La corrupción es, indebidamente, una de las problemáticas más comunes a nivel mundial. Para entender de qué forma daña la corrupción en el país es necesario recordar el último informe de la Contraloría de la República sobre el impacto de este fenómeno en Perú. Según reveló la entidad, el país perdió 22,000 millones de soles por actos de corrupción. Pero eso no es todo. Al menos seis presidentes peruanos son acusados de actos de corrupción durante su mandato. De acuerdo a especialistas consultados por Infobae, los personajes más afectados por este mal son los ciudadanos en condición de vulnerabilidad que están condicionados a acceder servicios estatales.
A inicios de año, la Defensoría del Pueblo informó que detectó más de 27,000 casos de corrupción en trámite durante los años 2017 y 2020. El 80% de estos casos se encuentran en etapa de investigación fiscal, el 61% de ellos en investigación preliminar y el 19% en investigación preparatoria. Los delitos con mayor incidencia son peculado (34%), colusión (21%) y cohecho (12%). Asimismo, el 30% de estos casos presentan como entidad agraviada a las municipales distritales (8,078), seguido de los gobiernos regionales (3,596) y municipalidades provinciales (3,560).
Además, el contralor Nelson Shack informó en junio que el MTC es el sector que presenta mayor incidencia de corrupción de todo el sistema estatal. De acuerdo a la cifra que proporcionó el funcionario, la presencia de esta problemática ascendió a 3,729 millones 740,938 soles. Además, se detectó más de 2,000 funcionarios públicos que cuentan con responsabilidades administrativas, civiles y penales por haber revisado más de 7,400 millones de soles en transacciones a nivel nacional.
LA CORRUPCIÓN EN LA VIDA DE LOS PERUANOS
En el sector salud, desde que se estableció el Estado de Emergencia por la llegada de la pandemia de la COVID-19 se registraron más de 1,400 casos de corrupción en las oficinas de la fiscalía a lo largo de todo el territorio nacional. A mediados de 2021, el Ministerio Público informó que identificó compras irregulares en en la compra de implementos médicos de parte del Seguro Social de Salud.
Una de las personas implicadas en esta investigación es la expresidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, quien, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía Provincial Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, estaría a cargo de la realización de estos actos ilícitos. Las autoridades asumen que los productos adquiridos se compraron a un precio que excede al valor real de las adquisiciones.
Otro de los casos más sonados durante la pandemia fue la negociación ilegal de camas UCI en el Hospital Almenara. De acuerdo a las investigaciones realizadas, el personal administrativo de este centro hospitalario cobraban hasta 82,000 soles a pacientes COVID-19 para ofreces una cama UCI.
“Hay un impacto de la corrupción en cuanto a la gestión en sí misma a la continuidad de los procesos, a la lógica, con la cual se implementan los procesos. Si lo que queremos es realmente desarrollar buenas políticas públicas, necesitamos poder implementar buenos procesos. Y por procesos no me refiero únicamente a cumplir gastos y documentos, sino articular coordinar y gestionar adecuadamente”, reveló a Infobae la especialista en Gestión Pública, Karla Gaviño.
De acuerdo a la docente de la Universidad Pacífico, la corrupción es presenciada directamente por los peruanos cuando requieren del acceso a los servicios del Estado y estos resultan insuficientes. En el caso del sector salud, la falta de implementos médicos podrían afectar el tratamiento de un paciente. “Ante la presencia de la corrupción, el servicio va cayendo. Esto lo vemos en la construcción de un hospital, el equipamiento o de la producción de las medicinas. Cuando vemos que la corrupción está en cualquier etapa de la cadena para lograr el servicio, este se va a ver seriamente afectado”, dijo.
Los casos de corrupción también impacta negativamente en la economía peruana. Como informó la Contraloría de la República, más de 20 millones de soles perdió Perú por actos de corrupción de los funcionarios públicos. Para la economista Paola del Carpio, esta problemática afecta la atención de las demandas de la población más vulnerable que deberían ser atendidas por el gobierno.
“La corrupción es un tema que está generalizado. Malogra los procesos que se tienen. Malogra los controles, la confianza. También las formas de inversión en el país. Y, lo más importante creo yo, es que que desvía los los fondos y los esfuerzos de las verdaderas necesidades que tiene la población. Cuando por temas de corrupción se decide por cierto proveedor o por cierta obra en particular, no se opta por lo que más se necesita, no se opta por el mejor proveedor. Al final, lo que eso significa es peores servicios públicos”, refirió.
