La evolución de los desafíos multidimensionales que enfrenta Perú: la crisis política

PARTE I

Introducción

El gobierno de Pedro Castillo en el Perú enfrenta una crisis significativa que se viene gestando desde hace años, pero que ha florecido particularmente con su Presidencia. En palabras de un analista peruano de alto nivel con el que hablé, Perú se encuentra en medio de un colapso de todo su sistema político, y ya no se percibe que los partidos y líderes tradicionales tengan la legitimidad para sostener ese sistema.

La profundización de la crisis política e institucional de Perú jugó un rol clave en la inesperada elección de Castillo en 2021 y creó las condiciones para la actual agitación política del país. La cada vez más probable caída del gobierno profundizará la polarización y fragmentación política en el país, con consecuencias negativas para las instituciones del país, la democracia, la estabilidad política, el desempeño económico, el crimen organizado dentro de las fronteras del país y en el resto de la región. El destino del régimen de Castillo también vislumbra lo que podría suceder con muchos otros gobiernos de la región que también atraviesan transiciones políticas similares, con gobiernos minoritarios, con orientaciones significativamente diferentes a las de los regímenes a los que reemplazan, tratando de navegar en un entorno de enorme tensión económica, debilidad fiscal y movilización política, impulsada por la pandemia de Covid-19 y los efectos económicos globales de la guerra en curso en Ucrania.

Este artículo es el primero de tres que examinan los desafíos estratégicos en Perú y sus implicaciones para América Latina y los Estados Unidos. Le seguirán trabajos que analizan los desafíos del crimen organizado en Perú y la profundización del compromiso que mantiene con la República Popular China (RPC). El presente trabajo es producto de entrevistas en profundidad realizadas por el autor con funcionarios, empresarios y académicos del gobierno peruano, actuales y anteriores. Estos trabajos actualizan el artículo de tres partes sobre los desafíos del Perú publicado anteriormente por el autor en noviembre de 2020.

La actual inestabilidad política del Perú y otros desafíos reflejan una combinación de corrupción endémica, instituciones gubernamentales que han tenido un desempeño deficiente y una Constitución Política cuyas reglas crean desincentivos para que los líderes ejecutivos, legislativos y judiciales aborden de manera efectiva los problemas del país.

Las dificultades políticas de Perú han reflejado durante mucho tiempo el descontento ciudadano con la corrupción y las desigualdades socioeconómicas y geográficas, incluidos los problemas de gobernabilidad al interior (y en otros lugares) del país, y las actividades criminales e insurgentes que se le asocian. Estos problemas incluyen la minería ilegal y el cultivo de coca, y un sangriento conflicto interno iniciado en Ayacucho en 1980 por Abimael Guzmán y su movimiento terrorista “Sendero Luminoso” que causó la muerte de 69.000 personas durante dos décadas.

El legado de corrupción que impregna la política peruana, combinado con instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales relativamente independientes que trabajan para controlarse entre sí, han llevado a una serie de cambios continuos y cada vez más frecuentes en el gobierno. Todos los presidentes peruanos en las últimas dos décadas han estado implicados en casos de corrupción, ya sea mientras estaban en el cargo, forzando su destitución o después de su partida. Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala fueron implicados en casos de corrupción después de dejar el cargo. Luego, en marzo de 2018, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar por evidencia creíble de que había recibido un soborno de la constructora brasileña Odebrecht. Su vicepresidente Martín Vizcarra, quien se convirtió en presidente tras la renuncia de Kuczynski, fue destituido por la fuerza de su cargo dos años y medio después, en noviembre de 2020, por el Congreso de Perú, mediante el uso de un mecanismo previamente poco utilizado en el que dos tercios del Pleno declararon que las acciones del presidente demostraron su “incapacidad moral”. Vizcarra fue sucedido por Manuel Merino, quien duró solo cinco días como presidente antes de verse obligado a renunciar . Fue reemplazado por Francisco Sagasti, quien se desempeñó como presidente interino hasta las elecciones de 2 vueltas en Perú que eligieron al actual presidente del país, Pedro Castillo.

