El último sábado se conoció que un grupo de ronderos de la región de La Libertad, en la provincia de Pataz, fueron denunciados por la comunidad tras atacar y torturar a un grupo de mujeres que se dedicarían a realizar brujería en dicha zona.
Sin embargo, los familiares de las mujeres, aseguran que los ronderiles no les han encontrado prueba alguna de eso y que están cometiendo un grave error. Solicitaron que la policía intervenga y que pongan en buen recaudo a sus parientes.
Irene de la Cruz Castillo, es una de las detenidas, la misma que está siendo castigada sin encontrarse pruebas de su participación en el hecho, según ha denunciado su sobrino, Iván Pinedo Escudero.
“Supuestamente, agarraron a una señora haciendo el acto de hechicería. Sin embargo, esa señora implica a mi tía y la ronda la retuvo sin tener ninguna prueba. Se han reunido y han decidido tener 20 días más en cadena ronderil, donde mi familiar está siendo muy golpeada. Está herida, tiene hematomas”, ha denunciado.
Por su parte, el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas de La Libertad, Pablo Haro, explicó en conversación para RPP que las mujeres sí reconocieron haber practicado este tipo de actos contra personas de Carhuacocha, en el pueblo de Chillia, provincia de Pataz, y prometieron abandonar el distrito.
“Son ocho. Ya he hablado con el presidente distrital. A dos ya las han liberado. Ellas han hecho compromiso: que se van a retirar también del pueblo. Ellas mismas han hecho su declaración, han sido intervenidas ahí por unas prácticas de brujería”, explicó.
Ministerio de la Mujer se pronuncia
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció al conocer de la denuncia contra las rondas campesinas en Chillia, provincia de Pataz, en la región La Libertad.
En un comunicado, la institución indicó que está en coordinación con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo “para que estos hechos se esclarezcan y se sancione a los responsables”.
“Los servicios del MIMP recibirán y continuarán brindando el apoyo a las mujeres violentadas, garantizando su integridad física y sus derechos. Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en Pataz y en Trujillo se encuentran en alerta y en coordinación estrecha con las autoridades de la región para acoger y acompañar a las víctimas”, señaló.
Además, indicaron que están a la espera de los informes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público, a fin de esclarecer los hechos y sanciones a los responsables. “Esperamos una investigación exhaustiva y célere”, solicitó la ministra Diana Miloslavich.
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