Nuevos funcionarios de Provías Descentralizado aparecen en informes de la Contraloría por haber cometido graves irregularidades

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado) sigue en el ojo de la tormenta. Tras el escándalo que significó el año pasado el favorecimiento al Consorcio Puente Tarata III, vinculado a la colaboradora eficaz Karelim López, por S/ 232 500 000 y por el cual se inició una investigación en la Fiscalía de la Nación que involucra al hoy prófugo exministro Juan Silva y al presidente de la República, Pedro Castillo; ahora se suma la elección de nuevos funcionarios que aparecen en sendos informes de la Contraloría General de la República por haber cometido graves irregularidades en su calidad de funcionarios públicos.

En la elección de estos funcionarios con malos antecedentes, quien está al mando tiene responsabilidad.

El 19 de abril pasado, el ex ministro Nicolás Bustamante designó al ingeniero civil Abel Ramos Cuya como director ejecutivo de Provías Descentralizado. Antes de que el funcionario asumiera este cargo se desempeñaba como jefe de la Dirección de Puentes del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) desde el 1 de octubre del 2021. Según el portal de Infogob, este personaje fue militante del Partido Morado desde el 1 de marzo del 2019 hasta el 29 de abril de este año. Previamente, también estuvo en las filas del desaparecido Perú Posible desde el 31 de marzo del 2007.

Una vez puesto en el cargo, Ramos comenzó nombrar a sus funcionarios. El 3 de mayo, según la resolución directoral Nº 125-2022-MTC/21, puso a Karla Seminario Meléndez como jefa de la Oficina de Administración de Provías Descentralizado. Según el registro de la Sunedu, ella es contadora por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), cuenta con una maestría y doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad por la Universidad César Vallejo. En su hoja de vida se destaca que laboró en el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Precisamente, dos informes de la Contraloría dan cuenta de que estuvo involucrada en irregularidades en estas entidades.

Según el informe de auditoria N° 015-2018-2-0275, referido a la adquisición de bienes y servicios mediante contrataciones iguales o menores a 8 UIT en la Fiscalía en 2017, Seminario suscribió —como subgerente de adquisiciones— las órdenes de compra sin haber cumplido los procedimientos establecidos en el Plan Anual de Contrataciones de ese año. Esto provocó, de acuerdo a la Contraloría, que se generarán perjuicios al Estado peruano y se le hallará responsabilidad administrativa.

De otro lado, el informe de control específico N° 020-2019-2-0281-SCE, que está referido a la administración de un inmueble alquilado para el Ministerio de Justicia en Sullana, indica que Seminario incumplió —en su calidad de jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios— en devolver el inmueble a su propietaria, quien lo había arrendado al Estado por un plazo determinado, lo cual ocasionó un perjuicio económico a la institución por S/ 127 920,00. Se concluyó, al igual que en el caso de la Fiscalía, responsabilidad administrativa y la recomendación de que se interpusieran acciones legales en su contra.

Otro caso similar es que el 9 de mayo pasado se nombró, mediante resolución directoral Nº 140-2022-MTC/21, al economista Víctor Torres Bermúdez como jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Provías Descentralizado. Antes de asumir este cargo fue gerente de Programación, Inversiones y Cooperación Técnica de la Municipalidad Distrital de Bellavista y jefe de la Oficina de Administración del Hospital de Rehabilitación del Gobierno Regional del Callao. Precisamente, en esta última institución es que la Contraloría detectó su participación en una irregularidad.

Según el informe de control específico 002-2021-2-5355, Torres aprobó un expediente sin hacer las precisiones correspondientes de los términos para el proceso de mantenimiento de las instalaciones de agua y desagüe en el Hospital de Rehabilitación del Callao en el 2018. Tampoco consideró que, dentro del comité que iba a evaluar las ofertas, debía haber una persona con el conocimiento técnico del objeto de contratación. Esto originó que se aprobará una partida exorbitante que llegó a ser S/ 99 910,86. Se le halló, por esa razón, responsabilidad administrativa y la recomendación que se interpusieran acciones legales en su contra.

Finalmente, el 10 de mayo también se designó al ingeniero civil Larry Lezama Angulo como gerente de obras de Provías Descentralizado. Y aquí viene lo más grave: la Contraloría le halló responsabilidad penal a este personaje. De acuerdo al informe de control específico 014-2021-2-0341, Lezama no autorizó que se cobrará S/ 136 611,08 al Consorcio Llamara como parte del 10 % del contrato que suscribió la Municipalidad de Conchucos (Áncash) para la recuperación del camino vecinal en los tramos Casga, Cruz Pampa, Chalan y Monte Grande.

Por esta decisión, cuya ejecución la hizo como gerente de Desarrollo e Infraestructura Urbano y Rural, Lezama ocasionó un perjuicio económico de S/ 521 537,07. En la recomendación se dio cuenta de que se avisará al procurador público especializado en delitos de corrupción para que tome las acciones legales en contra de Lezama por certificar la comisión de un delito.

El pasado 3 de junio, el ministro Juan Barranzuela pidió la renuncia a todos los viceministros y altos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). ¿Se animará a mirar las designaciones que se han hecho en Provías Descentralizado?