Incluso antes del presente mandato, el sistema político de Perú ya se había fracturado durante mucho tiempo en una gran cantidad de partidos, a menudo clientelistas, lo que condujo a la división de su Congreso unicameral en una gran cantidad de partidos; y elecciones presidenciales en dos vueltas, en las que la primera vuelta presenta una gran número de candidatos, muchos de los cuales carecen de base a nivel nacional.

Para sumar mayores dificultades, en los últimos años, los numerosos escándalos mencionados previamente, agravados por las desigualdades sociales y la exclusión de facto de las comunidades indígenas y otros de la riqueza y el poder político de la nación (particularmente las del interior de la selva y la sierra del Perú) han contribuido a la proliferación de nuevos partidos y políticos, y un sentimiento anti. Los dos contendientes que surgieron de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú en abril de 2021, juntos recibieron solo el 33% de los votos:

Pedro Castillo, era un maestro de una alejada provincia de Cajamarca. Era casi desconocido fuera de su provincia natal y carecía de experiencia nacional. Había sido seleccionado para postularse como candidato del partido Perú Libre (PL) por su líder, Vladimir Cerrón, un neurocirujano formado en Cuba con una ideología de izquierda radical, quien había sido inhabilitado para postularse a la presidencia debido a una condena previa por corrupción.

La opositora de Castillo, Keiko Fujimori, era más conocida y experimentada a nivel nacional. Se trata de la hija del controvertido expresidente de Perú, Alberto Fujimori, a cuyo gobierno se le atribuyó haber derrotado en gran medida a Sendero Luminoso y haber traído relativo orden y estabilidad económica al país, por un lado; pero cuyo gobierno había pisoteado las instituciones democráticas de Perú. incluida la disolución del Congreso en 1992, y que habían sido condenados por corrupción y acusados de participar en violaciones de derechos humanos. El partido de Keiko, Fuerza Popular, fue uno de los mejor organizados a nivel nacional, pero fue ascociado en la mente de muchos votantes con la política de larga data de corrupción y mal desempeño que genera rechazo.

En la segunda vuelta de las elecciones de junio de 2022 en Perú, un sentimiento antisistema terminó por deteriorar a Keiko, lo que se juntó con el atractivo de Castillo de ser una figura nueva, aunque desconocida, en torno a la cual podrían reunirse las poblaciones marginadas del interior del país. Esto fue suficiente para que él pueda vencer y ganar la presidencia. Sin embargo, muchos de sus detractores, particularmente de la derecha, hicieron sentir su preocupación por revelar la posible asociación de Castillo con la izquierda radical a través de Vladimir Cerrón, y con el grupo terrorista Sendero Luminoso y su frente político e intelectual afiliado Movadef, así como a la recién formada Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (FENATE), una organización más radical que el tradicional sindicato de maestros SUTEP, que se ha resistido a algunas de las posiciones más radicales de Castillo.

Castillo fue elegido con nula experiencia política a nivel nacional, y con pocos asesores de confianza que tuvieran experiencia propia a nivel nacional, lo que lo obligó a forjar un gobierno a partir de una combinación de personas que no eran necesariamente de su círculo íntimo, y aquellos cuyos antecedentes, capacidades y temperamento no los hacían apropiados para los cargos a los que estaban siendo encomendados

Reflejando tales dificultades, en menos de un año de gestión se han producido más de 50 cambios de ministros en el gobierno de Castillo en 18 carteras. Esto incluye la renuncia de tres primeros ministros, después de cada uno, Castillo se vio obligado a reorganizar su gobierno: Guido Bellido renunció en octubre de 2021 por un aparente rechazo a su agenda radical; Mirtha Vázquez renunció en enero de 2022, al mencionar la corrupción en los niveles más altos del gobierno de Castillo; y Héctor Valer, quien fue designado para reemplazarla, renunció solo unos días después luego de que se hicieran públicas las denuncias a las autoridades en su contra, sobre el abuso físico contra su esposa e hija. El actual Primer Ministro de Castillo, Aníbal Torres, ha sido ayudado en su supervivencia gracias a su amplia experiencia profesional y legal como profesor de derecho y jefe de departamento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de orientación izquierdista. No obstante, es conocido por su temperamento combativo y ha sido criticado por elogiar al líder nazi alemán Adolph Hitler por su papel en la construcción de la infraestructura vial del país.

