Hace cinco años, el centro de Lima fue escenario de una terrible tragedia. La galería Nicolini, en la cuadra 2 de la avenida Argentina (Cercado de Lima) ardió en llamas por siete días. Lo más alarmante fue que las únicas víctimas mortales eran dos jóvenes que habían sido encerrados en un almacén.
Dos años después, en 2019, un peritaje del Colegio de Ingenieros determinó que todo el edificio debía ser demolido; estaba totalmente calcinado, en condiciones de inhabitabilidad con alto riesgo de colapso. Pero las labores de demolición no iniciaron hasta el 14 de marzo de 2022.
¿ESCLAVITUD MODERNA?
Cuando se descubrieron todos los detalles del caso de los dos jóvenes, muchos medios y personas lo calificaron como una forma moderna de esclavitud. El abogado penalista Carlos Rodas, socio y fundador de Rodas & Asociados e IDPE Instituto Derecho Penal, está de acuerdo.
“La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en una campaña para redes sociales desarrollada en el marco del proyecto ‘Bridge: Del Protocolo a la práctica. Un puente para la acción global contra el trabajo forzoso’, incluyó este caso como un ejemplo de esclavitud moderna en el Perú”, dijo en conversación de Infobae.
“A pesar de que podemos discutir si los dos jóvenes tenían posibilidad de negarse a realizar las actividades de cambio de etiquetas de los fluorescentes al interior del contenedor, las condiciones infrahumanas en que realizaban tal labor, el encierro en el contenedor, las edades de los jóvenes y su situación de vulnerabilidad permiten calificar dicha actividad como una forma de esclavitud moderna”, agregó.
LA CONDENA
En junio del 2018, la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó 35 años de prisión para Jonny Coico Sirlopu y 32 años para Vilma Zeña Santa María, dueños de los contenedores donde se había habilitado un taller informal de tubos fluorescentes.
Coico fue hallado culpable de los delitos de violación de la libertad personal, trata de personas agravada con fines de explotación y esclavitud con consecuente muerte; y Zeña, por los delitos de violación de la libertad personal y trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud.
Un año después redujeron sus condenas a 30 y 15 años, respectivamente.
“En nuestro país, el delito de trata de personas tiene una ‘configuración muy abierta’. No solo lo comete el que usa la violencia para captar o acoger personas, sino también quien se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de las víctimas o les concede pagos para acogerlos con fines de explotación laboral”, afirmó el abogado.
“En este caso, además, existieron agravantes como la pluralidad de víctimas y la muerte de los dos jóvenes, lo cual eleva considerablemente la pena”, puntualizó.
¿La condena fue la correcta?
“Desde un punto de vista legal, la condena fue correcta y dejó un precedente importante”, afirma Rodas.
Pero el abogado también reconoce que, pese a este tipo de penas, las acciones de trata de personas solo la ha incrementado, “por factores como la disminución de ingresos de personas vulnerables a raíz del COVID, la inmigración de ciudadanos venezolanos en situación de extrema pobreza, la aparición de nuevas organizaciones criminales con fines de explotación sexual”.
“Para combatir estas acciones, el Estado necesita recurrir a planes mejor estructurados, con apoyo en otros medios más efectivos, como fiscalizaciones laborales recurrentes, desarticulación de mafias dedicadas a la trata de personas, campañas informativas, etcétera”, asegura.
EL INCENDIO
El 22 de junio de 2017, entre el mediodía y la 1:00 p.m. se registró un gran incendio en la galería Nicolini en Las Malvinas. El centro comercial había sido clausurado hace 10 días porque no ofrecía condiciones de seguridad.
Rápidamente, fue clasificado como un incendio código 4, considerado una tragedia local, como fue clasificado al Incendio en Mesa Redonda de diciembre de 2001. En las primeras horas, se necesitaron 17 unidades de bomberos.
A las cuatro de la tarde, el código se elevó a 5, calificado como tragedia nacional.
Las autoridades determinaron rápidamente que el incendio se había originado en un almacén que ya había sido clausurado el 9 de junio por personal de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
SE ENCUENTRAN SOBREVIVIENTES AL INTERIOR
Minutos después se confirmó que había sobrevivientes al interior del local, la familia había llegado al lugar tras recibir una llamada. Se trataba de Jovi Herrera Alania (20). Decía que estaba con Jorge Luis Huamán Villalobos (19), su mejor amigo. Ambos trabajaban en la empresa Inversiones JPEG S.A.C.
Contaron que se habían comunicado con su familiar hace una hora, en ese entonces eran más de las 5:30 p.m. Pero eran dos personas las que estaban atrapados en el edificio, también lo acompañaba Jorge Luis Huamán Villalobos (19), su mejor amigo.
“Le ha dicho que está en el quinto piso, pero que está con candado. El hermano está corriendo con un sereno de la Municipalidad de Lima de la Unidad de Fiscalización y Control, tratando de llegar hasta donde está. Se está comunicando con él por teléfono, le ha dicho que el sitio donde está con candado”, informó la Agencia Andina, pasadas las 6:00 p.m.
Luego las cámaras captaron un último acto de auxilio, la escena fue estremecedora. Un brazo movía un fierro fuera de una pequeña ventana en un almacén. Pedía ser visto. La hermana del joven luego confirmó a medios locales que su hermano le estaba llamando.
Al segundo día del incendio, Jovi Herrera perdió las esperanzas de salir con vida. Le pidió a su tío, por teléfono, que cuide a su hija. Se había convertido en padre hace un mes y desde esa misma fecha trabajaba en la empresa.
No fue hasta el 28 de junio que los bomberos lograron controlar el fuego y se permitió el pase del personal del Ministerio Público y peritos de criminalística. Así también sacaron los restos de los dos jóvenes.
La familia de Jovi contó que ellos trabajaban en un almacén de ropa y una de sus jefas era quien cerraba el lugar con candado por fuera, no podían salir ni para almorzar. Eran alrededor de cinco personas las que trabajaban en esas condiciones.
María Vicente, hermana de Jorge Luis, también explicó las pésimas condiciones donde laboraban.
“Jorge Luis trabajaba de lunes a domingo y apenas le pagaban 100 soles semanales, a veces solo S/50. Una vez le contó a mi mamá que almorzaba dentro del contenedor, encerrado. Sabemos que no nos lo devolverán, pero tienen que pagar por su muerte”, contó.
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