observarla. El ministro de Educación, Rosendo Serna, fue el encargado de mencionar porque adoptaron tal cuestionable decisión.

“Las observaciones que hacemos no se toman en cuenta y creo que el presidente habrá evaluado esa situación y que sea el Congreso el que tenga la posibilidad de rendir cuentas a la sociedad. Para que no se vea que estamos en permanente confrontación, es decir, observando, observando”, indicó Serna.

Por lo pronto, el Congreso y el Ministerio de Educación han sido demandados por la plataforma Educación Sin Retroceso ante el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. La demandante es una escolar de 16 años de un colegio público, representada por su madre. Se busca inhabilitar la ley y que el Minedu se abstenga de ejecutarla.

El 7 de abril pasado, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de Ley 1120 y 1096, presentados por los parlamentarios fujimoristas Patricia Juárez y Alejandro Aguinaga, que hace obligatoria la tenencia compartida. Con ello, niños, niñas y adolescentes tendrán que pasar tiempo con sus papás y mamás, luego de que estos se separen, incluso si hay antecedentes de violencia basada en género.

Pese a que el Gobierno observó la norma el pasado 18 de mayo, el Congreso decidió promulgarla por insistencia. Ahora tiene rango de ley.

Sofía García, abogada del Instituto Promoviendo Desarrollo Social, indicó a Infobae que “la tenencia compartida es una ley que pone en riesgo no solo la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, sino de las madres”. Agregó que no se tomó en cuenta a las partes involucradas como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Programa Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).

“No se han escuchado a especialistas en el tema. Por lo menos, tengo entendido que no se convocó a instituciones que velan por los derechos de los niños y los adolescentes. Hay un principio que señala que el Estado, cualquiera de sus funcionarios o instituciones, debe tomar en cuenta siempre la opinión de los niños y adolescentes frente a todas las medidas que vayan afectarlos. En este caso, el Congreso no los ha escuchado”, apuntó García.

La letrada enfatizó que, durante la pandemia, aumentaron los casos de violencia contra niños y adolescentes debido a que conviven con sus propios agresores que eran sus padres. “Entonces, al tener una tenencia compartida obligatoria, significa en algunos casos someter a los adolescentes a una violencia física, psicológica y sexual. No asegura que ninguno de sus derechos frente a sus probables agresores”, acotó.

García también responde a un argumento que se desprende de este proyecto de ley de la tenencia compartida que está referido al Síndrome de Alienación Parental (SAP), antes conocido como síndrome de la madre maliciosa, a pesar de que no está reconocido como una patología por ninguna institución médica, psiquiátrica o asociación científica.

“Esto es estigmatizar a las madres. Las cifras de violencia en el Perú son muy altas en relación a niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Entonces, esa data nos ha revelado que la violencia siempre tiene rostro de mujer”, menciona.

“En 2019 denunciamos al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la alta violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Los altos comisionados nos dijeron sorprendidos por la alta tolerancia que hay frente a estas denuncias”, recordó.

García apuntó que han puesto en alerta al Comité de los Derechos del Niño y a otros expertos internacionales sobre lo peligroso que resulta la norma. También han enviado un informe a las Naciones Unidas. Específicamente al examen periódico universal que es un mecanismo en el que un Estado es evaluado respecto a la situación de los derechos humanos del país que se verá en enero de 2023. Adelanta que buscarán reunirse con la presidenta del Congreso, Lady Camones.

Por otro lado, la letrada también opinó sobre la propuesta de la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), quien plantea dotar de derechos absolutos al concebido o niño por nacer sin importar la vida de las mujeres y por lo tanto imposibilitar que las niñas, adolescentes y mujeres accedan a su derecho al aborto terapéutico, que cuenta con protocolo de aplicación desde 2014.

“Este proyecto de ley implica un retroceso en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes al criminalizar a quienes sufren abortos espontáneos o a quienes han sido violadas sexualmente. Esto afectaría, especialmente, a las niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual”, menciona.

De enero a abril del 2022 se registró 3 610 casos de violación sexual. De esta cifra, el 94.4% son mujeres; y, el 67% son niñas. Entre enero y diciembre del 2021 hubo un reporte de 10 251 casos, de los cuales el 93.9% mujeres; y, el 67.6% (6 929) niñas y adolescentes entre 0 y 17 años.

En 2020 se registró 6 323 casos, de los cuales 4 238 son niñas y adolescentes (67%). En el 2019, 7 881 casos, de los cuales 5 140 niñas y adolescentes (65.2%). Y, en el 2018 se dieron 6 086 casos, de los que se desprende que fueron afectadas cerca de 4 104 niñas y adolescentes mujeres (67%).

El agresor es un pariente de la víctima o una persona conocida. El 51% de los agresores de víctimas de violencia sexual eran del entorno familiar (tío, padrastro, padre, primo, hermano y abuelo) y en el 59.4% de los casos ocurrió más de una vez .

García recordó que el Comité por los Derechos del Niño exigió al Estado peruano en 2016 que garantice el derecho a la interrupción al embarazo de las niñas y adolescentes embarazadas producto del abuso sexual. Además, mencionó que al año siguiente hubo una exhortación para que no penalice el aborto a las víctimas de la violencia y se planteó que haya un acceso a la educación sexual integral.

Por lo pronto, la propuesta no llegó a ser aprobada en el Pleno del Congreso. Seguramente, se verá en la legislatura que arranca en agosto.

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