Los escándalos y la rotación dentro del gobierno de Castillo no han dado señales de disiparse en los últimos meses. En mayo de 2022, el presidente reemplazó a otros cuatro ministros, incluido el ministro del Interior, de Energía y Minas, de Transportes y Comunicaciones y de Desarrollo Agrario. También en mayo, el Congreso censuró a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, leal a Castillo, por su manejo de la huelga de controladores aéreos. El nombramiento de Hernán Condori como ministro de Salud fue criticado por su supuesta falta de aptitud para el cargo, incluida su promoción de curas médicas poco ortodoxas, lo que llevó a la destitución de este último.

Las dificultades de Castillo con su gobierno se han visto agravadas por sus desafíos con un Congreso fragmentado en gran parte hostil hacia él, pero con algunos incentivos para no destituirlo, por temor a que afecte negativamente sus propios intereses políticos e institucionales.

Los congresistas que ocuparon los 130 escaños de la legislatura unicameral de Perú fueron seleccionados durante la primera vuelta de las elecciones en abril de 2021 e inicialmente incluían 10 partidos, de los cuales su partido Perú Libre tenía solo 37 escaños. Durante el año siguiente, la situación se complicó aún más por las deserciones entre partidos y la creación de nuevos bloques legislativos. Incluso el partido que había hecho de Castillo su candidato se dividió entre los que apoyaban a su fundador, Vladimir Cerrón, versus los que habían entrado al partido con Castillo y le eran principalmente leales. Estos últimos fueron conocidos como el “Bloque Magisterial”, reflejando sus antecedentes en educación, como Castillo. El presidente podría llegar a julio de 2022 con menos de 40 de los 130 legisladores que lo apoyaron con votos para desestimar la moción que buscaba destituirlo de su cargo utilizando el argumento antes mencionado de “incapacidad moral”: entonces, requirió 44 votos para derrotar tal iniciativa. Al avanzar en la legislatura actual, la posición de Castillo fue aún más débil, ya que había 16 miembros de Perú Libre leales a Vladimir Cerrón, y a fines de junio, el partido le exigió a Castillo que renunciara por sus diferencias. De 130 legisladores, las personas a las que podía apoyar a Castillo son 10 del bloque magisterial, más un puñado de otros: 7 en Perú Democrático, 5 en Cambio Democrático y 5 en Perú Bicentenario.

Quizás sus aliados potenciales más importantes, aunque más impredecibles, sean la llamada “izquierda caviar”, un grupo de aproximadamente veinte políticos relativamente progresistas que han desempeñado un papel clave en múltiples partidos y como tecnócratas en múltiples gobiernos en los últimos años. Por lo general, provienen de entornos adinerados y de las mejores universidades de Perú, y están repartidos en varios partidos pequeños, incluido el Partido Morado, del ex presidente Francisco Sagasti; y Somos Perú, entre otros. Aunque no tienen una jerarquía formal, Gustavo Gorriti, quien ha desempeñado un papel influyente como periodista y asesor de numerosos gobiernos con su Instituto de Defensa Legal (IDL), es ampliamente considerado uno de sus líderes clave. Estos mismos “caviares de izquierda” también están representados como tecnócratas dentro de los ministerios clave del gobierno de Castillo, incluidos Interior, Relaciones Exteriores, Justicia, Economía y Agricultura.

Los partidarios de Castillo en el Congreso también contribuyeron indirectamente a los problemas de imagen del presidente. El parlamentario Guillermo Bermejo, ha sido acusado de terrorismo, según informe de la dirección antiterrorista peruana DIRCOTE, donde señala que se reunió previamente con miembros de Sendero Luminoso.

