La contrarreforma universitaria fue aprobada: ¿Cómo impactará en la educación superior?

El miércoles 13 de julio, el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que atenta en contra de la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) y perjudica el avance de la reforma universitaria en el país. El principal efecto de esta norma es que modifica el consejo directivo de esta institución e incluye a representantes de las universidades peruanas, lo cual elimina el carácter autónomo de la institución e impide una adecuada fiscalización. No obstante, esta no la única consecuencia a corto plazo. La falta de financiamiento a universidades públicas y fiscalización a programas y universidades también forman parte de esta problemática, según especialistas.

La reforma universitaria se encuentra en curso aproximadamente hace ocho años atrás. El objetivo principal de esta medida es garantizar una educación de calidad a nivel de material educativo, plana docente, infraestructura y otros recursos complementarios mediante la creación de un ente autónomo: Sunedu. Sin embargo, esto ha significado el cierre de instituciones educativas que no cumplían con los estándares de calidad mínimos para operar.

Hoy, todos estos avances han sido perjudicados, pues la aprobación de la contrarreforma sitúa a los universitarios en el mismo escenario de años atrás: las universidades pueden autorregularse. Este ha sido el argumento de los personajes políticos que han defendido la “autonomía” de las universidades. Pero no se tomó en cuenta que brindarles esta autonomía perjudicaría la fiscalización y control de los estándares de calidad que, durante muchos años, no se han cumplido. A continuación explicamos cuáles son las consecuencias a corto plazo que dejará la aprobación de esta medida legislativa, según explicó el ex director general de educación superior universitaria del Minedu, Jorge Mori.

1. Representantes de universidades formarán parte del directorio de Sunedu

Con la excusa de “devolver la autonomía universitaria”, la ley aprobada por el Congreso permite a los representantes de las universidades peruanas formar parte del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu). Es decir, participarán activamente de las decisiones que tome esta entidad, lo cual puede perjudicar el rol fiscalizador de Sunedu.

Si anteriormente esta entidad podía decidir clausurar una universidad porque no contaba con los estándares de calidad mínimos para recibir al alumnado, ahora esta decisión no depende de la superintendencia, sino de los mismos representantes de las universidades. Esta disposición le quita la autonomía a Sunedu e impide que desarrolle correctamente su rol fiscalizador.

2. Sunedu deja de estar adscrito al Ministerio de Educación

De acuerdo a Jorge Mori, esta consecuencia perjudica en gran medida a la educación superior, pues se pierde el apoyo directo que ofrecía Minedu para fortalecer el sector educativo. Según informó el especialista en políticas públicas, esta decisión llegó en medio de una situación de crisis donde se requiere su presencia como un ente rector.

“Esto llega en el peor contexto posible porque en realidad estás en un proceso no solo de mejora de la calidad a través de todo todo el aseguramiento y la reforma, sino también de atención al retorno a la presencialidad en el sistema, cuando tú lo que necesitas es un regulador fuerte independiente que defiende el intereses de los jóvenes, lo que han hecho ayer los congresistas es un atropello más bien porque pretenden es que las universidades ahora se autorregulen a través de este Consejo Directivo”, alertó.

Asimismo, al dejar Minedu, es necesario conocer a qué ente será adscrito Sunedu, pero esto no ha sido especificado por los congresistas. Jorge Mori señaló que ello revela un bajo conocimiento técnico del funcionamiento de las entidades.

“Al quitarle el sistema y al pretender quitarle la rectoría este no hay claridad con respecto hacia dónde apuntan. Hay desconocimiento técnico. Acá lo que han primado más son intereses ideológicos y cuestiones más digamos de índole político que que realmente razones técnicas”, declaró.

3. Retiro de financiamiento a las universidades públicas

Las universidades estatales en el país reciben dos tipos de financiamiento, de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del financiamiento estratégico que les ofrecía el Ministerio de Educación. Según Mori, desde el año 2016 hasta el 2021 Minedu otorgó más de 1,000 millones de soles para que las casas de estudio públicas puedan fortalecer su infraestructura y acceder al licenciamiento de Sunedu.