Por su parte, la investigadora de Red de Estudios para el Desarrollo también manifestó que la difusión de actos de corrupción de parte de funcionarios públicos no solo afecta en la calidad de la prestación de servicios sociales, sino que desvía la atención de la población. Del Carpio indicó que los escándalos de corrupción de parte de ministros, parlamentarios y demás servidores promueve que la atención se centre en estos actos y no en las demandas de la población peruana.
Recientemente, la Contraloría también alertó la presencia de irregularidades en el proceso de adquisición de fertilizantes de parte de Agrorural. De acuerdo al informe de control simultáneo 020-2022-OCI/5741-SOO, la directiva que fue aprobada por Agrorural carece de las especificaciones claves para que la licitación de urea no tenga contratiempos y haya denuncias de corrupción que terminaron por anular dos procesos pasados. Esta problemática se presenta durante la aplicación de medidas preventivas ante la anunciada crisis alimentaria.
El sector educativo también se ha visto afectado por la corrupción. En mayo del presente año, la Contraloría General de la República detectó un perjuicio de 946,027 soles en la construcción de colegios de Huamanga, en Ayacucho. La entidad reveló que la ejecución de estas obras beneficiaron a una empresa que no cumplió con acreditar la experiencia de los trabajadores a cargo de la construcción de las estructuras, lo cual afectó la contratación de profesionales y desarrollo de la obra. Sin embargo, no es la primera vez que la educación se ve perjudicada por actos de corrupción. Años atrás, 200 alumnos del colegio Pillao Matao en Cusco tuvieron que dejar las aulas escolares, pues el colegio presentó complicaciones por irregularidades en la contratación de la construcción de la institución.
Para la especialista en Gestión Pública y politóloga, Magdangélica Terry, la corrupción en el ámbito educativo interviene en el proceso de aprendizaje de los alumnos, ya que las autoridades no siempre optan por los mejores recursos para los estudiantes.
“Para ejecutar esas obras lo más probable es que estas esos colegios estos sean elaborados con materiales de baja calidad, desechables, que a los pocos meses o al año ya necesiten hacerles algunos cambios o retoques. Todo eso forma parte de la corrupción que se institucionaliza. Esto también termina en la reducción de presupuestos, se derivan los proyectos con otros con otras subdirecciones. Al final, la cadena representa un proceso ineficiente”, señaló.
LA CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO
Durante el primer año de mandato presidencial de Pedro Castillo se han presenciado una serie de denuncias de corrupción de parte del Jefe de Estado, su familia, amigos y ministros designados. Si bien la corrupción impacta directamente en el ciudadano, las instituciones del Estado también se ven perjudicadas por la presencia de esta problemática.
De acuerdo a Iván Lanegra, de la asociación civil Transparencia, la corrupción representa un problema que se ha agravado con la falta de gestión del actual gobierno.
“Las extensiones de corrupción pueden haber sido un factor, pero más parece ser un problema de absoluta impericia para alejar el tema. Entonces, lo que existe es un problema muy serio de falta de gestión más allá de la corrupción. En este contexto, los casos de corrupción que se han conocido son parecieran ser pequeños, pero como están combinados con esta situación de falta de capacidad de gestión, el efecto es enorme”, precisó.
Por su parte, el abogado constitucionalista Christian Delgado afirmó que la institucionalidad del país se ve dañada por la corrupción al ser “manipulada” para el beneficio propio. También detalló que fortalece la desigualdad de oportunidades.
“Hablar de corrupción implica hablar de manipulación de estamentos de poder, instituciones políticas, instituciones gubernamentales de repente. Incumplir algunas reglas, normas, procedimientos buscando para buscar algún tipo de ventaja indebida o ilegal [...] esto es grave porque afecta la moralidad y legalidad, en este caso, de los actores políticos cuando están realizando actos de corrupción. Esa es la imagen que se le da a sociedad que se genera dentro de un aparato estatal o gubernamental”, recalcó.
El letrado resaltó que los actos de corrupción también debilitan la confianza en las autoridades porque representa un abuso de poder, aprovechamiento del bien público, recursos del Estado y otros a favor del beneficio propio.
Respecto a la imagen de las instituciones políticas del país, según el barómetro de las Américas, la confianza de las entidades peruanas es una de las más bajas en toda Sudamérica. De acuerdo a este estudio, esta carencia está vinculada a a la justicia, seguridad y representación política. Dentro de las instituciones con menos confianza se encuentra el Congreso de la República, los partidos políticos y el sistema de justicia.
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