Pedro Castillo tiene 19% de aprobación, según encuesta de IEP

A casi un año en el poder, la aprobación del presidente de la República Pedro Castillo sigue en un grave descenso. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicado por el diario La República, el 19% de peruanos respaldan la manera cómo está llevando su gobierno. Solo dos puntos menos a comparación de mayo cuando registraba 21%.

En el centro del país, el 30% aprueba a Castillo; mientras que el 8% solo en Lima. Por su parte, la desaprobación aumentó de 70% a 71%. Este porcentaje significa el más alto en los once meses que el profesor está en Palacio de Gobierno. Esto porque en agosto del año pasado arrancó con un rechazo del 46%.

Adicionalmente, los peruanos también responden sobre la honestidad de Castillo. En agosto de 2021, el 53% lo consideraba como tal. No obstante, ahora solo el 28% cree en su “palabra de maestro”. Además, se incluyó la interrogante sobre en qué poder del Estado se ha generalizado la corrupción. Se registra que el 81% de ciudadanos señala al Ejecutivo y el 76% al entorno del jefe de Estado.

El viernes último,el presidente Castillo aseguró que conduce el país “sin robar un sol al Perú”, por lo que invocó a las autoridades regionales y provinciales “a hacer las cosas bien y con transparencia”. Manifestó que, si se comprueba lo contrario, se pondrá a “disposición de las rondas campesinas del país”.

En su intervención en un evento público, el mandatario expresó que el pueblo peruano lo eligió para lograr cambios en el país y no para robarle, como se trata de hacerle creer desde distintos sectores.

“Para mí es un gran reto estar frente a la administración del Perú, pero debo decirles que siempre estoy dispuesto y me estaré poniendo a disposición de las rondas campesinas si a ustedes les consta que he robado un centavo al pueblo peruano”, sostuvo.

“Este pueblo me ha elegido para trabajar, no para ser uno más y hacer creer al pueblo del Perú de ponernos el cliché de corruptos”, añadió Castillo Terrones, quien es investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Seguidamente, el jefe de Estado reiteró su pedido al Congreso para dejar de lado el “enfrentamiento inútil” que tanto daño le hace al Perú.“Desde acá saludo a los congresistas de Cajamarca, a los congresistas del Perú para que de una vez por todas dejemos de lado este enfrentamiento inútil que le hace mucho daño al país”, subrayó.

“Empecemos a trabajar porque el Perú es un país emergente. El Perú necesita respuestas concretas, que sus autoridades elegidas abiertamente pongamos la agenda del país”, agregó el jefe de Estado.

De otro lado, el viernes, el Gobierno informó que presentará un proyecto de ley para sancionar a los jueces, fiscales y policías que filtran información a los medios de comunicación sobre casos que son investigados en el Ministerio Público. La idea surge cuando, precisamente, cada día se revelan más declaraciones de colaboradores eficaces que implican al presidente Pedro Castillo en presuntos actos de corrupción.

El abogado penalista Carlos Rivera indicó que el “proyecto no va resolver ningún problema importante en la lucha contra la corrupción y es a pedido del propio presidente que, como muchos otros casos, pretende lanzar un mensaje de represión frente a quienes filtren algún tipo de información sobre declaraciones o actuaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial”.

El letrado del Instituto de Defensa Legal recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de información no solo tiene que ver con lo que los periodistas informan, sino con el derecho de que la sociedad en su conjunto a estar debidamente informada.

Por su parte, Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas del Perú (CPP), calificó como “inoportuna y preocupante” la iniciativa que busca sancionar las filtraciones de información.“Si aplicamos un término propio de la crónica policial, pareciera un ajuste de cuentas del Gobierno con el Ministerio Público. La narrativa de este proyecto, que se cuida en no mencionar a los periodistas como potenciales perseguidos en el tema de la reserva, criminaliza las fuentes periodísticas”, enfatizó.