En oposición a la frágil coalición minoritaria de Castillo hay un grupo diverso de partidos de centro y derecha. Estos incluían a la ya mencionada Fuerza Popular, que era el partido más grande de este bloque, con 24 legisladores; seguido de 15 escaños por el partido Acción Popular de centro-derecha, de la actual titular del Parlamento María de Carmen Alva Prieto; luego, 14 escaños de Alianza para el Progreso (APP); Avanza País con 10 escaños; Renovación Popular, que es un partido conservador vinculado a la organización católica Opus Dei, y entre cuyos miembros se encuentran dos almirantes de la Armada en retiro, con 9 escaños; y el partido " Somos Perú” con 5 curules, entre otros. Esa oposición diversa ha continuado dividiéndose en diferentes “facciones” en el Congreso, creando una dinámica política cambiante e impredecible en la que algunos miembros a veces están interesados en trabajar pragmáticamente con Castillo en una orientación de “política de clientelismo” transaccional, mientras que en otros momentos, están orientados para tratar de derrocarlo.

Como reflejo de la difícil posición legislativa de Castillo, el presidente no solo no ha podido impulsar iniciativas significativas en el Congreso peruano, sino que se ha visto bloqueado en la implementación de una promesa de campaña, fuertemente apoyada por el líder de su partido, Vladimir Cerrón, de cambiar la constitución peruana de 1993 como parte de la solución a la continua crisis política del Perú. En abril de 2022, Castillo presentó un proyecto de ley al Parlamento para iniciar un Proceso de Asamblea Constituyente. La titular, María Carmen de Alva, lo calificó de inconstitucional e inviable, y ni siquiera sometió a consideración el proyecto de ley. Sin embargo, incluso después del rechazo, los políticos de izquierda, particularmente de las provincias de Perú, y los trabajadores del transporte en huelga continuaron clamando por una Asamblea Constituyente como un elemento esencial para salir de la crisis política de Perú.

Más allá de los problemas asociados con sus ministros y el bloqueo de su agenda, Castillo ha recibido múltiples acusaciones e investigaciones por delitos personales e institucionales. Algunos están siendo considerados por la Fiscal de la Nación, que forma parte del Poder Judicial independiente de Perú. Otros están siendo investigados por Comisiones en el Congreso, según la naturaleza de los cargos.

El grupo de casos posiblemente más grave ante la Fiscalía, involucra presuntos sobornos por parte de empresarios peruanos al ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y al anterior Secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, que involucran quince contratos con cuatro empresas constructoras chinas, conocidas como el escándalo del Club de la Construcción de China. El caso posiblemente implica al mismo Castillo, así como a los sobrinos del presidente. Un hecho que captó la atención de la prensa es el hallazgo de una bolsa con 20.000 dólares en efectivo perteneciente a Pacheco encontrados en el baño del Palacio Presidencial. Pacheco, quien supuestamente también está implicado por unos mensajes de texto que envió, ahora ha huido de la justicia y se ha convertido en un prófugo, al igual que los sobrinos de Castillo. El empresario Zamir Villaverde, ahora en prisión, y la lobbysta Karelim López Arrendondo, han sido implicados y, según los informes, ambos están cooperando con las autoridades en el asunto. Al momento de enviar este artículo a imprenta, Villaverde amenazaba con filtrar nuevos audios y videos a la prensa que implicaban aún más a Castillo, fortaleciendo el consenso en el Congreso para destituir al presidente. El principal presunto destinatario de los sobornos, Juan Silva, también ha pasado a la clandestinidad. Muchos en Perú, entrevistados para este trabajo, especularon que los leales a Castillo en el Ministerio del Interior, la Policía y los servicios de inteligencia estaban ayudando a los fugitivos a evadir la ley, preocupados de que su captura pudiera conducir a su testimonio o a la entrega de pruebas que implicara más directamente al presidente; además, contribuyendo a que el Congreso llegue a la mayoría calificada de 2/3 requerida para expulsar a Castillo bajo la disposición de “incapacidad moral” de la Constitución.

El caso también ha manchado al expresidente Sagasti, cuyo funcionario aprobó en el último día de gestión del expresidente un cambio en el reglamento sobre las calificaciones requeridas para encabezar la Secretaría de la Presidencia, lo que le permitió a Castillo contratar a Pacheco, quien no hubiera sido calificado bajo las leyes anteriores.

Más allá del escándalo del “Club de la Construcción China”, otro caso que examina una comisión del Congreso de Perú es en base a un conjunto de acusaciones en torno a que Castillo, Pacheco y el Ministro del Interior, a cambio de sobornos, manipularon normas para forzar el retiro de personal y promover a los leales a Castillo a rangos clave en la Policía. Como se señaló anteriormente, el caso ha adquirido una dimensión adicional con la especulación de que el ministro del Interior leal a Castillo, Dimitri Senmache, y algunos de los promovidos indebidamente, pueden estar involucrados en la protección de los fugitivos de la captura.

