Tras la filtración de las declaraciones de Karelim López ante la fiscalía, el gobierno de Pedro Castillo presentó un proyecto de ley que sancionaría a quienes compartan información de las investigaciones reservadas, tal como ha sucedido en su caso. Desde el Ejecutivo se ha mostrado una defensa a la propuesta, así como aquellos cercanos al gobierno de turno desde el Congreso como lo es la bancada de Perú Libre.
El vocero del grupo parlamentario oficialista, Waldemar Cerrón, mostró un férreo respaldo al proyecto de ley presentado recientemente, llegando a señalar que se busca proteger “la integridad” de aquellos que son denunciados ante las autoridades.
“Me parece correcto al 100%, no se le quita la libertad de expresión a nadie, lo que se está salvaguardando es la integridad de todos los peruanos que son denunciados y luego de que se les demuestra la inocencia y nadie les devuelve el honor”, señaló Waldemar Cerrón.
“Si yo escribo algo, soy el responsable, entonces si hay una acusación fiscal y se esta escribiendo sobre eso entonces debe publicarse de manera abierta, cualquier diario que se anexe a la fiscalía y el fiscal publique la carpeta de manera abierta y se haga responsable”, agregó en conversación con la prensa.
Desde el Ejecutivo, la defensa al proyecto de ley presentado por Aníbal Torres la encabezó el ministro de Cultura, Alejandro Salas. Este aseguró que se mantendrá el respeto hacia la libertad de expresión y aseguró que lo propuesto no pretende sancionar a los medios de comunicación. Sin embargo, quienes sí estarían en peligro son los jueces y fiscales que participan de las investigaciones reservadas.
“Este proyecto de ley no incluye a los medios de comunicación. Que un medio de comunicación obtenga una información y la pueda difundir porque considera que es parte del interés público, es talento y es trabajo del periodista, el periodista no tiene acá nada que ver. La libertad de expresión se va a respetar siempre en este Gobierno”, dijo Salas.
Cabe recordar que durante los últimos meses, la población ha podido conocer sobre los diversos supuestos actos de corrupción del gobierno de turno a partir de la filtración de declaraciones al Ministerio Público. Lo dicho por la colaboradora eficaz Karelim López supuso un duro golpe para la imagen del presidente Pedro Castillo, quien ya se encuentra en calidad de investigado por las autoridades y el Congreso.
VOZ EN CONTRA
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, mostró su rechazo al intento de criminalización que se impulsa a partir del proyecto presentado por Aníbal Torres. Barrios señaló que ya existe una norma que sanciona al fiscal o juez que revele esta clase de información reservada.
“Disciplinariamente se sanciona al magistrado, tanto al juez o fiscal, que revela información sensible, eso está previsto en la norma. El tema de que se criminalice este comportamiento no los consideramos adecuado. Yo lo he dicho, la pregunta que habría que hacerse es: ¿qué hay tras esta norma? Si no es una limitante a la libertad de prensa”, señaló.
Asimismo, resaltó la labor de la prensa en la revelación de hechos cuestionables por lo que instó a que no se limite la labor de los medios de comunicación. “Ha habido muchos actos de investigación de la prensa que han contribuido a esclarecer los hechos y esto hay que ponerlo de relieve y darle valor, no limitar a través de una norma”, sostuvo.
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