Jorge Montoya vuelve a pronunciar la palabra vacancia. Estos tras los cuestionamientos la presidente Pedro Castillo durante las últimas semanas, las mismas que han involucrado a su entorno más cercano como el exministro Juan Silva y hasta su cuñada, Yenifer Paredes. El representante de Renovación Popular que si bien hasta el momento no cuentan con los votos para la vacancia, estos se podrían conseguir muy pronto.
“Lo que se tiene que tener son los votos y aún no hay la seguridad de tenerlos, pero en las próximas semanas se puede conseguir”, dijo luego de señalar que la medida más adecuada para detener el gobierno de Castillo es la vacancia por incapacidad moral permanente, a diferencia de los constitucionalistas que apuestan por otro tipo de salidas también respaldadas por la Constitución Política del Perú.
El vocero de Renovación Popular señaló que el presidente Castillo “tiene una aureola de corrupción alrededor de su imagen” y que no se trataría de casualidades. Esto luego de que el Ministerio Público abriera una investigación a Yenifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado.
Para Montoya, la vacancia presidencial deberá verse una vez que haya finalizado el proceso de acusación constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Además, opinó sobre el documento remitido por la vicepresidenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir del proceso que se lleva en su contra desde el Congreso.
“Está demostrando que ha cometido esas faltas y quiere evadirlas. No quiere asumir su responsabilidad, es su estilo de vida”, fueron las declaraciones de Montoya quien ya había advertido que no iba a permitir que la Comisión influya en el destino político del Perú. Sin embargo, nuestro país debe respetar y acatar lo que aquella institución determine sobre el caso de la vicepresidenta de la república.
MEDIDA PRESENTADA
Debido al avance de la denuncia constitucional en su contra, la vicepresidenta Dina Boluarte presentó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que solicite al Estado peruano a que suspenda este proceso que es llevado a cabo por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República.
Según el diario El Comercio, Boluarte recurrió a la CIDH para denunciar que se ha vulnerado el debido proceso en la acusación por haber realizado gestiones a favor del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social tal como la Contraloría General de la República lo denunció en un informe.
En su escrito ante la instancia internacional, la vicepresidenta sostiene que el proceso de la SAC tiene que quedar sin efecto porque se trasgredió con sus acciones los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.
“Está en su derecho de presentar cualquier documento en su defensa y salvaguardar sus intereses, siempre y cuando ella considere que está siendo perjudicada”, declaró Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, para la prensa desde el Congreso. Este recalcó que se debe respetar a la Comisión y recordó que ninguna institución se encuentra por encima del mencionado organismo por lo que el “Congreso, como todo organismo, está supeditado a lo que recomiende la Corte Internacional”.
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