En otro caso que examina el Congreso, se trata de acusaciones de que Castillo, en conjunto con el exministro de Defensa , Walter Ayala , y el secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco obligaron al jefe del Ejército, general José Vizcarra, y al jefe de la Fuerza Aérea, Jorge Luis Chaparro, a ascender a los incondicionales leales al Castillo al grado de General. La denuncia, que proviene de los dos exjefes del servicio, argumenta que por resistir las presiones del presidente y del ministro de Defensa para ascender a los individuos a generales, poco tiempo después fueron retirados involuntariamente, obligándolos a denunciar públicamente lo sucedido ante el Congreso.

En otro caso más, una comisión del Congreso peruano dedicada a las “acusaciones constitucionales” está examinando los cargos de que Castillo cometió traición al colaborar con el gobierno de Bolivia en un acuerdo que podría otorgarle tierras peruanas para darle al primero acceso al mar. Los cargos se basan, en parte, en conversaciones que Castillo sostuvo con Evo Morales en Bolivia en 2018, como dirigente sindical, antes de asumir la presidencia. Sin embargo, de manera crítica, reafirmó su posición durante una entrevista pública con el reportero de CNN, Fernando Rincón, donde sugirió que sus intenciones de negociar la entrega del territorio peruano podrían haber continuado después de convertirse en presidente.

Si bien existe un consenso general de que el Artículo 117 de la constitución peruana otorga inmunidad al presidente contra todos los cargos, excepto los graves, como traición, suspensión de elecciones o disolución del Congreso, es más ambiguo con respecto a si un presidente en funciones puede ser investigado públicamente. La exfiscal de Perú, Zoraida Ávalos Rivera, sostuvo que la inmunidad presidencial también le impedía ser investigado por delitos, dejando caer líneas de investigación a otros funcionarios que implicaban al presidente. Su reemplazo interino, sin embargo, Pablo Sánchez, permitió tal investigación. De hecho, bajo Sánchez, en junio de 2022, Castillo fue llevado públicamente para ser interrogado. Sin embargo, solo era el Fiscal General interino. A fines de junio de 2022, el Ministerio de Justicia nombró a una nueva fiscal general, Liz Benavides Vargas, una respetada profesional que se espera continúe con la investigación del presidente, aunque posiblemente de manera más discreta que su antecesora.

Más allá de tales investigaciones, Castillo incluso ha sido objeto de acusaciones por presuntamente plagiar su tesis de maestría. Para complicar las cosas, la tesis fue realizada para la Universidad César Vallejo, propiedad de César Acuña, quien no pudo ingresar a los Estados Unidos luego de una condena penal, además de ser presidente de APP, un partido de oposición que generalmente se opone a Castillo. La posición fluctuante de la universidad afiliada a Acuña durante su investigación sobre si hay o no evidencia de plagio por parte de Castillo ha sido interpretada por algunos como parte de las maniobras de Acuña para llegar a un acuerdo o, alternativamente, desestabilizar al presidente.

Aunque la Constitución peruana generalmente protege a Castillo de cargos penales, los numerosos casos son un vehículo para crear consenso dentro del Congreso para llegar a la mayoría calificada de 2/3 necesaria para destituir al presidente por “incapacidad moral”, bajo una cláusula que antes se usaba poco dentro la Constitución.

Si bien Castillo continúa obteniendo el apoyo de las poblaciones económica y políticamente marginadas del interior del Perú a quienes les da voz, los peruanos en general se han alienado cada vez más por el constante aire de escándalo dentro del gobierno de Castillo. En una encuesta de IPSOS de junio de 2022, el 70 % de los peruanos expresó su desaprobación por Castillo, frente al 62 % de enero de 2022. El 62 % de los encuestados pensaba que Castillo debería renunciar.

