El Congreso de la República concluyó que la empresa Repsol es el responsable directo de toda la contaminación en las costas de Ventanilla tras derramar más de 12 mil barriles el pasado 15 de enero.
Lo que se catalogó como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima provocó la muerte de cientos de especies, más de 20 playas afectadas (el crudo llegó hasta Chancay), 1′800,490 metros cuadrados de suelo empetrolados, 7′139,571 m2 de mar contaminados y un monto total de 2.3 millones de soles en multas impuestas.
Todo esto fue investigado por la Comisión de Pueblos Andinos y por 90 días. En el informe final de 330 páginas, que cuenta con la aprobación de la mayoría de sus integrantes, llegaron a más de 24 conclusiones.
“Consideramos como crimen ecológico a todos los impactos generados y un atentado contra el patrimonio de la humanidad, afectando no solamente la biodiversidad peruana, sino también la biodiversidad de todo el mundo”, se acota en el informe.
Además, determinan que el derrame de petróleo perjudicó al agua, aire, suelo y a todos los seres vivos que se ubicaron en la zona impactada, en todos los niveles taxonómicos. “Si bien los impactos iniciales ya se van dejando de evidenciar por las acciones de limpieza, aún existen zonas, sobre todo las de difícil acceso donde quedan los rastros del hidrocarburo, es necesario que el OEFAen su rol fiscalizador, se encargue de evidenciar cada uno de los lugares que faltan limpiar y poner las sanciones correspondientes”, continúa el texto.
El grupo de trabajo descubrió que la tubería para la descarga de crudo, técnicamente conocida como PLEM, data de 1975 y no ha tenido modernización ni mantenimiento.
“De haber existido una correcta notificación a las autoridades las acciones iniciales de contingencia hubieran sido más efectivas y por lo tanto se hubiera podido evitar un mayor impacto en el ecosistema, sin embargo, la empresa en todo momento mencionó tener un ‘derrame controlado’ y que activaron su plan de contingencia de forma inmediata. Esta comisión considera las notificaciones como un agravante para el presunto delito de contaminación ambiental, puesto que, al no informar la cantidad derramada y la ruptura total de los carretes del PLEM, lo que consideramos un ‘derrame incontrolado’, puesto que no había ninguna válvula que frene el retorno de combustible desde el punto de ruptura hasta la ubicación de la válvula en tierra (4.5km aproximadamente), se dejó de comunicar información valiosa para la valoración de la necesidad de activar el plan de contingencia de DICAPI, es así que, este se activa recién el 20 de enero, cuando ya el hidrocarburo había afectado las dos áreas naturales protegidas”, se detalla.
El documento indica que la Refinería la Pampilla S.A.A. no contaba con las medidas de seguridad necesaria, además, que la multinacional española dio información inexacta del derrame de crudo de buzios referido.
“Esto generó que las respuestas sean tardías ocasionando que los daños al ecosistema del medio ambiente sean más drásticos”, se precisa.
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