Poder Judicial citó a Alejandro Toledo como testigo al juicio contra Ollanta Humala

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial citó al expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos a la espera de ser extraditado, como testigo en el juicio que se le sigue al también exmandatario Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos. La comparecencia del exfundador del desaparecido partido Perú Posible será el 22 de agosto.

De igual manera, el juzgado dispuso que el excongresista Álvaro Gutiérrez también rinda su declaración en el juicio contra Humala Tasso para el 6 de setiembre. Ayer se recogieron los testimonios de Julia Romero Luján, Elsa Huamaní Núñez, Diego Vera Tudela Quincot, Gonzalo Padilla Benavides y David Yauri Benites.

Según la fiscalía, el expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia habrían recibido dinero proveniente de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña electoral de 2011. A cambio de ese respaldo, la ex pareja presidencial destinó el 2.5% del valor de la obra Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud Hospital Antonio Lorena Nivel lll-l Cusco, tras adjudicarse dicha obra a la empresa OAS.

Adicionalmente, Humala Tasso que habría destinado parte del dinero maculado al financiamiento de la campaña electoral de 2011 del Partido Nacionalista, realizado con su esposa, en complicidad con Mario Julio Torres Aliaga, entonces tesorero de esta organización política.

Volviendo al caso del expresidente Toledo, ayer se reveló que a mediados de junio inició los trámites para solicitar un nuevo pasaporte en el Consulado de Perú ubicado en San Francisco, EE.UU. Realizó estas gestiones en medio del proceso que atraviesa de extradición de Estados Unidos a Perú.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a través de un oficio, informó el hecho a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de La Fiscalía de la Nación, dirigido al despacho dela jefa de la institución, Rocío Gala Gálvez. Posterior a esto, el 23 de junio, la Cooperación indicó que el procedimiento que viene realizando Toledo es regular, puesto que no existe impedimento legal o judicial para tramitar dicho documento. Además, recordaron que el pasaporte serviría como documento de identificación en países del extranjero.

Luego de emitirse esta información, la magistrada Gala Gálvez dio cuenta de esta solicitud al Segunda Fiscalía Superior de Lavado de Activos, liderada por el fiscal superior Rafael Vela, quien habría solicitado a la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima que analice las medidas legales necesarias para que las autoridades correspondientes se encarguen que Toledo no pueda salir de Estados Unidos.

Esto teniendo en cuenta que “la solicitud de un nuevo pasaporte podría implicar un probable desplazamiento fuera del territorio de los Estados Unidos”. Recordemos que el expresidente de la República atraviesa un proceso de investigación en el país por el caso Ecoteva; además, en EE.UU., el exmandatario también se encuentra investigado por funcionarios peruanos por el caso Odebrecht.

En otro de los oficios con fecha de hoy, 27 de junio, se dirigen al fiscal superior de Lavado de Activos. En este, remitido por la también fiscal superior Rocío Gala Gálvez, jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, se informa que ya se ha cursado oficios a la Oficina de Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores comunicando al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la nueva solicitud del exfuncionario de la Nación, Alejandro Toledo.

Desde un documento enviado al Noveno Circuito de la Corte de apelaciones, el gobierno Estados Unidos señaló que el gobierno peruano ha cumplido con lo necesario para justificar la extradición del exjefe de Estado.

En su nuevo intento por frenar el proceso de extradición, el expresidente Toledo habría utilizado medidas similares que ya habrían sido rechazadas por el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos. La decisión sobre el futuro se encuentra ahora en manos de un tribunal, pero la fiscalía federal ha señalado que esta decisión “debe guiarse por principios legales sólidos”.