El Congreso de la República decidió censurar a Dimitri Senmache, quien ocupó el cargo como titular de la cartera del Interior hasta hoy, por su evidente responsabilidad política en la escandalosa fuga del exministro de Transportes, Juan Silva, desde el pasado 7 de junio. Ahora se discute quién será el sexto encargado de liderar el Mininter.
Sin embargo, con Senmache ya fuera del sector, Rubén Vargas, exministro del Interior, señaló en entrevista con Infobae que el Ministerio Público debería investigar este asunto no en el marco de de las responsabilidades operacionales, funcionales y políticas, sino desde el ámbito del encubrimiento.
¿El ministro del Interior Dimitri Senmache estuvo bien censurado?
Sí. Es parte del control político que realiza el Congreso de la República. El señor Dimitri Senmache tiene y tuvo la responsabilidad política por el escándalo que ha permitido la fuga del señor Juan Silva. Corresponde también a partir de decisiones que tomó el ministro del Interior que nos hace sospechar válidamente que, probablemente, [Juan Silva] no solamente pasó a la clandestinidad por la inoperancia del grupo de policías que estaban a cargo de su videovigilancia, sino hay algunos elementos de convicción que podrían indicar de que estamos ante un probable caso de encubrimiento.
¿A qué elementos se refiere?
Cuando el señor Senmache, desde el comienzo de esta historia, pretendió decirnos que Silva al igual que Bruno Pacheco y el sobrino del presidente Castillo eran algunos de los miles de requisitoriados que la Policía tenía que capturar, eso no correspondía a la realidad. Estamos hablando, según el Ministerio Público, de una probable estructura criminal que estaría encabezada nada menos que por el presidente de la República. Que están en la cima o los circulos del poder. Entonces, no es posible que [Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez]hayan sido tratados como unos simples raqueteros requisitoriados. Creo que ese fue el primer gran error que cometió.
¿Senmache no dijo la verdad sobre la videovigilancia a Silva?
El exministro pretendió confundir a la opinión pública y, desde mi punto de vista, mintió al Congreso sobre la naturaleza de la orden emitida por el Poder Judicial. No se trataba de videovigilancia por un tema especifico y no se reducía a un inmueble. De acuerdo a la disposición fiscal, correspondía a los lugares que Silva transitaba. Estamos hablando de un plan contra el investigado por 24 horas.
Un seguimiento, podría decirse.
Así es. Eso es lo que se señala en los protocolos de la observación, la vigilancia y el seguimiento que también es conocido como OVICE de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Ahí está señalado en la doctrina de la inteligencia de la Policía. Mi siguiente elemento de convicción tiene que ver con la colaboración de un ciudadano, quien informó sobre la ubicación del señor Silva. Pero resulta que la Policía reventó otra puerta del vecino y ups no lo encontró. Por favor, no todos seamos ingenuos.
¿Qué acciones debería tomar el Ministerio Público frente a estos actos?
Creo que corresponde al Ministerio Público investigar no en el marco de las responsabilidades operacionales, funcionales y políticas, sino desde el ámbito del encubrimiento. Debe investigarse a los policías que estuvieron a cargo de la videovigilancia de Silva, más aún que hay un elemento adicional.
¿Cual?
Según lo que ha señalado una investigación del diario El Comercio, hay policías de la escolta del presidente que habrían tenido conexión o relación con el señor Silva. Y lo mismo también con agentes de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Con esto cierro, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, que está a pocos metros del despacho del ministro, debería haber informado sobre este conjunto de situaciones que le describo. El ministro no podía hacerse el desentendido porque precisamente, frente a casos como el del señor [Juan] Silva, despacha todos los días con la Dirección de Inteligencia para que tome las decisiones que corresponde. Hay una absoluta inoperancia y falta de cuidado en el cumplimiento de sus responsabilidades operativas y funcionales.
Una muestra de lo que menciona es que, por ejemplo, Fray Vásquez, el sobrino del presidente Castillo, o Bruno Pacheco se conectan en audiencias judiciales desde celulares y brindan entrevistas a medios de comunicación. Y uno se pregunta: ¿Por qué la Policía no los rastrea y los capturan?
La tecnología que cuenta la Policía Nacional es suficiente como para hacer una triangulación y ubicarlos. El punto exacto donde está ese IP o esa computadora en la que se han conectado. Eso se puede hacer si se quiere.
El abogado de Juan Silva dice que se va entregar y proporcionará pruebas. ¿Ese podría ser el fin para el gobierno?
Lo que queda claro es que la captura de Silva y si el señor (Bruno) Pacheco se pusiera a derecho o se acogiera a la colaboración eficaz, el perjudicado sería, según el Ministerio Público, el que lideraría esta estructura criminal que es el señor Pedro Castillo.
Algo que me olvidaba del exministro Senmache es que tuvo un lapsus al decir que Silva estaba fuera del país. ¿Usted cree que ya haya cruzado la frontera?
Como te comentaba, a quien le conviene que al señor Silva desaparezca es la cabeza de la estructura criminal que está investigando el Ministerio Público. A partir de allí, (Juan Silva) le puede pasar cualquier cosa. Las reglas del hampa son bastantes claras en ese sentido.
¿Hay un uso político de la Policía en este gobierno?
Creo que, de manera paulatina y constante, desde Palacio de Gobierno se ha ido coptando ciertos espacios de la Policía Nacional. Eso, creo, también es materia de investigación penal. Recordará usted la denuncia que hizo, en su oportunidad, el subcomandante de la Policía que algunos efectivos habrían pagado para obtener sus ascensos de manera irregular.
Esto se complementa también con los constantes cambios en la comandancia general.
No solamente los constantes cambios, sino también la sanción a los oficiales que investigaron a los “Dinámicos del Centro”, a los que contribuyeron con el Ministerio Público con los allanamientos e investigaciones por lavado de activos por probables vínculos de con grupos terroristas por parte de personajes del gobierno. No olvidemos: a esos oficiales los sancionaron.
¿Qué perfil debería tener el próximo ministro del Interior?
Una de las consecuencias de esta precarización que tengamos cinco o seis ministros en once meses de gobierno, convierte al sector Interior en uno de los más inestables. Y eso genera consecuencias, por ejemplo, en el tratamiento de cómo enfrentar la inseguridad. Qué gestión seria podría ejecutar los presupuestos de inversión que necesita la Policía para comprar la logística adecuada y enfrentar el problema de la inseguridad. Cómo podemos pedir a la Policía que cumpla con su trabajo de brindar seguridad si desde el Ministerio del Interior se puede formula un expediente técnico que permita comprar más vehículos policiales, más computadoras para la atención de los ciudadanos en las comisarías, que permita interconectar los patrulleros, eso es expediente técnico e inversión pública. Eso, obviamente, no se puede hacer con cinco o seis ministros en once meses. Usted me pregunta cuál debería ser el perfil. Creo que el problema no es el ministro del Interior, sino el presidente de la República. [Pedro Castillo] Contribuye a que aumente la percepción de inseguridad y delincuencia.
Tiene relación porque, según el exviceministro Nicolás Zevallos, el sector solo ha gastado el 33% de su presupuesto en esta primera mitad del año.
Una de las consecuencias de esta alta votalidad de ministros es, precisamente, esa baja ejecución del presupuesto que usted menciona del 33% en este primer semestre. Ahora, habría que verificar y analizar la calidad de la inversión de ese 33% porque, probablemente, también estemos allí frente a casos de corrupción que es el denominador de este gobierno.