Organización internacional presenta un amicus curiae ante el Poder Judicial por la elección del defensor del Pueblo

La atención respecto a la elección del próximo defensor del Pueblo ha traspasado las fronteras. La Fundación para el Debido Proceso, una organización con sede en Washington D.C. (Estados Unidos), ha presentado un memorial de amicus curiae ante el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima en el proceso de amparo promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría contra el Congreso de la República.

“Este amparo tiene por objeto cuestionar las irregularidades suscitadas en este proceso de selección, y que implican el incumplimiento de disposiciones legales, constitucionales y de obligaciones internacionales del Estado peruano relativas a la protección de derechos humanos como el debido proceso, el principio de independencia, el derecho de participación ciudadana, y los estándares de transparencia, publicidad, merito, escrutinio social y principio de igualdad que deben observarse en este tipo de procesos”, señalan.

En esa línea, este organismo internacional, cuyo fundador por el profesor Thomas Buergenthal y sus colegas de la Comisión de la Verdad para El Salvador -promovida por Naciones Unidas-, sostiene que aporta información relevante al juzgado acerca de los estándares internacionales que sustentan la obligación del Estado de otorgar un recurso judicial efectivo para cuestionar actuaciones en los procesos de selección de altas autoridades del sistema de justicia o altos funcionarios, como sería la persona titular de la Defensoría del Pueblo.

Como se recuerda, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima ordenó que suspenda el proceso que estaba en marcha para elegir al nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. Había una comisión especial que estaba liderada por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, los tres vicepresidentes de la Mesa Directiva y los voceros de las bancadas.

En la resolución del magistrado John Javier Paredes Salas, se apuntaba que existe “un peligro inminente de que el referido proceso de elección (del defensor) termine realizándose sin los requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil”. En esa línea, hizo referencia al cronograma formulado por el Parlamento.

“No ha reconocido una etapa en donde se haya permitido a la ciudadanía ejercer control sobre la idoneidad de los candidatos, ni tampoco una etapa o etapas que permitan publicitar, de forma expresa y con amplitud, la información que se haya obtenido de la instituciones que guardan información relevante para este fin, como la obtenidas de la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, el Ministerio público, entre otros”, se menciona en la resolución judicial.

En paralelo a la medida cautelar que fue declarada fundada por el Poder Judicial también se encuentra en curso una acción de amparo que se verá en una audiencia el próximo 18 de julio. Allí se evaluará si la participación de María del Carmen Alva es valida o no. Según la Ley Orgánica de la Defensoría, la comisión especial para elegir al nuevo titular debería estar compuesto por nueve integrantes.

Pese a ello, el Congreso desobedeció el mandato judicial y, el jueves pasado, se aprobó con 98 votos a favor, cero en contra y una abstención la creación de este nuevo grupo de trabajo. El miércoles último se iba a instalar la comisión especial, pero al final no se pudo.

Los integrantes de la nueva comisión son Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Silvana Robles (Perú Libre), Elvis Vergara (Acción Popular), Freddy Díaz (Alianza para el Progreso), José Williams (Avanza País), Jorge Montoya (Renovación Popular), Alex Paredes (Bloque Magisterial), Roberto Kamiche (Perú Democrático) y Ruth Luque (Somos Perú, Cambio Democrático y Perú Bicentenario).

Se tiene previsto que el nuevo defensor del Pueblo sea elegido antes del cambio de los integrantes de la Mesa Directiva.