La carpeta fiscal del caso de los ascensos irregulares de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional detalla que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está atribuyendo al presidente Pedro Castillo el liderazgo de la presunta organización criminal que intervino en este proceso.
La tesis fiscal sostiene que el mandatario, el exministro de Defensa, Walter Ayala, y el exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, habrían pedido de manera irregular el ascenso de los oficiales del Ejército: Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama; de la Fuerza Aérea: Edgar Briceño Carnero, Carlos Castillo Ruis y Helber Vilca Vargas; y de la Policía: Manuel Rivera López y Nicasio Zapata.
De acuerdo a información divulgada por El Comercio, la Fiscalía sostiene que Pacheco operaba el proceso desde Palacio de Gobierno, con el apoyo de Ayala. En ese lugar se habrían realizado reuniones con coroneles de la PNP con la finalidad de lograr los ascensos.
Se indica que Pacheo y Ayala “habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo” de ascensos a oficiales cercanos al jefe de Estado. Habrían buscado beneficiarse económicamente con estos favores, junto al mismo presidente Castillo.
CITADO A DECLARAR
La Fiscalía ha citado al mandatario a declarar el próximo 4 de agosto. Además, Bruno Pacheco, actualmente prófugo, también fue citado para el 3 de ese mismo mes.
El mandatario también está siendo investigado por presuntos actos de corrupción en las licitaciones de obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por el presunto plagio de su tesis de maestría, en la Universidad César Vallejo (UCV).
INVESTIGACIÓN POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS
La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió incluir a Pedro Castillo en las investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias, en el caso de los ascensos irregulares a militares de las Fuerzas Armadas.
“La Fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición que suspendía la investigación al presidente de la República, por el presunto delito contra la Administración Pública - Tráfico de Influencias, en calidad de autor”, informó la entidad a través de Twitter.
“Asimismo, se dispone iniciar investigación preliminar contra el mandatario y es citado a declarar el 04 de agosto”, agregó.
Se recuerda que la investigación había sido suspendida en enero por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, bajo el argumento de que el presidente de la República no podía ser investigado mientras ejercía su mandato.
Por otro lado, el Ministerio Público también solicitó las declaraciones de los empresarios y colaboradores eficaces, Karelim López, para el 18 de julio, y Zamir Villaverde, para 19 de julio. Ambos están siendo investigados por otro caso de presunta corrupción relacionado con una presunta organización criminal en el MTC.
El exsecretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, fue citado para el 3 de agosto y a seis oficiales del Ejército del Perú que no fueron identificados.
Estas investigaciones por tráfico de influencias se iniciaron a partir de la denuncia realizada en diciembre, por presuntas irregularidades desde el Gobierno en el proceso de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas. El caso se hizo conocido por el testimonio de comandantes generales en retiro del Ejército y de la Fuerza Aérea.
De momento, se sabe que el abogado de Castillo, Benji Espinoza, solicitó a la Fiscal de la Nación que anule su disposición de iniciar una investigación preliminar al mandatario.
El pasado 17 de junio, el jefe de Estado declaró ante un fiscal que lo investiga por presunto tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada, por una causa que involucra a dos sobrinos y a dos exfuncionarios de confianza.
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