A raíz de la propuesta del Poder Ejecutivo de modificar la responsabilidad penal de los adolescentes en el país, la Defensoría del Pueblo se mostró en contra de la aprobación de esta propuesta, pues señaló que atenta en contra de los tratados internacionales firmados por el Perú. Además, precisó que esta medida genera que el Estado deje de lado su obligación de promover políticas para la resocialización de adolescentes que hayan cometido infracciones.
“Frente al anuncio del Ejecutivo sobre la presentación de una propuesta legislativa que modificaría la responsabilidad penal de adolescentes para tratarlas/os como personas adultas, hemos expresado formalmente nuestro rechazo y solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros que sea descartada”, mencionó en Twitter.
La entidad publicó el documento enviado al primer ministro, Aníbal Torres, donde señaló que el artículo 1 del Título Preliminar del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes determina que los adolescentes de entre 14 y 18 años deben ser “sujetos de derechos y obligaciones, y responde por la comisión de una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial”. En otras palabras, precisó que los adolescentes se encuentran en una “situación de vulnerabilidad”, por lo cual deben ser tratados con políticas diferentes.
La Defensoría indicó que no es primera vez que se han presentado proyectos de ley que pretendan otorgar responsabilidad penal a los adolescentes durante los últimos años como consecuencia del incremento de la delincuencia a lo largo del país. No obstante, esta se ha mostrado en contra de ellas “porque se estaría desconociendo el ordenamiento jurídico nacional e internacional y, sobre todo, las obligaciones que el Estado peruano ha asumido al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño”.
“Dicho sistema [Convención sobre los Derechos del Niño] responde a que la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes no se justifica en una presunta incapacidad de estos, sino en el proceso de desarrollo biológico y social inherente a todo ser humano. En ese sentido, el sistema de responsabilidad penal juvenil se configura en este sistema especial de derechos, deberes y garantías a favor de la niñez y adolescencia”, mencionó.
El órgano también recalcó que otros países han intentado modificar sus normas legales para reconocer la responsabilidad penal de los menores de edad. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas” expresó su preocupación ante la presentación de este tipo de propuestas. En el documento, la organización internacional acotó que esta medida representa una negación a la condición de los menores de edad.
“En esa línea, cualquier propuesta legislativa que busque modificar la responsabilidad penal especial que tienen las/os personas adolescentes, estaría vulnerando los derechos de personas menores de edad que incurren en hechos con relevancia penal e impidiendo que reciban un trato conforme a su grado de desarrollo. Respecto a este punto, es necesario y obligatorio tener en cuenta las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo puntualmente al Perú, a fin de que adopte totalmente su sistema de justicia juvenil a la Convención y a otras normas pertinentes”, informó la Defensoría.
La Defensoría detalló que es necesario que desde el Estado se adopten acciones a favor de los menores de edad, de manera que puedan reintegrarse a la sociedad. Asimismo, se debe brindar a este grupo cuidado y atención especial cuando se encuentren en una situación de riesgo, abandono de estudios o estado de vulnerabilidad por orfandad.
En el documento también aseguró que le compete al Ministerio de Justicia “brindar un mayor nivel de atención y recursos al Programa Nacional de de Centros Juveniles a fin pueda brindar a los adolescentes privados de libertad entornos seguros y dignos donde sea posible reinsertarlos plenamente a la sociedad”.
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