Defensoría del Pueblo lamentó archivamiento de la denuncia contra Manuel Merino

La ratificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre su decisión de envíar al archivo la denuncia constitucional contra Manuel Merino y dos de sus ministros ha generado el rechazo de buena parte de la población y de la Defensoría del Pueblo. Esta medida afecta las investigaciones para encontrar a los responsables de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas de noviembre del 2020.

El adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, manifestó su malestar por la decisión tomada desde el Congreso de la república. Este dijo que se “frustra la posibilidad de hacer una investigación exhaustiva sobre la responsabilidad de los hechos acontecidos en noviembre del 2020″. Es así que Manuel Merino, quien ocupó la presidencia por seis días, no llegaría a ser investigado por lo sucedido.

“La idea era se permita que se investigue ampliamente en el ámbito del Ministerio Público y el Poder Judicial todos niveles de responsabilidad involucrados en los hechos. Lastimosamente, eso no va a poder ocurrir con esta decisión”, dijo Castillo en conversación con el diario El Comercio. Sin embargo, se estaría buscando la manera de seguir con otro procedimiento a fin de que los familiares de las víctimas obtengan justicia.

Entre las alternativas a considerar, se encuentra la posibilidad de que los familiares presenten una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Es un procedimiento que puede tomar un tiempo, pero existe jurisprudencia consolidada en la corte y la comisión sobre el tema”, recalcó Castillo.

Una segunda opción, dijo, sería recurrir al propio Poder Judicial peruano, pero advirtió reparos. “Vemos que eso tiene sus tiempos. Aquí ya se habría configurado el supuesto en que se agotó la vía interna y quedaría abrir paso en la vía internacional […] El Poder Legislativo nunca ha acatado una orden judicial, demás está recurrir a la vía judicial interna”, acotó.

Los integrantes de la subcomisión que votaron en contra de la reconsideración fueron Rosío Torres, titular del grupo de trabajo; María Acuña (Alianza para el Progreso), Martha Moyano y Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País), quien fue el ponente del caso que recomendó mandar al archivo la acusación presentada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Merino, Flores Aráoz y Rodríguez.

En tanto, los congresistas Waldemar Cerrón y Elizabeth Taipe (Perú Libre), Jorge Flores (Acción Popular) Edgar Reymundo (Cambio Democrático) Paúl Gutiérrez y Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) votaron a favor de la reconsideración.

Por su parte, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) y Wilson Soto (Acción Popular) estuvieron ausentes. En tanto, José Jerí (Somos Perú) y Alfredo Pariona (Perú Libre) pidieron licencia.

Con esta decisión, el Ministerio Público estará impedido de continuar con la investigación contra los tres acusados, quienes cuentan con el “beneficio de antejuicio”. Estos fueron acusados por haber cometido los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves. En los últimos días, varias instituciones rechazaron la decisión del Congreso respecto al caso de Merino y sus exministros.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú, Marina Navarro, mediante un oficio enviado a la Subcomisión, señaló que durante las marchas del 14 de noviembre se evidenció violencia por parte de la policía que debe ser investigado por las autoridades competentes.

“Rechazamos el archivamiento de la denuncia contra Merino de Lama, Flores Aráoz y Rodríguez Limo, impidiendo que se continúe investigando a quienes tenían la obligación de proteger la vida e integridad de quienes ejercían pacíficamente su derecho a la protesta el 14 de noviembre”, indicó la entidad internacional que vela por los derechos humanos.

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