El pleno del Congreso de la República aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría sobre el caso Sarratea que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por ser el presunto cabecilla de una organización criminal en Palacio de Gobierno.
El documento final fue respaldado por 72 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones. Las bancadas de derecha y centro derecha, como Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú, votaron a favor. Los legisladores no agrupados Carlos Anderson, Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga también apoyaron la moción.
El fujimorista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que presentó las conclusiones en el documento, mencionó durante el debate que el sobrino del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo, había actuado por órdenes del mandatario. El parlamentario también argumentó que su colega oficialista Pasión Dávila había plagiado parte del documento para cambiar las conclusiones y asumir que no hay pruebas suficientes.
“Los dos informes tienen la misma introducción, usan la misma base legal. Es decir, todos coinciden en las faltas y delitos que se habrían cometido. La pregunta es: ¿qué pasó con las conclusiones del informe en minoría? Todas son idénticas, hasta la estructura de la organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo”, mencionó el parlamentario y pidió que Dávila sea investigado en la Comisión de Ética por su supuesta falta.
En el documento final se incluye el hallazgo de los 20 mil dólares en el Palacio de Gobierno, las reuniones en la casa del pasaje Sarratea en Breña, Puente Tarata III, los ascensos en las Fuerzas Armadas y las injerencias ante el superintendente de la Sunat.
ABOGADO DE CASTILLO: “NO TIENE MAYOR TRASCENDENCIA”
Tras conocerse que el Congreso aprobó el informe final para que recomienda acusar constitucionalmente a Pedro Castillo, el abogado del presidente peruano, Benji Espinoza, argumentó que este resultado “no tiene mayor trascendencia”.
“Desde el punto de vista jurídico esta es una invitación a violar la Constitución. No se puede acusar constitucionalmente al presidente de la República durante su mandato por ninguna otra causal que la que está establecida en el artículo 117. No se puede acusar por presunta organización criminal, tráfico de influencias o negociación incompatible. No se puede. Es un imposible jurídico”, mencionó.
El letrado dijo que si el informe se deriva al Ministerio Público, este se rige bajo autonomía y “esas consideraciones que hace la Comisión de Fiscalización son consideraciones que no van a vincular para nada al Ministerio Público que tiene el señorío de la calificación jurídica y que va adelantar las diligencias”.
“Si va al Poder Judicial se va a chocar con el muro de la independencia. Lo único que está haciendo es ruido y bulla, pero no más. Jurídicamente no cambia nada”. concluyó Espinoza.
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