Pedro Castillo: Las seis investigaciones y acusaciones que la Fiscalía de la Nación ha iniciado en contra del presidente

Pedro Castillo cumplió un año como presidente de la República en medio de una crisis política y abrumado por seis investigaciones preliminares que mantiene la Fiscalía de la Nación que lo acusa de ser cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF.AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno, la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú y obras adjudicadas, al parecer de manera ilícita, en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.

En la sexta investigación preliminar iniciada hoy por el Ministerio Público, se sindica al jefe de Estado, Pedro Castillo, y a Geiner Alvarado, en su condición de ministro de Vivienda, “por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal. El objeto de la investigación está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima”.

Frente a todas estas investigaciones, el presidente de la República ha optado por acusar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de estar coludida junto a una parte del poder y medios de comunicación de querer apoderarse del poder de manera ilegítima.

Los ataques contra los fiscales que también investigan a su familia y que conllevó a la detención preliminar de 10 días contra su cuñada, Yenifer Paredes, los empresarios Hugo y Anggi Espino, además del alcalde de Anguía, llevó a Pedro Castillo a enviar un mensaje que fue interpretado como una amenaza.

“Han golpeado a mi familia seriamente, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Sé que el día de hoy, Yenifer está pernoctando en el piso. Es parte de la lucha, es parte de la vida política en el Perú, pero eso me fortalece porque sé que mi hija y el resto de mi familia, conjuntamente con nosotros y con ustedes, vamos a salir adelante”, sostuvo Castillo Terrones.

Hace una semana, Pedro Castillo acudió a la Fiscalía de la Nación para responder sobre su presunta participación en los polémicos ascensos en las FF.AA. Aunque el abogado del mandatario manifestó que no iba a acudir a la cita, la autoridad peruana caminó hasta la sede del Ministerio Público y cumplió con la diligencia de la fiscal Patricia Benavides. Sin embargo, tras una hora de haber permanecido en su despacho, se retiró y habló con la prensa.

“Yo no cometí ningún delito, a nadie he robado y a nadie he matado y tampoco lo voy a hacer. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo. No me voy a someter a casos mediáticos, lo mediático no me ha elegido, a mí me ha elegido el pueblo peruano y cuántas veces me convoquen tengo que ir... Se crea una torre, una pirámide para hacer creer al pueblo de que con un testigo o un seudo colaborador para meter en la cabeza del pueblo peruano de que sí es cierto que Pedro Castillo ha robado y forma parte de una red criminal”, indicó el Jefe de Estado.

“Yo no me voy a prestar para esos casos, porque yo estoy acá elegido por el pueblo y tengo una agenda como presidente de la República y estoy bastante preocupado por lo que está pasando en el país”, resaltó ante la prensa.

La salida de Mariano González de la cartera del Interior y sus posteriores declaraciones en el que acusa a Castillo Terrones de estar involucrado en actos de corrupción, culpándolo además de no querer cambios dentro de la Policía Nacional y de cuestionar la formación del equipo especial que apoyará a la Fiscalía para la búsqueda de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez, ocasionaron que la Fiscal Patricia Benavides sume una nueva acusación en contra del Jefe de Estado.

“La Fiscal de la Nación, dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento Personal. Objeto de la misma son los recientes hechos referidos a los cambios en el sector interior”, se anunció hoy en la cuenta de Twitter del Ministerio Público.

La Fiscalía de la Nación abrió investigación el 11 de noviembre de 2021 contra los entonces ministros de Defensa, Walter Ayala, y secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, alegando supuestas presiones a los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea para favorecer a algunos oficiales en el proceso anual de ascensos.

Ambos funcionarios renunciaron y ahora son investigados para determinar si incurrieron en “la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, previstos y sancionados en el Código Penal”, según un documento de la Fiscalía.

El caso se dio a conocer cuando Castillo removió sorpresivamente al jefe del Ejército, general José Vizcarra, y al jefe de la Fuerza Aérea, general Jorge Chaparro, a inicios de noviembre. Los dos generales afirmaron que sus salidas se debieron a roces con Ayala y Pacheco, quienes les pidieron ascender irregularmente a oficiales afines al gobierno.

Luego que Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación suspendiera las investigaciones contra Pedro Castillo por su investidura presidencial, la nueva máxima autoridad del Ministerio Público, Patricia Benavides, ratificó que seguirá con la investigación contra el presidente de la República por el caso Puente Tarata III, por el presunto delito de ser cabecilla de una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones junto al exministro Juan Silva, Bruno Pacheco y su sobrino Fray Vásquez.

Según la tesis fiscal, Castillo encabezaría una organización criminal en complicidad con el exministro Juan Silva, quien es señalado por Zamir Villaverde de recibir “cien grandes” como parte del pago ilegal por la adjudicación de contratos en el MTC. Cabe señalar que Juan Silva en la actualidad es prófugo de la justicia.

Para la Fiscalía, el mandatario estaría envuelto en estos presuntos actos de corrupción en el MTC al ser mencionado en los audios de Zamir Villaverde como la persona que intercede en dichas adjudicaciones por medio de su sobrino, por ello pasó de calidad de testigo a investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

La nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su equipo especial contra “la corrupción del poder” inició una investigación contra Pedro Castillo por el tráfico de influencias en el caso Petroperú. Aunque el expediente había sido cerrado por la entonces representante del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, este, finalmente, seguirá su curso.

En este caso se conoció que presuntamente se habían reunido el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez; la empresaria y actual colaboradora eficaz, Karelim López; el miembro de la Junta Nacional de Palmicutores, Gregorio Sáenz Moya; y el mandatario peruano con Samir Abudayeh, dueño de Heaven Petroleum Operators (HPO), proveedora de la empresa estatal peruana, para ganar una licitación de más de 70 millones de dólares por la compra de Biodiesel en enero pasado.

Conocida la noticia, la licitación se anuló y Ávalos abrió una investigación preliminar al jefe de Estado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, por los contratos de Petroperú en las compañías vinculadas a Karelim López y Samir Abudayeh. Sin embargo, luego ordenó que las investigaciones queden anuladas hasta el final del mandato de la primera autoridad del Perú en 2026.

La nueva fiscal, Patricia Benavides, revirtió esta suspensión y todo seguirá su curso.

La fiscalía también se encuentra investigando a Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes por haber incurrido en el presunto plagio de su tesis para obtener el grado académico de magísteres por la Universidad César Vallejo (UCV).

Este caso fue derivado a la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, donde se continuará con las indagaciones de los presuntos delitos de plagio agravado y falsedad genérica en los que habrían incurrido Castillo Terrones y su esposa.

“Se dispone derivar la investigación a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo - Distrito Fiscal de La Libertad a efectos de que se designe a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa correspondiente y proceda conforme a sus atribuciones por el presunto delito contra los derechos intelectuales, en su figura de delitos contra los derechos de autor y conexos, en modalidad de plagio agravado”, se lee en el documento fiscal.

Aunque la investidura de Pedro Castillo lo protege de cualquier condena en su contra, tras el término de su gestión, el mandatario, de ser hallado culpable, podría ser condenado a 8 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias.

Por ser cabecilla de organización criminal, podría pasar en prisión entre 15 hasta 20 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Respecto al delito de colusión, la condena sería de 6 a 15 años, inhabilitación de 5 a 20 años, pero si forma parte de una organización criminal, la pena se eleva a 15 a 20 años.

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