Organización Católicas por el Derecho a Decidir en contra de postura conservadora del Congreso

La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) en Perú están en contra de la postura conservadora que han tomado varias bancadas en el Congreso de la República. A su parecer, su ideología pone en peligro la continuidad de políticas públicas que garantizan el derecho a la salud y a la vida de las mujeres.

Su vocera, Elena Sudario, hizo énfasis en el proyecto de ley 1520, promovida por la congresista Rosangella Barbarán, que pone en riesgo la continuidad de la implementación del aborto terapéutico.

Sudario manifestó a Infobae que los parlamentarios apoyaron esta iniciativa desconociendo los términos técnicos y médicos, y solo se basaron en creencias personales o religiosas. “Este proyecto de ley es sumamente peligroso en el sentido de que podría generar algunas barreras o complicaciones que ya existen para que una mujer, con su vida en peligro a raíz de la gestación, tenga la posibilidad de acceder al procedimiento técnico de aborto terapéutico en busca de prevenir una posible muerte”, explicó.

Si bien el PL 1520 no coloca como uno de sus objetivos la derogación o penalización del aborto terapéutico como un procedimiento médico para la atención gineco obstétrica, en la práctica, al ubicar al “niño por nacer” como sujeto de derecho en grado equiparable con la persona gestante, la Ley entraría en conflicto y los profesionales de la salud y los hospitales podrían ser denunciados.

“Ya en la actualidad, el personal de salud tiene ciertos temores para poder dar la información y también solicitar este procedimiento médico. La idea de poder tener algún tipo de castigo o pena administrativa, o penal, definitivamente dejaría a la merced a las mujeres que necesitan acceder al aborto terapéutico”, acotó.

En cuanto a la intención de una parte del Parlamento de cambiar la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el del Ministerio de la Familia, la vocera del CDD-Perú expresó que esto tendría un impacto en la mujer y su derecho de vivir libre de violencia.

“El solo hecho que quieran cambiar la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, habla de la calidad o prioridades de los congresistas. Estamos en realidad en un momento muy fuerte de avance de sectores anti derechos que han logrado tener representación en el Congreso. Se han aliado por desconocimiento, en busca de apoyar iniciativas que tienen en el fondo una mirada de retroceso de derechos”, precisó.

Por último, exhortó a las autoridades, tanto del Legislativo como del Ejecutivo, a no ignorar los casos de violencia a los que están expuestos las mujeres del Perú. Como ejemplo, puso el abandono en que se encuentra Ucayali, la región del país con más casos de niñas madres menores de 12 años.

“El mismo representante del Ministerio Público nos notificó que solo existe una cámara gesell para la atención de niñas y menores de edad que han sido víctimas de violencia sexual. Además, solo existen cuatro médicos legistas para la atención a los sobrevivientes de violencia, pese a que Ucayali es la primera región con más caso de niñas madres menores de 12 años en el Perú”, aseveró´.

“Además, es la segunda región con mayor tasa de embarazo infantil y embarazo adolescente. Por eso pedimos que todas las autoridades deben apuntar a que se garanticen los derechos de las mujeres. Más allá del clima de disputa política o los intereses partidarios”, finalizó.

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