Contraloría halló responsabilidad penal en Mario Cahuapoma por la contratación irregular de un asesor en EsSalud

Mario Carhuapoma, el cuestionado expresidente ejecutivo de EsSalud, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Un informe de la Contraloría General de la República halló responsabilidad penal en el actual vicepresidente del Consejo Directivo del seguro social por la contratación irregular de un asesor suyo el año pasado.

Según el documento de control especifico 010-2022-2-0251, emitido el pasado 21 de junio, Carhuapoma Yance dispuso la designación del señor Roberto José Bedón Serpa como asesor de su despacho el 13 de agosto de 2021. Sin embargo, el detalle es que no había un expediente del nuevo funcionario que certificará que cumplía con todos los requisitos de rigor para su nombramiento.

Esto es como una carta con la propuesta para el puesto de confianza hasta el resultado final del procedimiento de revisión del perfil para el puesto. Al no contar con estos puntos, a Bedón se le habría favorecido también porque tenía a su hermano, Alberto Nieto Serpa, quien era gerente central de gestión de personas de EsSalud, área que tiene la potestad para intervenir en las contrataciones del personal.

En las recomendaciones de la Contraloría se indica que la Procuradoría Pública Especializada en Delitos de Corrupción inicie una acción penal contra Carhuapoma y los hermanos Roberto Bedón Serpa y Albino Nieto Serpa; quienes son los protagonistas en esta contratación prohibida por ley y que habría ocasionado una afectación a EsSalud por la suma de S/ 30 496,80.

Además, han sido incluidos los siguientes funcionarios: Ana Campos Ugarte, Simón Verastegui Gastelu, Martha Linares Barrantes y Boris León Eleguera y Nilza Borda Luna.

Hay que mencionar que Carhuapoma está siendo investigado por el Ministerio Público, a pedido de la Procuraduría Anticorrupción, por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

Esto se debe a la difusión de la carta de renuncia de Martha Linares Barrantes al cargo de gerenta general de Essalud. La defensa legal del Estado peruano, a cargo del procurador anticorrupción Javier Pacheco Palacios, planteó este pedido tras conocerse los motivos del cese laboral.

En dicho oficio, la exfuncionaria denunció la contratación irregular de personas por imposición de Mario Carhuapoma sin cumplir los perfiles requeridos para los cargos ni los procedimientos establecidos en las normas internas de esta entidad.

La última vez que se habló de Carhuapoma fue en marzo pasado. Según el portal Sudaca, el actual vicepresidente del Consejo Directivo del seguro social solicitó de inmediato solicitó dos asesores, una secretaria, un asistente administrativo, impresoras, anexos, equipos de cómputo, conexión a Internet, una movilidad, un chófer y asignación de combustible. Tales pedidos no corresponderían a su nuevo cargo.

Carhuapoma dejó el cargo de presidente ejecutivo de EsSalud el pasado 11 de enero. Sin embargo, la Resolución Suprema N° 002-2022-TR publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano dispuso que se mantenga únicamente como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

Sudaca indica que varios de los pedidos hechos por Carhuapoma no corresponden en su nuevo rol. Tal como se lo hizo saber el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), organismo de EsSalud que rechazó los pedidos el 21 de febrero.

Según lo indicado por el Fonafe, solo le correspondía tener una secretaria y un asesor experto en temas de seguridad social y afines.

“El citado encargo [ser vicepresidente] no implica ningún tipo de función administrativa que autorice a otorgar beneficios adicionales al cargo por sí mismo”, indica el documento, el cual también le sugiere que podría “solicitar que se acuerde otorgar dichos beneficios a todo el Consejo Directivo y que el citado acuerdo sea remitido a Fonafe para su aprobación”.

Vicente Castro, representante ante el Consejo Directivo de los asegurados que trabajan en el sector privado, reclamó por los pedidos de Carhuapoma: “Los que desempeñamos estos cargos sabemos lo que está normado, no podemos ir más allá. Él está solicitando algo a nombre propio. Su cargo es [ser] un reemplazo del presidente ejecutivo. Cuando pase [cuando reemplace a Gino Dávila], ahí tendrá todos los implementos que ahora solicita”.

El Consejo Directivo tiene dos sesiones ordinarias al mes, a las que asisten sus nueve miembros. Por cada reunión, los consejeros reciben una dieta de S/3.000.