La difusión de las declaraciones de Karelim López a la Fiscalía sobre los supuestos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, permitieron que la ciudadanía conozca un poco más de estos casos. Ante esto, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que busca sancionar la difusión de este tipo de información. Al respecto, la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, se mostró en contra.
La cabeza de la Defensoría del Pueblo señaló que lo propuesto afecta las libertades y aseguró que debería haber una ponderación entre lo que se considera reserva de la información y la necesidad de informar.
“Este proyecto es la más clara expresión de lo que significaría recortar las libertades en nuestro país, porque si bien es cierto tiene que haber una ponderación de derechos entre lo que es la reserva de la investigación y la necesidad de informar sobre aspectos relevantes que tienen trascendencia, como por ejemplo actos de corrupción que vinculan a personalidades en el país, ahí tiene que haber una ponderación”, declaró a la prensa.
Sobre las medidas a aplicarse a los implicados en la difusión de información de las investigaciones indicó que debería abrir un proceso disciplinario, pero no se les tendría que atribuir la comisión de un delito.
“El hecho de generar un delito es menoscabar esa función. Finalmente, si a la reserva un juez o un fiscal puede atentar contra ella, se le puede abrir un proceso disciplinario, pero de ninguna forma se le puede atribuir la comisión de un delito. Esto justamente transgrede el principio de máxima autoridad, el principio de transparencia. Como es que los periodistas obtienen y mantienen en secreto sus fuentes en el ejercicio de su importante labor”, manifestó.
POLÉMICA MEDIDA
El primer ministro, en conferencia de prensa, indicó que en la última sesión de Consejo de Ministros se ha aprobado este proyecto ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. “La investigación penal, en su etapa preliminar, inicial, es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público y no hay reserva”, expresó el premier.
Torres explicó que con este proyecto de ley se buscará evitar la divulgación de información reservada de procesos fiscales y precisó que la sanción sería de cuatro años de prisión efectiva para los infractores.
“¿Qué sucede en la actualidad? En estas investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público, a veces seleccionado tal o cual información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder, por eso estamos presentado al Congreso un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine y sea sancionada hasta en algunos casos, con cuatro años de pena privativa de la libertad”, dijo el titular de la PCM.
En tanto el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, explicó que con la medida se busca “proteger” la presunción de inocencia de investigados. En ese sentido, recalcó que, “en lo absoluto”, se va a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.
Cabe recordar que este proyecto de ley fue anunciado con anticipación por el ministro de Justicia, el pasado 13 de junio. Ante ello, dijo que con este proyecto se pretende evitar la filtración de información, la cual solo sería de conocimiento cuando el proceso pase a la etapa de juzgamiento.
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