El congresista Diego Bazán (Avanza País) consideró que debe haber una sucesión constitucional con la vicepresidenta Dina Boluarte, quien tendría que tomar las riendas del Poder Ejecutivo en caso haya una vacancia presidencial o suspensión del cargo hacia el mandatario Pedro Castillo debido a las graves actos de corrupción en los que estaría involucrado según su exsecretario personal Bruno Pacheco.
“Personalmente creo que se debe dar una sucesión constitucional con la señora Dina Boluarte sino se desgastaria completamente la figura del Congreso de la República. Tendríamos que ser bastante cautos, estudiar también que no haya relación entre Boluarte que comprometa directamente al señor Castillo o que ella haya intentado en algún momento proteger o cubrir al presidente de la República. De ser así, yo creo que la acusación constitucional tiene que tener algún momento una pausa”, sostuvo en diálogo con Canal N.
Bazán apuntó que la sucesión presidencial debería darse con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y que de no concretarse, convocar a elecciones generales. “La sucesión constitucional tiene que darse con Boluarte. El presidente del Congreso no está hecho para gobernar, tiene que convocar de manera inmediata a elecciones generales, y eso es lo que se tendría que esperar porque si bien es cierto está muy deslegitimizado el Congreso”, agregó.
El escenario de que Dina Boluarte asuma el gobierno es una posibilidad que ella misma lo deslizó en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP) la semana pasada. “Hay un mandato que el pueblo nos ha otorgado, gobernar por cinco años y esa es la única agenda que tenemos. Trabajar estos cuatro años que quedan (de período constitucional) por los más vulnerables, los más necesitados”, sostuvo.
Sin embargo, esto dista de las declaraciones que brindó en diciembre pasado, cuando afirmó que si sacaban al mandatario ella también dejaría su cargo. “Si al presidente lo vacan yo me voy con el presidente”, sentenció aquella vez Boluarte, quien explicó que estas declaraciones se dieron mientras el hemiciclo peruano discutía una moción de destitución presidencial que, en su opinión, “no tenía fundamento político, ni técnico, ni legal, ni nada, simplemente (era) vacancia por vacancia”.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
Lo cierto es que, aparte de Castillo, la vicepresidenta Boluarte afronta sus propios problemas. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso avanza el proceso por una posible infracción constitucional porque, supuestamente, realizaba labores como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya ostentaba el cargo público. Esto podría llevar a inhabilitarla por 10 años.
El 1 de julio, la Comisión Permanente declaró procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta. El grupo de trabajo ofreció 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final contra la abogada. Por ahora se sabe que el ponente de la causa será el congresista Edgar Reymundo (Cambio Democrático).
En paralelo, Boluarte recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que solicite al Estado peruano a que suspenda este proceso que es llevado a cabo en el Congreso.
En su escrito ante la instancia internacional, la vicepresidente sostiene que el proceso de la SAC tiene que quedar sin efecto porque se transgredió con sus acciones los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.
Alberto Otarola, abogado de Boluarte, también ha solicitado medidas cautelares y denunció al Congreso ante la CIDH en junio pasado. En esa línea, el recordado exministro de Defensa del expresidente Ollanta Humala sostiene que la oposición parlamentaria intenta “hacerse con el poder y revertir la derrota” que sufrió en las urnas en las elecciones presidenciales pasadas.