La ‘Ley mordaza’ de Pedro Castillo y las consecuencias que traería a la libertad de prensa en el Perú

El pasado viernes, el primer ministro Aníbal Torres anunció la aprobación de un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Según explicó el abogado, no es correcto brindar información reservada al público, pues muchas veces esto tiene el “propósito de imputar la comisión de delitos”. Esta iniciativa fue duramente criticada por distintos sectores de la población, ya que interfiere en la recaudación de información propia de la labor periodística. Sin acceso a estos datos, no es posible fiscalizar a los agentes políticos. Especialistas en materia legal consultados por Infobae coincidieron en que esta norma contraviene a la Constitución y refleja un principio poco democrático.

El 28 de junio los ministros de la PCM sorprendieron al país al revelar una nueva iniciativa que limitaría la libertad de prensa. ¿En qué consiste esta norma? Según las declaraciones de Aníbal Torres, se pretende impedir a los fiscales brindar información acerca de las investigaciones penales que llevan a cabo. La sanción implicaría, en algunos casos, hasta cuatro años de prisión preventiva de la

De igual manera, el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Félix Chero, se refirió a esta iniciativa y resaltó el carácter negativo de ofrecer información sobre las investigaciones. El titular afirmó que esto pone en “riesgo” a la investigación y sus implicados. “(Revelar información) desnaturaliza la esencia de la investigación, pone en riesgo la investigación misma y pone en riesgo a quienes se encuentran sujetos a investigación”, recalcó Chero.

Chero también califico de “privilegio” a la información sobre investigaciones penales y precisó que solo tendrían acceso a ella las personas implicadas en tal proceso legal (investigados, agraviados y abogados) y los operadores de justicia (juez, fiscal).

Pero acceder a información no es un “privilegio”. Uno de los derechos fundamentales de las personas es la libertad de expresión, y ello implica el derecho de todas las personas de acceder a información relevante para la sociedad, como lo es la información respecto a las investigaciones que enfrentan nuestras autoridades. Sin embargo, de acuerdo a lo detallado por los ministros, esta iniciativa solo beneficiaría a los individuos implicados en las investigaciones penales, pues se mantendría en secreto las acusaciones que son imputadas en su contra.

Infobae conversó con Ana Jara, abogada y expresidenta del Consejo de Ministros, quien indicó que antes de la promulgación de una norma, cada funcionario debe evaluar cuál es el costo-beneficio de una norma. La especialista recalcó que el silencio de los fiscales no brindan un beneficio para la sociedad. Por el contrario, afectan el principio de transparencia. Sin embargo, anunció que, en un escenario en el cual el presidente de la República cursa investigaciones penales, esta norma podría beneficiar al gobierno actual.

“En este escenario, en esta coyuntura nacional, esta ley tendría el nombre propio y es Pedro Castillo, porque se da en el contexto de una serie de investigaciones de denuncias por irregularidades con ribetes de delitos penales que involucran por primera vez, por lo menos en la historia republicana del Perú, investigaciones abiertas que involucran a quienes están ejerciendo el poder desde el gobierno”, alertó.

No obstante, la letrada informó que sancionar a los operadores de justicia que brinden información sobre los procesos e investigaciones penales resulta una medida inconstitucional, pues interviene principalmente en el derecho a la libertad de expresión. Además, indicó que niega a la prensa desarrollar su labor de fiscalización al poder político.

Jara también señaló que esta medida también pone en riesgo la labor fiscal, pues condiciona la información que brindan y pueden ser perjudicados por ello: “Se puede usar esta iniciativa legislativa como un arma de amedrentamiento a los operadores de justicia. Es un arma de amedrentamiento porque están diciendo qué deben filtrar y qué no. Los avances de una investigación que tienen carácter de reservada finalmente los fiscales pagarán con su destitución, porque eso es lo que busca la norma: Amedrentarlos”.

Si bien esta norma, de acuerdo a lo mencionado por Aníbal Torres, no está enfocada en periodistas sino en operadores de justicia, igualmente perjudica la labor periodística, pues impide a los comunicadores acceder a información de procesos penales. En otras palabras, no se podrá conocer el estado de las investigaciones que enfrentan importantes personajes políticos en el país ni fiscalizar estos procesos.

En comunicación con Rodrigo Salazar Zimmermman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, explicó que la labor de la prensa en Perú puede verse perjudicada si sancionan a las fuentes que proporcionan información para las investigaciones periodísticas.

“Será más difícil para un periodista conseguir información por el riesgo que correrán las personas que filtren esta información [...] el origen de la información será más complejo de conseguir. ¿Cómo van a confiar en los periodistas para darles información si pueden ir presos?”, advirtió.

El comunicador señaló que los grandes descubrimientos periodísticos han sido comunicados gracias a la labor de las investigaciones y el acceso a las fuentes de información.

Por otro lado, Zimmermman recalcó el rol del Parlamento peruano para decidir el futuro de esta norma. “Si el Congreso está realmente comprometido con la lucha contra la corrupción y con la libertad de prensa, este proyecto debe ser archivado. Si Maricarmen Alva, que ha abierto el hemiciclo después de tanta insistencia, y ha dicho que está comprometida con la libertad de prensa, esto tiene que ser archivado”, advirtió.

No es primera vez que desde el Congreso y Ejecutivo se impulsan iniciativas o acciones que afectan el principio de transparencia propio de todo gobierno. El politólogo Javier Albán conversó con Infobae y mencionó que la promulgación de la norma no representa un gobierno democrático.

El experto en Ciencias Políticas afirmó que mantener bajo secreto las investigaciones penales solo refleja lo deteriorada que está la confianza hacia las autoridades políticas. Albán indicó que si un gobierno quisiera recuperar ese valor, saldría a responder ante las inquietudes de la población.

“Un gobierno democrático restauraría todo lo posible por restaurar la confianza, sería transparente daría explicaciones saldría a explicar sobre las investigaciones, las razones de sus acciones. Todo lo que puedan ser signos de confianza”, sugirió.

Por último, y al igual que los especialistas anteriores, el politólogo enfatizó que existe mucha coincidencia entre la situación actual legal del presidente Pedro Castillo y la presentación de esta norma. El experto aseguró que esta medida podría significar un conflicto de intereses.

“Es curioso que justo cuando están saliendo cosas que comprometen a Castillo a un nivel bastante complicado, ahora le preocupa las investigaciones penales. Además, el problema también es que puede linear con el interés de otros partidos que tampoco tienen que se investiguen necesariamente a sus líderes y que pueden estar que pueden haber tenido casos problemas similares”, dijo.

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