La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó la reconsideración planteada por el congresista Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) contra el archivamiento de la denuncia constitucional presentada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Manuel Merino y los exministros Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez, quienes fueron acusados por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez durante las manifestaciones en noviembre del 2020.
Los integrantes de la subcomisión que votaron en contra de la reconsideración fueron Rosío Torres, titular del grupo de trabajo; María Acuña (Alianza para el Progreso), Martha Moyano y Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País), quien fue el ponente del caso que recomendó mandar al archivo la acusación presentada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Merino, Flores Aráoz y Rodríguez.
En tanto, los congresistas Waldemar Cerrón y Elizabeth Taipe (Perú Libre), Jorge Flores (Acción Popular) Edgar Reymundo (Cambio Democrático) Paúl Gutiérrez y Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) votaron a favor de la reconsideración.
Por su parte, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) y Wilson Soto (Acción Popular) estuvieron ausentes. En tanto, José Jerí (Somos Perú) y Alfredo Pariona (Perú Libre) pidieron licencia.
Con esta decisión, el Ministerio Público estará impedido de continuar con la investigación contra los tres acusados, quienes cuentan con el “beneficio de antejuicio”. Estos fueron acusados por haber cometido los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves. En los últimos días, varias instituciones rechazaron la decisión del Congreso respecto al caso de Merino y sus exministros.
El adjunto por los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, informó que se evaluarán las medidas para acudir a instancias internacionales. Sin embargo, no se trataría de la única medida a tener en cuenta en la búsqueda de justicia por ambos fallecimientos.
“Se evaluará con las respectivas familias los siguientes pasos e indica que pueda ser uno de ellos (acudir a instancias internacionales). Lo otro es que el Estado continúe reparando los daños, las lesiones que han sufrido las víctimas de estas movilizaciones”, señaló Castillo a la prensa. Además, recalcó que se debe velar por el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.
“Existe una obligación del Estado de investigar exhaustivamente toda violación a derechos humanos”, indicó para luego recalcar que, respecto a la decisión tomada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso “con la votación producida, hasta el momento el tema está cerrado” en dicha institución.
De otro lado, Miguel Jugo, secretario Adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), indicó que con esta decisión, el Congreso evidencia las trabas que pretenden colocar en la investigación contra Merino, quien es acusado por delitos de homicidio, lesiones graves y leves. Los agravados, Sotelo y Pintado, fueron víctimas mortales de las acciones de aquella noches.
Asimismo, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, se unió a los cuestionamientos del informe de Cavero sobre las muertes de ambos jóvenes e indicó que “el Congreso debería, más bien, facilitar que todos puedan ser investigados, y no hacer un blindaje”.
Finalmente, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú, Marina Navarro, mediante un oficio enviado a la Subcomisión, señaló que durante las marchas del 14 de noviembre se evidenció violencia por parte de la policía que debe ser investigado por las autoridades competentes.
“Rechazamos el archivamiento de la denuncia contra Merino de Lama, Flores Aráoz y Rodríguez Limo, impidiendo que se continúe investigando a quienes tenían la obligación de proteger la vida e integridad de quienes ejercían pacíficamente su derecho a la protesta el 14 de noviembre”, indicó la entidad internacional que vela por los derechos humanos.
En ese sentido, la organización dijo que es una afectación directa al derecho a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas y familiares; en ese sentido se espera que la Comisión del Parlamento que está viendo este caso reconsidere su aprobación este lunes”.
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