Hasta la fecha, el presidente Castillo ha sobrevivido a dos intentos del Congreso de destituirlo utilizando la cláusula de “incapacidad moral”: en diciembre de 2021 y en marzo del 2022. Hasta la fecha, la facción de Perú Libre leal a Vladimir Cerrón ha apoyado a Castillo contra tales mociones y, por lo tanto, ha sido clave para la supervivencia del presidente.

Algo que complica los cálculos de los congresistas peruanos y otras élites con respecto a derrocar a Castillo es la cuestión de su sucesor y su orientación política y alianzas. Según la ley peruana, si Castillo es destituido por el Congreso, la primera vicepresidenta, Dina Boluarte, se convertiría en presidenta (también convirtiéndola en la primera mujer presidenta de Perú). Boluarte fue originalmente compañera de fórmula elegida por Vladimir Cerrón antes de que este último fuera descalificado para postularse para presidente debido a su condena previa por corrupción. Se le considera leal a Cerrón a pesar de algunas declaraciones públicas contrarias. Sin el apoyo de Cerrón, sin embargo, Boluarte carece de base política, más aún –según los consultados para este trabajo–, por su estilo franco. Boluarte también es políticamente vulnerable porque dirigía un club social supuestamente cuando estaba prohibido en sus funciones (Club de Apurímac), sobre el cual se está llevando a cabo una investigación, además de posiblemente haber violado la ley peruana al no renunciar inicialmente a su puesto en la organización de registro civil del gobierno de Perú, RENIEC, al convirtirse en vicepresidenta, aunque finalmente lo hizo en abril de 2022. Para algunos en la derecha, temerosos de un gobierno izquierdista de Boluarte alineado y guiado por Cerrón, la finalización de los procedimientos legislativos debe ocurrir antes de cualquier votación para destituir a Castillo, de modo que la presidencia pase al jefe del Congreso, y no a Boluarte.

Dentro de este complejo contexto, el fin del mandato de un año de María del Carmen Alva Prieto como titular del Congreso de Perú el 8 de julio de 2022, toma mayor relevancia ya que la persona seleccionada para reemplazarla podría convertirse en el próximo presidente de Perú.

Para la elección del próximo titular del Congreso, según los consultados en Perú para este trabajo, quienes pretenden destituir a Castillo buscan un candidato de consenso con la aptitud y capacidad para manejar el delicado período de transición a las próximas elecciones si fuera llamado a hacerlo, así como alguien relativamente libre de cargos de corrupción. La aceptabilidad del candidato dentro de la sociedad peruana también es una consideración, dada la posibilidad de protestas y levantamientos por parte de los simpatizantes de Castillo y otros grupos.

Para aquellos que anticipan nuevas elecciones, algunos congresistas también están interesados en cambiar la Constitución peruana para permitir su reelección, de modo que quienes derriben al actual gobierno no terminen permanentemente sus carreras legislativas al hacerlo. Si bien ha habido múltiples enmiendas a la constitución peruana desde la era del presidente Alberto Fujimori, la apariencia de autoperpetuación por parte de un Congreso que ya es visto negativamente por muchos votantes peruanos podría generar protestas públicas.

A pesar de los complejos cálculos con respecto a la destitución de Castillo, durante mis conversaciones en Perú, también descubrí una estrategia muy diferente que estaba siendo seguida por parte del Congreso y sus aliados políticos, para forjar una coalición centrista pragmática que cínicamente cooperaría transaccionalmente con el presidente, a pesar de las diferencias ideológicas y las preocupaciones sobre su desempeño, mientras lo divorciaban de Cerrón. La estrategia se basó en un cálculo de la incapacidad de encontrar los votos para derrocar a Castillo y, por lo tanto, la necesidad de hacer las paces con el mandatario para apoyar los intereses materiales de los congresistas y sus partidarios mientras estén en el cargo. Con este fin, hubo un movimiento para crear un nuevo bloque político centrista “Todos por el Perú”, a partir de desertores de una variedad de partidos centristas, incluidos Fuerza Popular, Avance País y Acción Popular. El bloque anticipaba formarse inicialmente con aproximadamente 10 desertores de otros partidos, pero esperaba convertirse en un nuevo partido centrista para las próximas elecciones “Siempre por el Perú”, con mayoría en el Congreso. Al mismo tiempo, en la medida en que dicho pensamiento se propague dentro del Congreso, también socavaría los intentos mencionados anteriormente de derrocar al presidente, lo que, irónicamente, podría beneficiar al izquierdista Cerrón y su facción.

