Acuerdo de Escazú fue archivado por comisión de Relaciones Exteriores del Congreso al considerarlo “innecesario”

El Acuerdo de Escazú es un tratado que tiene como objetivo regular el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, suscribió en setiembre del 2018 este tratado junto con otros países de América Latina y el Caribe.

Desde el 2020, se busca que este Acuerdo sea ratificado para que entre en vigencia. Perú ha venido evaluando su participación y la decisión recayó en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. En principio se acordó hace dos años desestimar la firma y este lunes, el grupo de trabajo ratificó esa decisión.

La Comisión de Relaciones Exteriores, decidió por mayoría (10 votos a favor, dos en contra y una abstención) archivar, por considerarla innecesaria, la Resolución Legislativa N.° 239, del Acuerdo de Escazú. En tal sentido ratificó el dictamen negativo aprobado en octubre del 2020, en el que se desarrolló un amplio debate, durante varias sesiones, con la participación de numerosos especialistas y publicó en el portal del Congreso toda la documentación respectiva, según sostuvo el titular del grupo legislativo, Ernesto Bustamante (FP).

El parlamentario señaló que en el Perú ya existen las herramientas jurídicas en temas ambientales, como la regulación al derecho de información, que los temas están contenidos en la Constitución Política, la Ley de Transparencia, la ley de participación de control ciudadano, la ley de consulta previa, hábeas data y otras. Así también la existencia de un Ministerio del Ambiente y un tribunal de transparencia y derecho a la información pública.

Sostuvo que la objeción al acuerdo, aparte de ser innecesaria, es porque se sometería al Perú a la normativa interna e internacional para la participación pública el acceso a la justicia en materia ambiental y el acceso a la información en materia ambiental.

De otro lado, decidió, también por mayoría, allanarse e insistir en forma parcial en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, por la que se plantea la modificación de la Ley 28091 Ley del Servicio Diplomático de la República.

La propuesta incorpora nuevos requisitos para garantizar el nombramiento meritocrático y transparente de embajadores de confianza o representantes ante organismos internacionales a cargo del presidente de la República.

Asimismo, Bustamante Donayre dio a conocer el ingreso de un proyecto de Resolución Legislativa N.° 2548 que aprueba el acuerdo entre Perú y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), para la realización de la celebración del 52 aniversario que se desarrollará en Lima en octubre próximo.

Indicó que la propuesta aún no ingresó a la comisión y por reglamento no es discutible aún, en consecuencia, no podría pronunciarse ni iniciarse el debate correspondiente. Por esa razón, señaló que solicitará a la Junta de Portavoces que decrete que sea el Pleno el que vea el tema.

Consideró que el tema es amplio y complejo, y que esperaba que sea visto en una de las tres sesiones de Pleno de la presente semana.

Empero, señaló que hay algunos detalles que ha conocido y que deben ser evaluados, como el alto costo que significará y que debe ser asumido por el Perú. Además, dijo que contiene algunos aspectos especiales, como la exigencia de la OEA de que Perú coloque baños comunes, comunitarios y también los llamados “baños neutros”, antes “baños trans”.

Finalmente, la comisión, aprobó, en forma unánime, el archivamiento de cuatro grupos Tratados Ejecutivos Internacionales por no cumplir con lo estipulado con el artículo 57 de la Constitución Política que define su archivamiento.

En total fueron 33 los Tratados Ejecutivos Internacionales derivados al archivo, después de la ratificación de lo aprobado en la comisión.

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