“Permanencia de Pedro Castillo en el poder pone en riesgo la institucionalidad del país”, asegura Walter Gutiérrez

La crisis política parece agudizarse con el pasar de los días. El presidente de la República de Perú, Pedro Castillo, cursa cinco investigaciones de parte de la Fiscalía por estar presuntamente involucrado en actos de corrupción. Una de las interrogantes que surgió en el país e instituciones políticas peruanas a raíz de esta situación es la viabilidad de investigar al Jefe de Estado durante su mandato. La Defensoría del Pueblo fue uno de los órganos que promovió la apertura de una investigación en contra del mandatario Hoy, el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, en comunicación con Infobae, reafirma esta posición y asegura que Castillo Terrones ha debilitado las instituciones del Estado.

“Gran parte de la comunidad tanto jurídica como institucionalidad del país pensaba que no se podía investigar al presidente. Sin embargo hoy día prácticamente hace un año, tanto, la comunidad jurídica como a nivel institucional, confirma que sí se puede investigar al presidente”, inició mencionando el jurista.

Para el abogado, es necesario que esta investigación en contra del mandatario sea protegida por la Fiscalía, pues es probable que exista intención de que este proceso se trunque o se obstruya para que no continúe. Según explicó el letrado, esta debe garantizar la continuidad de esta investigación mediante determinadas medidas. Por ejemplo, a través de la protección del grupo especial de la policía creado recientemente para encontrar a los prófugos Juan Silva y Fray Vásquez.

La defensa legal de Castillo Terrones, Benji Espinoza, en más de una ocasión ha afirmado que el Jefe de Estado no obstruye la justicia pues acude a las citaciones de la Fiscalía. Para Gutiérrez, acceder a las solicitudes fiscales no significa colaborar con la justicia.

“No existe ningún argumento, ni de parte del abogado ni de parte del Presidente del Consejo del Ministros, para señalar que por el mero hecho de que el presidente está yendo la Fiscalía, que por cierto el presidente va para hacer el gala de afasia, porque no no dice nada, va a la Fiscalía pero se queda callado, esto no quiere decir que está toda la por colaborando con la justicia. Él está omitiendo declarar y encima evidentemente está obstruyendo la justicia cuando no cometiendo otro tipo de delitos, como proteger a sus sobrinos”, declaró.

El experto en leyes enfatizó que no es la primera vez que Castillo Terrones licencia a un ministro del Interior porque no va de acorde a sus decisiones. Gutiérrez recordó el caso de Avelino Guillén y aseguró que se trató de una situación similar con Mariano Gonzáles. “Tenemos una conducta recurrente del Presidente de la República, no es que esto sea un acto individual”, acotó.

“La defensoría fue la primera institución que nosotros decíamos que, en amparo del articulo 117, sí se le puede investigar. Después, la procuraduría se sumó y, al sumarse, al procurador Soria el presidente lo destituyó, violando la ley de La Contraloría. En ese momento, el ministro Aníbal Torres era ministro de Justicia. Ahí el presidente violó la Constitución. Ese acto no solo es transgresor de la Constitución, sino que representa un acto de obstrucción a la justicia”, advirtió.

De acuerdo al exdefensor del Pueblo, el retiro de funcionarios como el procurador Soria y Mariano Gonzáles evidencia la “instrumentalización del poder” de parte de Pedro Castillo.

“Ningún legislador se puso en la posición de que una organización criminal ingrese al gobierno y desde el gobierno instrumentalice las instituciones del estado, porque lo que castillo ha hecho es debilitar la policía, debilitar el estado para poder delinquir y poder defenderse. Las personas más allegadas a Castillo, sus familiares, sus secretarios, el ministro que más protegió, el señor Silva, están señalados por corrupción, y están prófugos”, sugirió.

El exfuncionario manifestó a Infobae que es necesario que las autoridades impidan la salida del país de Pedro Castillo y evalúen la suspensión de las funciones presidenciales. Esta última alternativa ha sido puesta en discusión en los últimos días. Según Gutiérrez, no hay precedentes aún de la suspensión a un presidente de la República, pero sí al exfiscal Pedro Chávarry.

“La diferencia en el caso del Presidente de la República es que él es elegido, no es designado, como en el caso del fiscal. Es elegido por voto popular, pero aquí desde mi punto de vista debe primar la institucionalidad, deben primar los derechos y debe imprimar los convenios en materia de lucha contra la corrupción. Entonces llegamos a un extremo debemos evaluar, la posibilidad de que la fiscal pida esta medida y que el presidente eventualmente sea suspendido de sus funciones”, dijo.

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