Mori indicó que este financiamiento adicional sirve “para la mejora de la calidad, para el pago del bono en docente investigador, para el financiamiento de laboratorios, para la contratación de más personal de más docente”.

4. Licenciamiento de programas

Dentro de las funciones que desarrollaba Sunedu se encontraba la evaluación y licenciamiento de programas. Las próximas acciones de la superintendencia estaban enfocadas en el licenciamiento del programa de Medicina. “La evaluación para el licenciamiento de este programa contribuirá a mejorar la adecuada provisión de los servicios médicos y favorecerá la calidad de vida de la ciudadanía”, describía la entidad a través de redes sociales. Pero con la aprobación de la contrarreforma universitaria, esta es una de las funciones que se ven limitadas.

La afectación de la aparición de la contrarreforma fue un tema que preocupó a todos, sobre todo, a los colectivos que velan por la educación superior. En el caso de Foro Educativo, sus miembros organizaron una recolección de firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y evitar la promulgación de esta ley.

Uno de los requisitos era recoger 5,000 firmas a nivel nacional. Hasta la fecha, la cantidad de voluntarios que se animaron a participar ascienden a 10,000, según Severo Cuba, presidente de Foro Educativo.

El presidente de Foro Educativo, quien promovió la recolección de firmas, señaló a Infobae que actualmente cuentan con la cantidad de firmas suficientes para presentar la demanda ante el Tribunal Constitucional que podría dejar sin efecto la ley que perjudica la reforma universitaria.

“La acción de inconstitucionalidad cuando la presentan los ciudadanos requieren un requisito de 5.000 firmas. En este momento, nosotros tenemos 10,000 firmas. En realidad más, pero queremos poner como un número redondo. Entonces, sí. Tenemos el doble de lo requerido. Por lo tanto, estamos en condiciones de poder presentar la acción de inconstitucionalidad”, dijo.

Según informó Cuba, la presentación de esta disposición estará acompañado de una movilización que represente el rechazo hacia esta medida. “Nosotros vamos a presentar muy pronto la acción de inconstitucionalidad. Probablemente el día de mañana estemos yendo al Tribunal Constitucional, eso justamente lo estamos organizando también con los estudiantes porque queremos ir, digamos haciendo un acto de presencia, no solamente como un trámite administrativo y entonces vamos a confirmar eso en el transcurso de las horas”, explicó.

Ian Martínez, dirigente estudiantil de la Universidad Nacional del Callao, comentó a Infobae que todos los gremios de estudiantes a nivel nacional se juntarán próximamente para manifestarse en contra de la aprobación de esta ley. Anteriormente, esta organización ha presentado acciones legales en contra de esta disposición.

“Como estudiantes también hemos presentado una acción de amparo y estamos viendo la posibilidad de adherirnos a la acción de inconstitucionalidad, impulsado por Foro Educativo, pues tenemos una reunión con ellos por la tarde. El domingo también tenemos un encuentro de dirigentes estudiantiles donde vamos a platicar las acciones que vamos a hacer de cara a esta norma”, informó.

El líder contó que este rechazo proviene desde el momento en el que impidieron desde el Parlamento el acceso a las reuniones donde se discutía la contrarreforma. Ian resaltó que han visitado a diversos congresistas para que conozcan la postura de los estudiantes universitarios. Sin embargo, esto no tuvo respuesta. También recalcó que se ha dejado de lado el comunicado de 38 universidades públicas del Consejo Nacional de Educación que se pronunciaron en contra de esta medida.

“Por más de que nosotros hemos estado hablando y hemos estado proponiendo y sustentando el porqué no debería aprobarse, pues los congresistas han hecho caso omiso. Esta ley está yendo en contra de dos sentencias del Tribunal Constitucional donde establece que el ente rector tiene que ser una entidad técnica y autónomo para poder garantizar calidad de una fiscalización independiente”, acotó.

“Vamos a convocar una marcha nacional. Tenemos un encuentro el domingo de todos los dirigentes estudiantiles a nivel nacional y pues ahí vamos a a cuadrar, cuándo va a ser el día de las de la marcha nacional, también los posibles los posibles acciones que se van a dar”, finalizó.

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