Tras la decisión del Congreso de la república de aprobar por insistencia la ley que afectaba la reforma universitaria, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó una acción de amparo en el Poder Judicial. Este poder del Estado ha emitido una sentencia que declara nula el proceso que se siguió desde el Parlamento.
El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima presentó el documento donde se señala como “Nulo el procedimiento legislativo orientado a la modificación de los artículos 1, 12, 15, 17, 20, primera disposición complementaria final de la Ley N 30220″. Así lo señala la sentencia elaborada por la juez Milagros Marilyn Grajeda.
La Corte solicita al Congreso “observar el contenido de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional”. La sentencia anula la decisión del Congreso tomada el miércoles 13 de julio, fecha donde se modificó el consejo directivo del Sunedu.
Así, con 72 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones, el Congreso logró aprobar la autógrafa de ley que fue observada por el presidente Pedro Castillo Terrones, al tener en cuenta que es inconstitucional y atenta contra la imparcialidad, la autonomía e independencia funcional de este organismo.
Cabe recordar que durante ocho años se puso en marcha la reforma universitaria que supuso la creación de la Sunedu, institución que buscó que las instituciones educativas superiores cumplieran con requisitos mínimos de calidad. Es así que se dejó sin efecto la existencia de la Asamblea Nacional de Rectores.
Con la excusa de “devolver la autonomía universitaria”, la ley aprobada por el Congreso permite a los representantes de las universidades peruanas formar parte del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu). Es decir, participarán activamente de las decisiones que tome esta entidad, lo cual puede perjudicar el rol fiscalizador de Sunedu.
DEFENSA DE LA CONTRARREFORMA
De los 19 miembros titulares de la Comisión de Educación, ocho estudiaron en universidades que no lograron obtener la licencia institucional de la Sunedu para seguir operando. El propio presidente de la Comisión, Esdras Medina, estudió una maestría en la Universidad Néstor Cáceres Velásquez de Puno. Según la Sunedu, esta institución no logró el licenciamiento el 6 de marzo de 2020. A lo largo de estos meses, el representante de la bancada de Renovación Popular ha recibido las visitas de representantes de de la Asociación de Universidades Asociativas sin Fines de Lucro (AUF Perú), un colectivo integrado por siete universidades que no tiene autorización para operar.
Otro importante promotor es Alex Paredes. El congresista del Bloque Magisterial es abogado por la denegada Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua. En reiteradas oportunidades, señaló que la Sunedu debería pasar por una restructuración. Esto ha sido compartido por su colega de bancada Edgar Tello, quien viene de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV).
Por otro lado, Waldemar Cerrón (Perú Libre) también es uno de los entusiastas promotores de la contrarreforma universitaria. El hermano del sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón, ha tenido reuniones en varias oportunidades con Paul Albert León Untiveros, quien es uno de los propietarios de la Universidad Peruana del Centro, también en Junín, a la que la Sunedu le denegó su licencia institucional en 2020.
Edwin Martínez (Acción Popular) es otro de los que han cuestionado a la Sunedu. Pese a que no logró a acabar su carrera de Derecho en la denegada Universidad Alas Peruanas, le pidió al exministro de Educación, Juan Cadillo, que defienda la autonomía de las universidades frente a las acciones de la entidad.
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