Era un 10 de octubre de 1991 cuando Melissa Alfaro se encontraba en el semanario Cambio. La periodista trabajaba como jefa de informaciones cuando fue asesinada con un sobre bomba, un explosivo de uso únicamente militar. El fallecimiento de la comunicadora conmocionó al país, pero no fue el único.
Según contabilizó la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), entre 1980 y 2000 se registraron 63 asesinatos a periodistas. Pero la violencia en contra de los hombres y mujeres de prensa no solo se manifestaba a través de asesinatos. Un año después de la muerte de Melissa, a pocos días del autogolpe de Alberto Fujimori de 1992, más de 10 sujetos vestidos de civil, armados con metralletas y pistolas, irrumpieron en el hogar de Gustavo Gorriti y lo secuestraron en las instalaciones del Cuartel General del Ejército. “Quisieron entrar con violencia en la casa y mi esposa y yo nos opusimos. Les grité que si venían a asesinar que lo hicieran de una vez”, narra el periodista en Crónicas de mi secuestro. Posterior a ello, fue entregado a la policía en condición de detenido junto a otros 18 periodistas.
Ambos acontecimientos se realizaron durante la dictadura de Alberto Fujimori, quien actualmente cursa una serie de investigaciones y procesos judiciales por estos casos. Sin embargo, treinta años después, ninguno de ellos ha alcanzado la justicia.
Zuliana Lainez, de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), explicó a Infobae que la principal característica de los ataques perpetrados en contra de comunicadores durante los últimos 30 años no se han resuelto ni se ha garantizado el acceso a la justicia.
“Tenemos en la Asociación de Periodistas un registro que va desde 1980 al 2000 que habla de 63 periodistas asesinados en ese periodo y en ningún caso el Estado ha garantizado acceso a la justicia. Eso es un deber del Estado. Este registro justamente inició con el caso Uchuraccay. Hoy, casi 40 años después, algunos casos se han dilatado”, indicó.
“Por el asesinato de Melissa Alfaro, hasta hoy, no se ha iniciado juicio oral, tampoco por la desaparición de Jaime Ayala, que era corresponsal del diario La República en Huanta y que sigue desaparecido. Con Pedro Yauri, lo mismo. Ni siquiera se puedan ubicar los restos del colega”, añadió.
De acuerdo a la presidenta de la ANP, el Estado se encuentra en la obligación de proteger y garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa, pues forma parte de los derechos reconocidos en la Constitución Política actual. Asimismo, Lainez aseguró que la labor de la prensa va más allá de una investigación, ya que está enfocada en el derecho de los ciudadanos de recibir información.
Sin embargo, en la actualidad, desde que inició la reciente campaña electoral, el país se polarizó por razones políticas y los periodistas no estuvieron ajenos a ello. En el informe Termómetro de libertad de prensa, de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, en los años 2020 y 2021 se han registrado, respectivamente, más de 65 y 69 ataques a periodistas.
“Esta escalada de violencia contra la prensa resulta de un cúmulo de descontento social, poca confianza en los medios de comunicación y recurrentes estigmatizaciones que han calado en el sentir ciudadano” , indicó el informe.
Sin duda, la ola de violencia en contra de periodistas ha incrementado y es innegable su presencia en el país. El 22 de febrero de este año, Jaime Chincha, exconductor de RPP Noticias y actual comunicador de América TV, fue amedrentado en las afueras de su domicilio por el grupo La Resistencia. Se le acusó de ser un “vendido al gobierno de Castillo”.
Anteriormente, un tuit dirigido al comunicador incentivaba a los usuarios a acudir a la vivienda del reportero radial. “Averiguar su dirección de Jaime Chincha por difamar al colectivo La Resistencia que siempre para en la lucha. Para ir a asustarlo un rato”, describió.
“Exhortamos a las autoridades a ponerle fin a estos actos de violencia. Los miembros de La Resistencia, que actúan desde hace meses amedrentando ciudadanos en sus propios domicilios, están plenamente identificados. No debemos esperar a que la violencia escale y La Resistencia siga actuando con impunidad”, mencionó el comunicado del entonces centro de labores de Chincha.
La agrupación La Resistencia ha atacado otras figuras periodísticas como Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros; Jorge Malmborg, de Latina Televisión; y también a reporteros de Canal N y ATV Noticias. Además, han protagonizado enfrentamientos con comunicadores independientes como René Gastelumendi mientras cubría la presentación del libro de Francisco Sagasti.
Los miembros de la agrupación de extrema derecha enfrentan un proceso legal a cargo de la División de Investigación de Denuncias del Ministerio Público. Una de las citaciones fue programada para el 27 de noviembre de 2020, pero los acusados Juan Muñico Gonzales, Flor Contreras León, Mary Cabrera Valdivia y Gregory Gallegos Ibarburu no asistieron. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha ofrecido más detalles acerca de este proceso legal.
Para el periodista Diego Salazar, autor del libro No hemos entendido nada y columnista del Washington Post, la agresión más grave se vivió el pasado miércoles 6 de julio, cuando los periodistas Eduardo Quispe y Elmer Valdiviezo del medio Cuarto Poder fueron secuestrados por presuntos ronderos en Cajamarca. El comunicador indicó que este rechazo a los medios de comunicación nace de la baja confianza de la población hacia estos.
“En nuestro país existe un clima de un clima de violencia creciente hacia la prensa. Eso está relacionado, por supuesto, con el desprestigio de los medios y el desprestigio de nuestro trabajo. La confianza en los medios en el Perú es bajísima, como hemos podido ver en estudios recientes como el Barómetro de las Américas”, afirmó.
Para el periodista, esta falta de aceptación también proviene de un sector del Estado. Salazar recordó la falta de acceso a las instalaciones del Congreso de la República e iniciativas en contra de la libertad de prensa que son promovidas por el Ejecutivo, como la ‘Ley Mordaza’, y el exceso de refuerzo policial que tiene Pedro Castillo. De acuerdo al escritor, no hay una intención de las autoridades de garantizar el trabajo periodístico.
“En lugar de condenar este hecho gravísimo (secuestro a policías), que haya una investigación seria, lo que estamos viendo es una suerte de circo montado por ambos lados del espectro político. Por un lado, desde cierta izquierda se quiere disculpar o excusar esto como si las rondas campesinas tuvieran una bula para cometer delitos, como el secuestro y el robo, porque fueron robados sus equipos y sus teléfonos celulares. Por el otro lado, desde cierta derecha, estamos viendo utilizar esto también para montar un circo, en lugar de discutirlo de una forma racional y seria”, acotó.
Por último, el también autor de ¿Ahora qué? expresó su preocupación ante una posible normalización de la violencia en la sociedad peruana y advirtió que es necesario no dejar de lado los inconvenientes que vienen ocurriendo con los hombres de prensa.
“Pareciera que nos vamos desensibilizando ante esta escalada de violencia, hasta ahora, casi siempre verbal. Este hecho escapa de eso, pero, como ciudadanos, periodistas y actores políticos o públicos, no podemos permitir que hechos de estas características sean pasado por agua tibia como si no ocurriese nada”, concluyó.
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