Masacre de La Cantuta: El asesinato de estudiantes a manos de un escuadrón de la muerte cumple 30 años

Mientras hayan voces que exijan justicia, este caso no será olvidado. Uno de los pasajes más sórdidos del Perú tuvo como articulador al expresidente Alberto Fujimori, quien se mostró como un “salvador” ante cierto sector necesitado del Perú, pero, en lo clandestino, ejecutaba acciones repudiables dignas de un tirano.

En julio de 1992 se dio a conocer una desaparición masiva que paralizó al territorio nacional, que en aquel entonces era controlado por el fujimorismo y las alianzas formadas con Vladimiro Montesinos y altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Fueron contados los medios de comunicación que se involucraron en la investigación, hecho que generó una ausencia de cobertura total de lo que ocurrió en uno de los lugares que garantizaba la seguridad a alumnos y docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, más conocida como La Cantuta.

La prensa local informó sobre la desaparición de un grupo de estudiantes y un maestro. El paradero de todos era desconocido y se vivía una incertidumbre mientras los militares resguardaban la ciudad universitaria, reconocida por sus carreras vinculadas a la educación.

La lista de ausentes se conformó por el educador Hugo Muñóz Sánchez (47), Heráclides Pablo Meza (28), Juan Mariños Figueroa (32), Armando Amaro Cóndor (25), Robert Teodoro Espinoza (24), Dora Oyague Fierro (21), Luis Enrique Ortiz Perea (21), Bertila Lozano Torres (21), Felipe Flores Chipana (25) y Marcelino Rosales Cárdenas.

Fueron detenidos durante la noche cuando se ejecutó una intervención militar en las viviendas estudiantiles.

Un punto clave fue el trabajo de los periodistas de la revista “Sí” en 1993, quienes dirigidos por Ricardo Uceda, anunciaron que llegó a sus manos un mapa que describía unas fosas ubicadas en Cieneguilla. Este fue el primer indicio para destapar la cadena de eventos desafortunados que se intentó ocultar. Se tuvieron que realizar excavaciones de un metro y medio de profundidad para hallar huesos humanos.

Sumado a esto, se enterraron casquillos de calibre 9 milímetros, cabellos y elementos que ayudarían a la identificación, como llaves, una cadena, prendas de vestir, entre otros.

El crimen, que hasta ese momento no tenía un autor identificado, reveló que los cuerpos fueron enterrados para luego retirarlos e incinerarlos, con el único propósito de que nadie los pueda reconocer. Un primer alcance oficial de los peritos indicaron que a esas personas se les arrebató la vida con balazos.

El campo de muerte se identificó en la autopista Ramiro Prialé. Para noviembre de 1993, en ese mismo escenario encontraron más prendas de vestir y unos papeles con el logo de la Universidad La Cantuta que llevaban el nombre de Bertilina Lozano. Tras llevar a cabo nuevas exhumaciones, descubrieron que, bajo tierra, habían restos humanos de cuatro personas.

El reciclador de basura, Justo Arizapana, se convirtió en uno de los testigos de la matanza. Contó que solía pernoctar en la quebrada de Chavilca, el escenario de los crímenes. El sábado 25 de abril de 1993 realizó sus actividades de manera ordinaria, sin imaginar que vería algo que lo dejó perplejo. A la medianoche de la fecha indicada, visualizó el ingreso de unas camionetas con lunas polarizadas.

La curiosidad lo llevó a que arrojara piedras donde horas antes aparecieron unos individuos que no reconoció. Con ayuda de sus manos escavó y tocó una especie de cartón. Continuó con la acción y cuando logró retirarla, se escondía una acumulación de cenizas. Cuando miró alrededor, vio botas y zapatillas, siendo los únicos elementos que reconoció.

Arizapana fue el hombre que pudo dibujar un mapa que señalaba el lugar del hallazgo que fue compartido rápidamente, por lo que fue cuestión de horas para que periodistas, autoridades encargadas y familiares de los desaparecidos llegaran a la zona.

El grupo Colina, más conocida como el escuadrón de la muerte, fue integrado por miembros del Ejército Peruano, entre hombres y mujeres. Tiempo más tarde se acreditó que Alberto Fujimori conocía de sus acciones inhumanas que vulneraban todos los derechos humanos que, bajo su cargo, debió defender.

