Eliminar el Ministerio de la Mujer en Perú, una iniciativa para invisibilizar un problema estructural

El cambio de nombre del MIMP por el “Ministerio de la Familia” prioriza la unión de un establecido tipo de familia (mamá, papá e hijos) por encima de los derechos de las mujeres, quienes son consideradas como población vulnerable por los altos índices de violencia a los que está expuesta.

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Eliminación del Ministerio de la
Eliminación del Ministerio de la Mujer impedirá la erradicación de la violencia, discriminación y exclusión de la mujer en la sociedad. (Foto: Andina)

Una nueva iniciativa en contra de los derechos de las mujeres y niñas fue presentada por el Congreso de la República. El proyecto de ley fue expuesto por el parlamentario Américo Gonzalo, de Perú Libre, a inicios de febrero de este año.

Por su parte, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, es uno de los legisladores adheridos que promociona este PL en redes sociales. “Nuestro país necesita volver a colocar a la familia en el centro de las políticas de Estado y abordar de manera integral sus problemáticas y solucionarlo de raíz. Insto a mis colegas a priorizar su aprobación en el Pleno de esta importante iniciativa”, mencionó en Twitter.

De acuerdo a especialistas consultadas por Infobae, esta medida atenta en gran medida en contra de los derechos de las mujeres, pues invisibiliza el problema estructural de discriminación y violencia a la cual están expuestas.

Durante muchos años, el rol de la mujer en la sociedad ha estado vinculado únicamente a la protección de la dedicación a la familia—madre, cuidadora, ama de casa—, lo cual omitió su proyecto de vida y valor como persona individual. En 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se creó el entonces Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH). El principal objetivo de su implantación fue el desarrollo de la mujer y familia basado en la igualdad de oportunidades.

También adquirió el nombre de Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), en 2002, con la finalidad de diseñar, proponer y ejecutar la política de desarrollo social y humano promoviendo la equidad de género y la igualdad de oportunidades” para mujeres, niñas y poblaciones vulnerables.

En 2012, esta entidad adopta el nombre de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el cual permanece hasta la fecha. En este caso, la institución pública tiene como objetivo combatir la violencia contra la mujer, garantizar sus derechos y establecer políticas públicas que refuercen el enfoque de género.

En los casos mencionados, la existencia de esta entidad reconoce la situación de vulnerabilidad de las mujeres y la condición de inequidad que tiene a nivel social, económico y político. Las políticas públicas que surgen de esta institución están enfocadas en atender, combatir y erradicar esta problemática estructural. Por este motivo, el proyecto que pretende eliminar el MIMP fue arduamente criticado y rechazado por diversos sectores y organismos internacionales.

“Eliminar la referencia a la mujer y sustituirla por la familia reforzaría la valoración exclusiva de las mujeres por su rol reproductivo e invisibilizaría la persistente discriminación y desigualdad estructural contra las mujeres y niñas, y las consiguientes vulneraciones a su autonomía y sus derechos fundamentales, situación que ha sido exacerbada por la pandemia (...) La necesidad de atender aspectos relacionados a la familia está cubierta por el MIMP, ya que sus servicios no son excluyentes y aborda a las personas integrantes del grupo familiar que sufren violencia, protegiendo y fortaleciendo a las familias”, alertó la Organización de las Naciones Unidas en Perú (ONU).

Infobae se comunicó con Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, quien explicó que la implementación de un ministerio enfocado en garantizar y promover los derechos de las mujeres, fortalezca el enfoque de género, erradique la discriminación y combata la violencia en contra de las mujeres surge a partir de estándares internacionales. Por ello, la responsabilidad no recae únicamente en un ministerio, sino en el Estado peruano a nivel nacional e internacional.

La abogada explicó que es necesario que desde el gobierno se atienda las demandas de las mujeres. Reveló que en los Centros de Emergencia Mujer, el 87% de las víctimas que denuncian son mujeres. Por esta razón, se debe entender que debe existir un organismo que esté enfocado que políticas públicas que garantice y proteja los derechos e integridad de las mujeres en el país. De aprobarse en el Pleno del Congreso el cambio de nombre del MIMP se estaría priorizando a la familia por encima del bienestar de las mujeres y niñas.

