El presidente de la República, Pedro Castillo, se encuentra involucrado en un nuevo conflicto. Esta vez se trata de la construcción de un helipuerto informal ubicado en los terrenos de los padres del jefe de Estado, en Tacabamba, distrito de Chota, que se encuentra en funcionamiento desde abril de 2022 y del que ninguna entidad estatal se quiere hacer cargo.
De acuerdo con el informe presentado por el programa “Cuarto poder”, hay una contradicción sobre quién habría ordenado la construcción de esta obra, que presuntamente beneficiaría solo al presidente, pues le permite llegar y partir con toda comodidad y sin necesidad de registrarse previamente. Además, esta obra no habría sido declarada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Tras este hecho, el secretario de prensa del Palacio de Gobierno, Rodolfo Idrogo, señaló que la obra se trataba de “un terraplén realizado a solicitud de los familiares del presidente y vecinos con fines múltiples para la comunidad”.
Sin embargo, cuando se le consultó al alcalde de Tacabamba, Walter Agip, acerca de la procedencia de la obra, este asegura que dicha construcción informal ha sido montada “en una propiedad privada y, por ende, se puede construir lo que al dueño le plazca”.
Pero esta no sería la única contradicción en el mencionado caso, ya que en el informe periodístico, el alcalde detalló que el helipuerto informal no era parte de las obras de su gestión; no obstante, hay testigos de la zona que afirman que la maquinaria usada para llevar a cabo la construcción (un cargador y un rodillo) pertenecía a la municipalidad de Tacabamba.
Cabe resaltar que si se llega a corroborar que esta obra ha sido ejecutada “a pedido de la familia” de Pedro Castillo, quien utiliza el espacio implementado en casa de sus padres, se podría iniciar una nueva investigación en contra del mandatario, la cual según el exministro Pedro Cateriano, debería estar a cargo de la Contraloría General de la República.
Cateriano también resaltó que estas acciones podrían constituir “un delito de peculado” si se comprueba la existencia de una posible “malversación de fondos”.
TRÁMITE DE APELACIÓN
El Poder Judicial admitió a trámite la apelación que presentó el presidente Pedro Castillo, con el que busca ser excluido de la investigación preliminar que lleva a cabo la Fiscalía de la Nación por el caso Provias Descentralizado - Puente Tarata.
El juez supremo Juan Carlos Chekley Soria adoptó esta medida al determinar que el recurso interpuesto por el jefe del Estado, mediante su defensa legal, cumplió los requisitos establecidos por la ley para que sea revisado en segunda instancia.
Ante ello, el magistrado dispuso “conceder” este recurso de apelación y remitirlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema con el objetivo de que sea evaluado en una audiencia virtual a programar con la participación de las partes involucradas a fin de emitirse una decisión final al respecto.
Como se sabe, Pedro Castillo apeló el último jueves a la resolución donde el mencionado juez supremo declaró infundada la tutela de derechos que interpusieron para anular la disposición de la Fiscalía de la Nación donde se ordena su incorporación en la referida investigación preliminar.
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