Fiscal Pablo Sánchez fue cesado del cargo de coordinador del caso “Los cuellos blancos del puerto”

El fiscal supremo Pablo Sánchez, quien estaba al frente del equipo especial de fiscales a cargo del caso “Los cuellos blanco del puerto”, ha sido cesado de sus funciones como coordinador general. Según menciona una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue la encargada de tomar dicha decisión.

Es necesario mencionar que, la salida de Sánchez de la coordinación de investigación de uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos años en el Perú se da a solo 20 días después de que fue nombrado nuevamente en dicho cargo, tras la elección y juramentación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación el pasado 20 de junio.

El Ministerio Público informó que la medida obedece a la necesidad de “reorganizar” la estructura del equipo especial de fiscales encargados del caso. Asimismo, señaló que se está siguiendo las pautas organizaciones estipuladas en la ley orgánica de dicha institución.

“Esta medida responde a la necesidad de ordenar la estructura del Equipo Especial de Fiscales para el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’” según la necesidad de diseño estratégico de la investigación de casos complejos y siguiendo las pautas organizacionales de la ley orgánica del Ministerio Público”, señala la Fiscalía.

Según indica la resolución publicada en el Peruano, en lugar del fiscal supremo Pablo Sánchez asumirá esas funciones Jorge Luis Díaz Cabello, fiscal superior provisional transitorio del Distrito Fiscal de Lima Centro.

El equipo especial de fiscales encargados del caso ‘Los cuellos blancos del puerto’ fue creado el 5 de julio de 2019 para que “se avoque al conocimiento exclusivo de las investigaciones penales” de dicho caso. En ese sentido, el fiscal Pablo Sánchez fue nombrado como coordinador de este equipo el 01 de octubre del 2020 por disposición de la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Este equipo especial está comprendido por la Primera Fiscalía Suprema Penal Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos; la Fiscalía Superior Penal con competencia nacional; y el Primer, Segundo y Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado, con sede en el Callao.

Este caso surgió tras la revelación de audios- producto de interceptaciones telefónicas lícitas que tuvieron origen en una investigación previa vinculada al crimen organizado, por delitos como narcotráfico, sicariato- que involucraban a jueces y fiscales. Según las investigaciones, consejeros del extinto Consejo Nacional Magistratura, un ex magistrado de la Corte Suprema e, incluso, empresarios estaban involucrados en una serie de presuntos actos de corrupción, en especial, con los delitos de tráfico de influencias y otros relacionados. Es decir, dentro del sistema de justicia –en especial de las más altas autoridades- habría funcionado un banco de favores guiado por intereses personales en desmedro del interés público.

Entre los principales involucrados se encuentran el ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo; el ex magistrado supremo de la Corte Suprema, César José Hinostroza Pariachi; los ex consejeros del CNM Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Guido César Aguila Grados, Sergio Iván Noguera Ramos y Orlando Velásquez Benites; el empresario Edwin Antonio Camayo Valverde, así como también el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Picchotito.

Los principales delitos investigados son el de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho activo y pasivo, entre otros, así como también se encuentra en análisis la prerrogativa de la inmunidad que protegía de investigaciones a las más altas autoridades del sistema de justicia.

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