La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió separar a la fiscal Bersabeth Revilla, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en corrupción de funcionarios, que indaga una pesquisa contra su hermana, la jueza Emma Benavides y sus colegas, que habrían participado en una presunta participación en una organización criminal que recibió sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico y extorsión.
Trascendió que la fiscal Revilla decidió renunciar a su cargo en la Fiscalía de la Nación, luego de esta decisión por parte de Benavides.
Según el portal Convoca, la tesis del Ministerio Público señala que, mientras la hermana de la fiscal de la Nación presidía el Colegiado E de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial, entre 2012 y 2015, lideraba este esquema de corrupción junto con los jueces María Luisa Apaza Panuera y Lorenzo Pablo Ilave García. Las altas sumas que se habrían cobrado llegarían incluso hasta los 150 mil dólares.
La fiscalía ha logrado identificar dos casos en los que hay serios indicios para sospechar que la magistrada Emma Benavides y sus colegas habrían recibido dinero para liberar a reos por narcotráfico.
En el primer caso, se trató del proceso iniciado el 2012 contra Roberto Gómez Herrera, alias ‘Huevo’, considerado por la Interpol como uno de los más importantes cabecillas del tráfico de drogas internacional. Además, está vinculado al peligroso grupo narcoparamilitar colombiano ‘Los Rastrojos’. En el Perú, Gómez Herrera junto a Percy Matos Sandoval y Edison Ruiz Martínez fueron detenidos con un cargamento de una tonelada de cocaína.
La fiscalía maneja la hipótesis que los colombianos ‘Huevo’ y Edison Ruiz Martínez pagaron US$ 200.000 en total y el 12 de enero de 2015 salieron en libertad gracias a las malas artes que operan en el Poder Judicial.
Por su parte, en el segundo caso, por el que se investiga a la jueza Enma Benavides tiene que ver con la liberación de José López Quispe, alias ‘Papitas’, quien era entonces considerado por la Policía Antidrogas como el principal acopiador de cocaína en el Vraem para organizaciones internacionales del narcotráfico.
Según la investigación fiscal, la abogada Ana Luisa Vásquez Aliaga, a quien el abogado Walter Mendoza señala como brazo legal de la jueza Emma Benavides, le habría pedido US$ 70.000 al detenido por narcotráfico para que la Sala de Apelaciones le diera libertad.
Por estos casos, el juez supremo Hugo Nuñez Julca ha dictaminado que Enma Benavides deberá permanecer en el Perú hasta septiembre de 2023 y no ausentarse de su localidad de residencia sin autorización judicial. También ha debido abonar una caución de 50 mil soles.
DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO CUELLOS BLANCOS
Hace unos días, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desmanteló el equipo especial de fiscales que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto que surgió tras la revelación de audios- producto de interceptaciones telefónicas lícitas que tuvieron origen en una investigación previa vinculada al crimen organizado, por delitos como narcotráfico, sicariato- que involucraban a jueces y fiscales.
El fiscal supremo Pablo Sánchez, quien estaba al frente del equipo especial de fiscales a cargo del caso, ha sido cesado de sus funciones como coordinador general.
Es necesario mencionar que, la salida de Sánchez de la coordinación de investigación de uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos años en el Perú se da a solo 20 días después de que fue nombrado nuevamente en dicho cargo, tras la elección y juramentación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación el pasado 20 de junio.
El Ministerio Público informó que la medida obedece a la necesidad de “reorganizar” la estructura del equipo especial de fiscales encargados del caso. Asimismo, señaló que se está siguiendo las pautas organizaciones estipuladas en la ley orgánica de dicha institución.
“Esta medida responde a la necesidad de ordenar la estructura del Equipo Especial de Fiscales para el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’” según la necesidad de diseño estratégico de la investigación de casos complejos y siguiendo las pautas organizacionales de la ley orgánica del Ministerio Público”, señala la Fiscalía.
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