Luego de que el congresista José Cueto, de la bancada de Renovación Popular, calificara como delincuentes a los ronderos campesinos que están involucrados en el secuestro de un grupo de mujeres, otros políticos se pronunciaron sobre el caso. Recordemos que estas personas fueron retenidas por más de diez días en el distrito de Chillia, en la provincia de Pataz, La Libertad.
La parlamentaria Susel Paredes del Partido Morado, cuestionó las agresiones a las que estuvieron expuestas las personas retenidas por parte de las rondas campesinas y comentó que lo sucedido en el distrito de Chillia merece una sanción penal.
“Colgar a una mujer del pie va contra todos los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física. Entonces, en mi opinión, eso merece una sanción penal”, precisó.
Desde el Poder Ejecutivo, la vicepresidenta Dina Boluarte se pronunció acerca del accionar de las rondas campesinas luego de la agresión a ocho personas en La Libertad. Al respecto, reconoció que recortar la libertad de tránsito de las personas va en contra de los derechos humanos y que se tendría que llevar a cabo una evaluación de las competencias de las rondas.
“El tema de los ronderos habría que revisar sus competencias, pero tenemos también a nuestros hermanos de las comunidades nativas. Cuando uno ingresa a la selva tiene que pedir autorización al apu de la comunidad para poder ingresar. Hay usos y costumbres y dentro del Derecho decimos que lo que son usos y costumbres se hace ley”, indicó.
Por su parte, el ministro del Interior, Mariano González, también dio su opinión acerca del accionar de los ronderos acusados de haber agredido y secuestrado a mujeres y adelantó que el caso ya es materia de investigación por parte de la Policía y el Ministerio Público.
“Si en el caso anterior, se trataron de periodistas y he manifestado mi posición en contra. Con mucha razón, digo que es imperdonable lo que ha pasado con estas mujeres, siento impotencia de no estar en el lugar para hacer algo por ellas”, señaló ante el Congreso.
POSIBLES AGRESIONES
Esta mañana, el presidente de la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Chillia, Manuel Quijano, negó que hayan secuestrado a un grupo de mujeres acusadas de asesinato y aclaró que se trató de una “intervención” debido al rechazo que provocó en la población el caso de supuesta hechicería.
“Aclarar que las señoras no han sido secuestradas, han sido intervenidas por un grupo de rondas que habían recibido una denuncia de los señores que eran víctimas con actos de hechicería (producto de ello ha muerto una señora). La población indignada por esa situación decidió tomarlas a las señoras y pasarlas a su cadena ronderil, previa aprobación”, precisó.
En entrevista con RPP Noticias, el dirigente ronderil negó que se haya agredido a las personas retenidas, pese al testimonio de la hija de una de las mujeres afectadas y al comunicado que emitió la Defensoría del Pueblo. Al ser consultado -nuevamente- por las agresiones reportadas, el dirigente reconoció que “posiblemente” esto pudo haber ocurrido.
“Cuando me he enterado de los hechos, he acudido con el subprefecto para que se esclarezca esta situación y, efectivamente, las señoras han manifestado ser culpables de la muerte de la señora Sonia Inga y de la enfermedad de la persona que ha perdido el habla. La población se ha indignado por esa situación y los ha sentenciado a cadena ronderil”, expresó.
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