Este jueves 30 de junio la comisión de Fiscalización del Congreso de la República realizó una reunión extraordinaria donde se aprobó el informe final de la investigación que realizó sobre los casos Sarratea, Puente Tarata III y las presuntas irregularidades en los ascensos en las FF. AA. así como las inferencias ante el jefe de la Sunat, Luis Vera.
Finalizado el debate, se procedió a la votación, la misma que culminó con 9 votos a favor, 3 en contra y una abstención. El siguiente paso será se debate en el Pleno del Congreso a fin de que sea aprobado en dicha instancia.
El informe final involucra a 26 personas, entre ellas, al presidente Pedro Castillo al que se le atribuye los siguientes delitos, de acuerdo a la comisión de Fiscalización:
- Caso Puente Tarata III (Ministerio de Transportes y Comunicaciones): Organización criminal, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y enriquecimiento ilícito.
- Caso pasaje Sarratea (Breña): Organización criminal, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
- Caso ascensos en las FF. AA.: Tráfico de influencias, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
- Caso injerencias ante el jefe de la Sunat: Tráfico de influencias.
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ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
Según el diario Gestión, el informe final de la comisión de Fiscalización consta de 362 páginas y sus conclusiones son favorables para el presidente Pedro Castillo, ya que le atribuiría la comisión de cinco delitos en los cuatro casos señalados. También está comprendido el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.
En esa línea, dicho grupo de trabajo recomendaría acusar constitucionalmente al jefe de Estado, a Juan Silva, y al exministro del Interior Juan Carrasco. En el caso de las irregularidades en los ascensos en las FF. AA. se busca denunciar al extitular de defensa Walter Ayala.
Otras personas comprometidas en el informe son Bruno Pacheco, Karelim López, Zamir Villaverde, Fray Vásquez, Gian Marco Castillo, y los seis congresistas de Acción Popular al que se les ha denominado “Los niños”.
RECHAZAN INFORME
Por su parte, el abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, apeló al artículo 117 de la Constitución Política del Perú para señalar que Pedro Castillo, como presidente de la república, no puede ser acusado constitucionalmente ya que el mencionado artículo señala que tampoco puede ser investigado durante el desarrollo de su mandato a excepción de casos específicos. Asimismo, hizo mención al artículo 97 de la Carta Magna.
“No puede ser acusado constitucionalmente porque hay que leer el dispositivo del artículo 97 de la Constitución con el 117. El presidente no puede ser investigado ni en el fuero judicial, ni en el fueron fiscal, ni en el fuero parlamentario, distinto a los casos previstos en el 117 que regula la traición a la patria como delito y tres infracciones constitucionales”, señaló la defensa legal de Pedro Castillo.
“Es grave que se concluya que están probados actos de corrupción y que recomienda investigar, porque la Fiscalía ya lo está investigando (a Pedro Castillo). No puedes decir que está probado y al mismo tiempo decir que hay indicios”, mencionó.
Por otro lado, sobre la decisión de no recibir a la comisión de Fiscalización el pasado lunes 27 de marzo, fue el mismo Espinoza quien recomendó al jefe de Estado no declarar ante el grupo de trabajo. “He recomendado que no se reciba a la Comisión señalando que no trabaja con imparcialidad, sino que busca levantar cargos”, dijo el domingo por la noche en conversación con un dominical.
“Una declaración debe ser la concreción del derecho a ser oído con objetividad, imparcialidad y debido proceso, sino es mera formalidad”, dijo a Latina Noticias. Luego señaló que el presidente de la comisión ha adelantado opinión al señalar que se tienen pruebas contra el presidente. “Dice que el lunes tomamos la declaración y el miércoles presentamos el informe final”, recalcó.
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