Además, la difusión de tal estrategia de colaboración cambia el criterio entre los congresistas con respecto a la selección de su próximo líder, restando importancia a la aceptabilidad del candidato entre la población y poniendo mayor énfasis en el tamaño relativo de los bloques del partido y otras consideraciones más transaccionales.

Fue un “pacto” informal entre bloques en el Congreso que permitió que María del Carmen Alva, de Acción Popular, encabezara el Parlamento. Hasta este momento, los partidos tenían claro que el próximo presidente del Congreso tendría que salir de APP. Este acuerdo informal posicionó a Gladys Echaíz para el puesto, particularmente si los congresistas esperaban incapacitar políticamente a Boluarte y expulsar a Cerrón. Echaíz es una ex fiscal respetada, libre de acusaciones de corrupción, y muchos consideran que tiene el carácter y el nivel de aceptabilidad entre la población que le permitirían manejar una transición a nuevas elecciones, en caso Boluarte y Castillo fueran destituidos. Por otro lado, si las partes deciden trabajar con Cerrón, eliminando así tales cálculos de “aceptabilidad”, porque Echaiz era un miembro “invitado” al partido, y no parte de su núcleo, y por lo tanto no completamente controlable por su jefe, César Acuña, algunos esperaban que el propio Acuña, o su hermano Héctor, pudiera ser el candidato de la APP. Otro candidato mencionado fue Darwin Espinoza, líder de Alianza Popular, el bloque mayoritario, aunque su selección se consideró menos probable ya que violaría el “pacto” antes mencionado.

En la maniobra que podría venir luego de la selección de un nuevo líder del Congreso, el primer aniversario de la asunción del poder de Castillo, el Día de la Independencia de Perú, el 28 de julio,es una fecha clave de referencia para las acciones a tomar. Por otro lado, no está claro si los recesos programados del Congreso le darían tiempo para convocar la combinación de seleccionar a un nuevo líder y posiblemente destituir al vicepresidente y al presidente antes del otoño de 2022.

Prácticamente todos los resultados de Perú implican el peligro de una mayor polarización y radicalización política. La fe de los peruanos en su democracia se vería socavada por un lado por un bloque de partidos que son vistos con escepticismo por muchos, destituyendo a un presidente y vicepresidente electos. Sería igualmente perjudicial un pacto entre tales políticos para mantener en el poder a un presidente visto por muchos como incapaz, en beneficio económico de las élites que hacen tan cínico pacto. También se me recordó que hay preocupantes posibles futuros líderes que esperan entre bastidores, como el nacionalista radical Antaruo Humala, quien podría cumplir su pena de prisión por intentar derrocar al Estado peruano el próximo año y, en consecuencia, sería plenamente elegible para postularse. para la presidencia de Perú en 2026.

También me impactó, en mis conversaciones mientras estuve en Perú, el grado en que muchos peruanos miraban las señales de los Estados Unidos en sus cálculos. Una reunión positiva entre el presidente Biden y Pedro Castillo en la Cumbre de las Américas de junio de 2022 fue interpretada por algunos en Perú como un sutil mensaje de apoyo de la Administración Biden a Castillo y su continuidad en el cargo a pesar de los escándalos.

Hay al menos tres posibilidades distintas para la trayectoria política de Perú en los próximos meses, llevándolas en direcciones distintas, ninguna de ellas buena para la salud política e institucional del país o la región en la que Perú juega un papel clave:

En el primer escenario, el estancamiento podría continuar indefinidamente, con más información filtrando sobre posibles irregularidades del presidente Castillo y quienes lo rodean, paralizando y deslegitimando aún más al gobierno, mientras una nueva coalición centrista toma el poder en el Congreso, dispuesta a trabajar con Castillo sobre una base transaccional, incluso cuando ese compromiso degrada aún más la actitud del público sobre su clase política.

