La defensa legal de la exalcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, ha pedido al Poder Judicial que se eliminen las limitaciones que pesan en su contra desde mayo del año 2021, aproximadamente, debido a la investigación que se le sigue por los casos Odebrecht y OAS.
En este caso se le imputa a Villarán haber estado a cargo de una supuesta organización criminal para blanquear alrededor de US$10 millones que aportaron las constructoras brasileñas con el objetivo de financiar sus campañas del No a la Revocatoria (2013) y de la reelección municipal (2014), a cambio de obras en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Según el abogado de la exfuncionaria, Raúl Pariona Arana, su defendida “viene siendo investigada por más de 4 años y 8 meses, y han transcurrido 47 meses desde que tiene restricciones a su libertad”. Primero con limitaciones, luego con prisión preventiva y arresto domiciliario hasta que se le impusieron restricciones nuevamente.
Así, en mayo del año pasado se cambió dicho arresto por restricciones debido al contexto del COVID-19 y peligro de contagio en la investigada. Desde ese momento, se le impusieron reglas de conducta como no salir del país o tener comunicación con testigos o coimputados hasta que termine la investigación.
“Nosotros estimamos que ha transcurrido un tiempo razonable de restricción de la libertad de mi patrocinada. Hay un gran vacío, debe ponerse límites al plazo de estas restricciones. Resulta indispensable hacerlo”, precisó Pariona ante el juez Jorge Chávez Tamariz.
Por su lado, la representante de la Fiscalía, Luz Flores Tarapa, solicitó que se mantengan las limitaciones, pues recordó que se impuso la medida en el año 2021 “por peligro de la comisión de nuevos delitos y peligro procesal (fuga u obstaculización)”. Al final de la sesión, el juez Chávez reveló que decidirá próximamente si mantiene o elimina las limitaciones a Villarán.
REPARACIÓN CIVIL
El último martes, el juez Chávez Tamariz autorizó que se incorporen a diez empresas al caso en calidad de terceros civiles responsables. Es decir, que se les permitirá formar parte del proceso y pagar, eventualmente, una reparación civil a favor del Estado luego de un juicio y una sentencia.
La solicitud la hizo meses atrás la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato contra: Momentum Ogilvy & Mather S.A., Chirinos y Salinas Asociados S.A.C. (CHISAC), Asociación de Amigos de Lima Metropolitana, Constructora, Consultora y Servicios Generales Generación S.A., CMR Construcciones S.A.C., Rentable PE S.A.C., Mindshare Perú S.A.C., J. Walter Thompson Company Sucursal del Perú, Asociación Ciudadanos por Lima, y Diálogo Vecinal.
Una vez aprobada la medida, dichas empresas podrán ejercer su defensa en el proceso y también debatir el monto de indemnización que pida la Procuraduría ad hoc por los daños causados al Estado.
Cabe resaltar que todas las empresas mencionadas también cuentan con la calidad de investigadas por haber formado parte, de acuerdo con el fiscal José Domingo Pérez, de un esquema de lavado de dinero a favor de Susana Villarán de más de US$10 millones.
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