José Arrieta, reportero de “Sí”, detalló en el documental “La boca del diablo”, que el actual edificio de la Dirincri funcionó como sala de reuniones de los equipos de inteligencia: “En aquella época, en el mezzanine, estaba el GEIN. De alguna manera, aquí empezó Colina”.

El hombre de prensa explicó que sus funciones se disfrazaron, agregando que cumplirían con realizar un análisis o documento que “sirva a las FF.AA. para conocer a Sendero”. Los miembros de esta organización tenían entre sus labores los ataques violentos hacia sindicados como civiles peligrosos para el orden público.

Después de varias investigaciones y pruebas, se reconoció a algunos nombres participantes, como Juan Epifanio Vargas Chochoque, César Hector Alvarado Salinas y Ángel Arturo Pino Díaz. Fueron expuestos, aunque aún se mantiene la sospecha de que fue una comunidad con más integrantes que dirigían y ejecutaban las operaciones.

Para 2013 fueron sentenciados a 22 años de prisión por los delitos de homicidio y desaparición forzada, estas acusaciones, vinculadas al caso La Cantuta. Los señalados deben pagar una reparación civil de 41 mil nuevos soles a los deudos.

En 1995, durante la dictadura plena de Fujimori, se promulgaron dos leyes para que se concediera la libertad a los responsables. Además, para frenar cualquier intento por conocer más detalles del caso, se prohibió la realización de investigaciones futuras.

En estos treinta años, algunos familiares de los desaparecidos han dejado este plano terrenal sin saber qué pasó con sus seres queridos. La lucha ha sido heredada, a los hijos, primos, tíos, y todos aquellos que se han involucrado para que lo investigado no se quede en el olvido, siendo de gran valor la participación de activistas, artistas y autoridades.

Sobre el desconocimiento de lo ocurrido por las nuevas generaciones, Carolina Oyague -hermana de la desaparecida Dora Oyague- indica que se sigue estigmatizando las razones con las que se efectuaron estos crímenes.

Durante la visita testimonial que dirigió en el Lugar de la Memoria por los 30 años del caso La Cantuta, la activista precisó que los estudiantes “no solo fueron secuestrados, torturados, calcinados y enterrados. Meses después desaparecidos. Nos faltan cinco, que aún no han regresado a casa. Nos arrebataron el principal derecho, la principal marca evolutiva de todo ser humano. Nosotros nos diferenciamos de los animales por la capacidad de enterrar a nuestros muertos. Cuando realizaron estos crímenes, nos arrebataron esto, el derecho de vestirlos y despedirlos con dignidad. Ningún ser humano debe ser desaparecido extrajudicialmente”.

Recuerda que, en diciembre de 1992, dejó de ser niña para convertirse en mujer: “Recibí la respuesta del poder judicial, la cual decía que mi hermana no existía. Ante los hábeas corpus que presentamos, ella no existía. Fue un argumento que tristemente se usó en muchas de las regiones más afectadas”.

Cuando los órganos de justicia fueron indiferentes al dolor de los deudos, estos recurrieron al apoyo internacional, llevando el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una sentencia contra el Estado Peruano en 2006. Tres años más tarde, Alberto Fujimori recibió una sentencia de 25 años de cárcel por ser el principal responsable de los asesinatos y torturas. Aunque se castigó a las figuras de este crimen, las familias aún no pueden cerrar este capítulo porque no hay rastro de cinco de las víctimas reconocidas.

En julio de 2022 se informó la ubicación de una caja con restos de los asesinados en La Cantuta, los cuales fueron recogidos en Cieneguilla. Se trata de una urna sellada en Londres, que solo puede ser entregada a la Fiscalía de Perú.

En 1993, el médico Aníbal Escalante viajó a la capital de Inglaterra con los restos, pero no se dio más datos sobre las acciones a ejecutar. Y si se emitían, los primeros en saber sería el fuero militar, aunque declararon que no sabían nada.

Ahora los familiares buscan recuperar esa urna que ya fue hallada, pero todo se encuentra en manos del Gobierno para que repatrie la caja.

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