En el segundo escenario, Castillo podría renunciar, o los seguidores de Cerrón podrían votar con la oposición, expulsando al presidente Castillo, y luego aliarse con la vicepresidenta Boluarte, para imponer un nuevo gobierno de izquierda más orientado ideológicamente. Hacerlo probablemente desataría una nueva fase de la lucha política, tanto en las calles como dentro de las instituciones de Perú, con resultados preocupantes e impredecibles. Como lo expresó un ex funcionario entrevistado para este trabajo, tal maniobra podría ser completamente legal y constitucional, pero no ser percibida como legítima por una parte importante de la población. Una victoria de Cerrón en esta lucha podría colocar a Perú en el camino hacia un gobierno socialista autoritario similar al de Venezuela, probablemente con el apoyo de Venezuela, Cuba y otros actores autoritarios de izquierda en la región.

En un tercer escenario, el Congreso podría tener éxito en derrocar a la vicepresidenta Boluarte a través de una votación de dos tercios, con base en los casos previamente discutidos de su manejo inadecuado de un club social mientras estaba en el cargo, y su tardía renuncia a sus funciones en RENIEC. Luego, el Congreso podría votar por separado para destituir a Castillo, elevando a la presidencia a cualquier líder centrista o de derecha que el Congreso seleccione como su líder a principios de julio. Este curso desencadenaría automáticamente nuevas elecciones nacionales, con resultados inciertos. Aunque la Constitución dice que tales elecciones deben ocurrir “inmediatamente”, los responsables de la transición probablemente argumentarán que necesitan algunos meses para prepararse, e incluso podrían decir que tales elecciones solo deberían aplicarse al Ejecutivo, mientras que a los miembros del Congreso electos se les debería permitir continuar hasta el final natural de sus mandatos en 2026.

Cada uno de estos tres escenarios plantearía cuestiones importantes sobre la legitimidad de los órganos políticos de la nación. La transición política prolongada, en medio de cuestiones constitucionales tan difíciles, probablemente desataría un importante malestar social entre la izquierda, los indígenas de Perú, la gente de la sierra y selva del interior de Perú, así como otras poblaciones marginadas que anteriormente habían apoyado a Castillo. El acercamiento a la población y el apoyo de las fuerzas de seguridad de Perú probablemente serían fundamentales para la supervivencia política del nuevo líder, para llegar a las elecciones de manera ordenada. Algunos consultados para este trabajo sugirieron que la sensibilidad de la posición de las Fuerzas Armadas peruanas frente a las protestas podría tentarlas a abstenerse de actuar, como ocurrió en Bolivia en noviembre de 2019 cuando las Fuerzas Armadas de esa nación no intervinieron contra los manifestantes que desafiaban al expresidente Evo Morales. Tal postura tendría consecuencias, lo que en sí mismo sería una opción, lo que podría permitir a los manifestantes derrocar al presidente interino del Congreso.

El resultado de la crisis institucional de Perú afectará no solo la estabilidad política y la democracia en la región, sino que también afectará la capacidad del país para manejar los crecientes desafíos criminales en su territorio, incluida la minería ilegal, la producción de cocaína y los rezagos de terrorismo de Sendero Luminoso y de su brazo político MOVADEF. Tendrá implicaciones significativas para la viabilidad económica del país y el futuro de su relación con actores extrahemisféricos como la República Popular China, como se discutirá en los dos artículos que siguen en esta serie.

Lo que suceda en el Perú también afectará profundamente al resto del continente, al que está ligado por una geografía y una importante actividad económica, tanto lícita como ilícita. Los vecinos de Perú también están navegando actualmente por numerosas transiciones políticas delicadas, tensas por las cicatrices económicas y fiscales persistentes de Covid-19, y el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en los precios de los alimentos y el petróleo. El fracaso de Perú para mantener la democracia y la estabilidad probablemente tendrá efectos en cascada en la salud política y económica, así como en la dinámica criminal en todo el hemisferio.

(*) El autor es un profesor e investigador sobre América Latina en el U.S. Army War College Strategic Studies Institute. Las opiniones aquí expresadas son estrictamente personales. El autor agradece a Leonard Longa, Jose Robles, Josué Meneses, Luis Giacoma, Juan Carlos Liendo y Jorge Serrano Torres, entre otros, por su ayuda para este trabajo.

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