“Lo que hace, más bien, en muchos casos es precisamente dentro de esa familia terminar vulnerando mal los derechos de las mujeres. Entonces se esconde nuevamente el tema y se perpetúa ese estereotipo de mujer que debe sacrificar su vida por encima de lo que o por debajo de lo que tiene que ser la protección entre comillas familiar y esto es lo que tenemos que cambiar”, explicó.

Uno de los argumentos de los congresistas que defienden esta normativa hace referencia a la importancia de la familia en el país. Muchos de ellos afirman que se deben establecer medidas que tengan como centro a la familia. No obstante, la miembro de la Defensoría desmintió que la existencia del MIMP reste importancia a la familia peruana.

“Dicen que las familias se están dejando de lado. Eso es absolutamente falso porque el Ministerio de la Mujer visibiliza la mujer, es cierto, pero dentro de las Poblaciones Vulnerables están los niños, adolescentes, personas adultas mayores, las personas con discapacidad y los Centros de Emergencia Mujer (CEM) también atienden y protegen a las personas en situación de vulnerabilidad que forman parte de la familia”, resaltó.

“¿POR QUÉ INVISIBILIZAR A LAS MUJERES?”

El cambio de nombre de Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables pretende que las políticas públicas estén enfocadas en garantizar y proteger a la familia como unidad, más allá de reconocer los derechos que tienen las personas que la integran. La abogada Alessandra Mendoza señaló a Infobae que no se debe priorizar los derechos de la familia como un objetivo colectivo, pues cada uno de ellos es un ser individual que debe ser respaldado por el Estado.

“Existe una intención articulada de generar políticas que cautelen, de manera muy conservadora, a la familia Según lo que dice la misma Comisión de la Mujer, esta es concebida como padre y madre que protegen al niño. No creo que estemos en una situación en la que debamos proteger a la familia como tal, debemos proteger a los seres humanos que componen esa familia, dijo.

La especialista en leyes precisó que el Ministerio de la Mujer también protege la infancia y desarrollo de niñas y adolescentes, las cuales también son víctimas de violencia psicológica, física y sexual. Así que es importante continuar velando por su bienestar a través de políticas públicas que les ofrezca herramientas para su cuidado y futuro.

“Una adolescente que sale embarazada, lo primero que hace es dejar el colegio. Entonces protegemos la familia, pero no esa niña o adolescente que ha salido embarazada, eso es contradictorio, o sea, cómo proteges la familia porque quieres que sea el Ministerio de la Familia cuando te has olvidado de proteger a la niñez”, detalló.

La letrada también manifestó su preocupación ante las constantes iniciativas legislativas que atentan en contra de los avances en materia de igualdad y derechos de las mujeres. “No concebimos a la mujer fuera del círculo de la familia y no concebimos a la mujer fuera de su papel como gestante, ¿Cuál es la insistencia de invisibilizarla?, advirtió.

“Este proyecto tiene por finalidad invisibilizar a la mujer y no ir hacia la búsqueda de igualdad de oportunidades en lo más mínimo. Todo lo contrario se está destinado a ser madre cueste lo que te cueste, así que cueste la vida, literalmente, y estás destinada a ser parte de una familia, No importa en qué condiciones ni por qué razón. Entonces estamos violando todos los derechos fundamentales de un ser humano”, declaró.

VIOLENCIA EN CIFRAS

En el reporte ¿Qué pasó con ellas?, de la Defensoría del Pueblo, los índices de violencia contra la mujer en el país son altos. Solo en el mes de febrero se han registrado 18 feminicidios a nivel nacional. Una de las cifras más altas en lo que va del año. Desde enero hasta el mes de mayo, la entidad ha registrado 48 feminicidios.

Por otro lado, en mayo se ha registrado el mayor número de tentativas de feminicidio. Esto ocurre cuando “el agente lleva a cabo actos encaminados a quitarle la vida a una mujer, pero no logra tal cometido porque la víctima sobrevive al ataque”, según el Código Penal Peruano.

Desde enero hasta tal mes, la Defensoría detectó 33 casos de tentativas de feminicidio, el mes con mayor denuncias por este delito fue mayo, con un total de 12 reportes.

Otras de las situaciones preocupantes con respecto a la situación de la mujer en Perú son las desapariciones de mujeres. Solo en 2022 han desaparecido más de 1,500 niños, niñas y adolescentes. Además, del total de menores desaparecidos, el 80% de ellos corresponde a niñas y adolescentes mujeres.

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