El bono de S/ 550 anunciado por el Gobierno para los trabajadores del sector público podría significar una inversión de más de S/ 316 millones a la caja fiscal del Estado. Este se tiene pensado entregar al personal de Servir, diplomáticos, del INPE, CAS y los regulados por los Decretos Legislativos 276 y 728. Además, se tiene supuesto implementar un aumento de sueldos y otorgar más derechos laborales a los trabajadores.
Se recuerda que el Poder Ejecutivo había firmado un convenio colectivo con los trabajadores del sector público, donde se acordaba incrementar los sueldos de la mayoría de trabajadores del sector y la entrega de nuevos beneficios para ellos.
En el caso del bono de S/ 550 que se prometió a los trabajadores que se encuentren bajo los regímenes laborales regulados por el Decreto Legislativo 276, D.L. 228, D.L. 1057 (CAS), Ley 30057 (Servir), Ley 29709 (INPE), Ley 28901 (Diplomáticos). Este beneficio extraordinario, según publicó Fernando Cuadros, exviceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, en sus redes sociales, tendría un costo total de S/ 316 millones para el Estado.
AUMENTO DE SUELDOS
Por otro lado, relacionado con el incremento de sueldos acordados, esto significa un gasto anual permanente de S/ 514 millones para el Estado. Las remuneraciones a trabajadores del régimen regulado por el D.L. 276 tendría un incremento de S/ 222.7 en su sueldo mensual.
Además, se anuncia un incremento que llegaría al 60% de trabajadores del Estado, que, a fines de 2020, según Servir, eran 1,514,000 personas.
En tanto, para los trabajadores que se encuentran bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 y CAS (que representa el 13% y el 28% de la planilla del Estado, respectivamente) se logró acordar un incremento del “básico” de S/ 840 anual.
Por otro lado, el incremento acordado para la remuneración mensual de los trabajadores del Decreto Legislativo 276 (19% de la planilla del Estado y alrededor de 287 660 personas) fue de S/ 229.60.
Entonces, el costo total de los acuerdos llegados con los empleados del sector público es de S/ 830 millones.
Sin embargo, el convenio también señaló que se aprobarían excepciones presupuestales para la ejecución de los acuerdos suscritos, ya que terminan afectando a todos los niveles de Gobierno. Además, se garantizan algunos beneficios y derechos laborales, como otorgar las licencias con goce de haber no compensadas durante la pandemia y dar licencias sindicales a líderes de federaciones y confederaciones.
Del mismo modo, los trabajadores también lograron que se inicien las coordinaciones para la elaboración de una Ley de Teletrabajo en este sector. Esto se hace considerando que a partir del año 2023 el trabajo remoto dejará de utilizarse. De esa forma, la nueva norma aprobada establece pocas obligaciones de reparación por parte del Estado en favor de los funcionarios que aporten sus propios equipos, como computadoras e Internet.
Todo lo acordado entrará en vigencia en enero de 2023.
LEY DE NEGOCIACIÓN
En enero de 2020, el Gobierno publicó el Decreto Supremo que aprueba Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. Esta norma aprueba los Lineamientos para la implementación de la Ley Nº 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, el cual consta de cuatro Títulos, cuarenta y tres artículos, seis Disposiciones Complementarias Transitorias, y dos Disposiciones Complementarias Derogatorias.
Los lineamientos resultan de aplicación para las entidades del Sector Público a que se refiere el primer párrafo del artículo 2 de la Ley, así como para cualquiera que participe en el procedimiento de negociación colectiva en el Sector Público y los servidores públicos en cuyo nombre se lleva a cabo la negociación colectiva.
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