Amnistía Internacional pide al Congreso reconsiderar archivo de denuncia constitucional contra Manuel Merino

La entidad que vela por los derechos humanos indicó que el archivo de esta denuncia constitucional, que involucra también a dos exministros, es una afectación directa al derecho a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas y familiares.

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Defensoría del Pueblo acudiría a
Defensoría del Pueblo acudiría a instancia internacionales tras archivo de denuncia contra Manuel Merino

La organización Amnistía Internacional Perú solicitó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del Perú que reconsidere la decisión de aprobar el informe que envío al archivo sobre la denuncia constitucional formulada al expresidente de facto Manuel Merino y sus exministros, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, ocurridas en las marchas del 14 de noviembre del 2020.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú, Marina Navarro, mediante un oficio enviado a la Subcomisión, señaló que durante las marchas del 14 de noviembre se evidenció violencia por parte de la policía que debe ser investigado por las autoridades competentes.

“Rechazamos el archivamiento de la denuncia contra Merino de Lama, Flores Araoz y Rodríguez Limo, impidiendo que se continúe investigando a quienes tenían la obligación de proteger la vida e integridad de quienes ejercían pacíficamente su derecho a la protesta el 14 de noviembre”, indicó la entidad internacional que vela por los derechos humanos.

En ese sentido, la organización dijo que es una afectación directa al derecho a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas y familiares; en ese sentido se espera que la Comisión del Parlamento que está viendo este caso reconsidere su aprobación este lunes”.

...En su calidad de integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, le pedimos que considere los argumentos al evaluar el recurso de reconsideración presentado en sesión del viernes 17 de junio. De la misma manera, exhortamos a que se valoren todas las pruebas que permitan dilucidar de la mejor manera la verdad de lo que pasó y establecer las responsabilidades directas y meditas, sobre lo cual hay gran expectativa de las víctimas, la sociedad peruana en general y toda la comunidad internacional”, indicó en un comunicado Amnistía Internacional Perú.

Asimismo, la entidad sostuvo que la decisión de archivamiento no solo impide que el Ministerio Público continúe con su investigación contra quienes tenían la obligación de proteger la vida e integridad de las personas que ejercían su derecho a la protesta, sino que detiene por completo el proceso penal en una etapa muy inicial del mismo.

Amnistía Internacional “verificó que agentes policiales hicieron uso de la fuerza de manera ilegal y contraria a los estándares internacionales, incluyendo disparos de municiones y gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos, de manera indiscriminada”. En ese sentido, la organización dijo que el Ministerio Público debe ser la entidad competente para investigar sobre quiénes fueron los responsables y acusarlos por omisión impropia, de los delitos de homicidios y lesiones graves.

ESTE LUNES EVALUARÁN RECONSIDERACIÓN

Cabe recordar que le semana pasada, por 8 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia constitucional contra Manuel Merino y dos de sus exministros. El informe que recomendó seguir ese camino fue presentado por el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País).

En la votación donde se registró un empate obligó a la presidenta de la subcomisión Rosío Torres a usar su voto dirimente, lo que inclinó la balanza por el archivo del informe. Si esta decisión no se revierte en la reconsideración de este lunes 27 de junio, entonces debería ser debatida por la Comisión Permanente del Congreso.

Ante el archivamiento de la denuncia constitucional contra Merino y los dos exministros, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, se unió a los cuestionamientos del informe de Cavero sobre las muertes de ambos jóvenes e indicó que “el Congreso debería, más bien, facilitar que todos puedan ser investigados, y no hacer un blindaje”.

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