La Contraloría General de la República (CGR) logró identificar en su último informe de control que la Municipalidad Provincial del Callao brindó la conformidad de contrato y dispuso el pago por el alquiler de vehículos para control, fiscalización y ordenamiento del comercio ambulatorio durante su jurisdicción.
Cabe resaltar que no hay evidencias que prueben que la empresa contratada llegó a cumplir con el servicio, lo cual ocasionó perjuicios por S/ 222′768,00 a dicha municipalidad.
El Órgano de Control Institucional (OCI) respectivo determinó que no hay evidencia de que se prestó el servicio vehicular contratado, pues no existen informes o documentos que acrediten el cumplimiento.
Esto debido a que la empresa contratista “no proporcionó, entre otros documentos, las tarjetas de propiedad, ni el número de placas ni certificados de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tráfico (SOAT) de los siete vehículos supuestamente alquilados”.
De acuerdo con el documento, tampoco hay un “cronograma de actividades, número de personas trasladadas, rutas de transporte, horarios, información de los conductores, ni licencias de conducir, entre otros”, que puedan certificar que se hizo el cumplimiento del contrato.
Asimismo, tampoco hay evidencia “que acredite y certifique” que se llevó a cabo la supervisión del contrato por parte de la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización del citado municipio.
INVESTIGACIÓN DE LA CONTRALORÍA
Los hechos que han sido investigados por la Contraloría ocurrieron durante el mes de octubre del 2020 y febrero del 2021, cuando dicha dependencia municipal solicitó el alquiler de dos camiones, cuatro camionetas 4x4 y un bus para trasladar a las personas que tengan responsabilidad del control del comercio ambulatorio en distritos de la provincia del Callao.
“Los fondos para este fin provinieron de los recursos transferidos durante la emergencia sanitaria, a través del Decreto de Urgencia N° 115-2020, por el monto de S/ 2 868 435,00″, indicó la CGR.
Sin embargo, a pesar de que nunca se sustentó la necesidad de contratar el servicio requerido, el 29 de octubre de 2020, la Municipalidad aprobó la “contratación directa por causal de emergencia” del servicio de alquiler de los vehículos, incluido el conductor y abastecimiento de combustible por un total de 68 días.
OMISIÓN DE DETALLES
Según la Contraloría, la municipalidad no consignó en los términos de referencia la justificación para contratar dichos vehículos.
“No se incluye el detalle del número de personal que será trasladado, la cantidad viajes diarios, las rutas de transporte, horarios, ni frecuencias, que se requerían para cumplir con la finalidad pública, lo cual contraviene la Ley de Contrataciones”, detalla el informe.
Pese a las omisiones, el municipio otorgó la conformidad y autorizó el pago de S/ 222′768,00, sin haber logrado acreditar la supervisión y el cumplimiento del servicio contratado.
Tras este hecho, según la CGR, la gerente general de Desarrollo Económico Local y Comercialización del municipio entregó las fotografías de los presuntos vehículos utilizados. No obstante, los conductores, fechas, placas, ubicación y la relación del personal que fue trasladado, no se pudieron identificar.
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