Si bien se le cuestiona al Gobierno del presidente Pedro Castillo por su falta de eficiencia para solucionar los graves problemas que hay en el país, también se le debería agregar su incapacidad de gasto estatal. Al menos diez carteras ministeriales no han ejecutado ni la mitad de sus presupuestos asignados para este año.
Según el diario Perú 21, este panorama se puede certificar en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas. La cartera que tiene poco gasto presupuestal es la de Comercio Exterior y Turismo, a cargo de Roberto Sánchez, que ha utilizado un avance del 30.7%. Le siguen Transportes y Comunicaciones (34.5%) y Ambiente (36.7%).
Otros ministerios que tienen el mismo problema son Desarrollo Agrario y Riego (37.4%), Educación (38.8%), Energía y Minas (39.1%), Cultura (43.9%), Economía (46.6%), Salud (46.7%) y Mujer y Poblaciones Vulnerables (49.2%).
Hay que recordar que en muchas de estas carteras se dieron los cambios de ministros que el presidente Castillo ejecutó. Por ejemplo, Desarrollo Agrario y Riego y Energía y Minas han tenido más de tres a cuatro titulares en menos de un año.
De acuerdo a ComexPerú, el gasto público del Gobierno en los primeros seis meses, además, fue de 2.5% menos de lo registrado en los últimos siete años.
ATACA A LAS EMPRESAS
A la incapacidad de gastar, el Gobierno también no escatima para golpear a la inversión privada. Ayer, publicó el Decreto Supremo No. 014-2022-TR, cuyo reglamento modifica las relaciones sindicales, negociaciones colectivas y huelgas. La norma entra en vigencia hoy y cuenta con la firma del presidente, Pedro Castillo, quien anunció días atrás que iban a existir sorpresas antes de brindar su mensaje a la Nación este jueves 28 ante el Congreso de la República.
En diálogo con Infobae, el abogado laboralista Oswaldo Caballero consideró que este decreto empodera a los sindicatos en desmedro de las empresas. “Un primer punto que me ha llamado la atención es el tema del arbitraje potestativo que era como una suerte de vía para solucionar los conflictos entre las empresas y los sindicatos. Con esta nueva norma, ahora ellos tienen la potestad recurrir a este vía, lo cual contraviene algunas sentencias del Tribunal Constitucional, principalmente, en el tema portuario”, apuntó.
El especialista añadió que, bajo la nueva norma del Gobierno, habrá una mayor flexibilidad para que los trabajadores puedan declararse en huelga por diversos motivos sin que las empresas tengan las armas necesarias para reducir los efectos de tal medida de fuerza para su productividad. “Se abre la conflictividad laboral a un mayor ángulo. Hoy, el empresario que tiene una relación antagónica con su parte trabajadora, va tener que soportar el tema de las huelgas”, acoto.
Caballero enfatizó, además, que la norma alienta a los trabajadores independientes a unirse a un sindicato y esto traería como consecuencia la creación de más grupos. Añadió que otro efecto de la norma del Gobierno es que se incentiva la negociación por rama empresarial cuando el Perú tiene una actividad económica totalmente diversificada. “Pareciera que esto va para pequeños grupos de trabajadores. Es mínima, actualmente, la negociación por rama. Cada trabajo se ha dedicado a negociar por sus propios medios”, aseguró.
Cuestionó que el Gobierno no haya discutido el tema en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) y adelantó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) podría pronunciarse, como en mayo pasado, cuando mostró su preocupación por la norma que prohíbe la tercerización laboral, así como en el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y el Anteproyecto de Código de Trabajo.