Patricia Juárez plantea que la bicameralidad se apruebe en un referéndum

La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, apuntó que si no se logra los 87 votos necesarios para aprobar el retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República debido al ser una reforma constitucional, entonces la propuesta debería ser sometida a la consulta de la ciudadanía vía un referéndum. No descartó, además, que el tema puede verse en la legislatura que iniciará en agosto si no se logra los consensos necesarios en estos días.

“Depende de la decisión que se tome, desde la presidencia de la comisión uno puede decidir que vaya a cuarto intermedio, con lo cual queda pendiente para la siguiente legislatura (…) También ocurriría que si no llegamos a los 87 y llegamos a los 66 después se pueda tomar la decisión que se vaya a un referéndum”, declaró.

De otro lado, la legisladora fujimorista apuntó que se convocó a un referéndum en 2018, en donde el expresidente Martín Vizcarra presentó varias reformas constitucionales, entre ellas el retorno a la bicameralidad, el cual terminó siendo rechazado por la ciudadanía.

“Recordemos que el paquete de reformas constitucionales que presentó Vizcarra fue aprobado en el Congreso sin mayor debate en 15 días y bajo la amenaza de una cuestión de confianza. Luego esto fue manejado por el Gobierno en su momento, respecto a cómo debían votar los ciudadanos. Los ciudadanos no sabían lo que iban a votar en muchos de los casos”, sostuvo.

La titular de la comisión de Constitución enfatizó que esperan que se apruebe el dictamen, pues en caso se convoque a nuevas elecciones generales, tendrán “nuevas reglas de juego”. “Creo que dada la crisis política que estamos viviendo, para mí sería preferible que esto se apruebe en esta primera legislatura y luego se pueda aprobar en la siguiente legislatura durante los primeros meses. Si es que tenemos que irnos todos, al menos tengamos nuevas reglas de juego que permitan que podamos tener una institución más fuerte”, mencionó.

La propuesta del retorno a la bicameralidad comprende que el Parlamento esté conformado por 130 diputados y 60 senadores que trabajarían durante cinco años. Estos podrían alargar su mandato por solo un periodo más.

Sobre los votos de confianza al gabinete ministerial, el proyecto plantea que de ser negado hasta en tres oportunidades, el presidente de la república está facultado para disolver la cámara de diputados, mas no la de senadores. Además, aquellos que postulen a la presidencia de la república también estarán facultados para postular a cualquier de las dos cámaras, tal como lo estipulaba la Constitución de 1979.

Entre otros cambios, se modifica el artículo 82 de la Constitución, que actualmente plantea que el contralor general de la República es electo por el Congreso a propuesta del Ejecutivo. “El contralor general es elegido por el senado con el voto de dos tercios (2/3) del número legal de sus miembros. Puede ser removido por la misma cámara por falta grave, con igual número de votos”, indica, en cambio, el dictamen.

Sin embargo, lo que ha generado gran polémica en el dictamen del retorno a la bicameralidad es que se plantea que el Congreso puede acusar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Reniec. Además, de igual manera, están comprendidos el presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de Banca, Seguros y AFP.

En un comunicado, el Jurado Nacional de Elecciones pidió al mencionado grupo de trabajo que tenga una mayor reflexión sobre la propuesta que incluye modificar el artículo 99 de la Constitución para otorgar a los miembros del sistema electoral la prerrogativa de antejuicio político y permitir que sean sometidos a un juicio político por el Parlamento.

“Reflexionen y reconsideren su decisión, a efectos de que no se incorpore a los miembros del sistema electoral de los sujetos pasibles de ser sometidos a un juicio político por presunta infracción constitucional”, indicó en el pronunciamiento. Agregaron que la Comisión de Constitución no solicitó su opinión ni tampoco de integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).