Proyecto que busca sancionar la filtración de información pretendería proteger al presidente Pedro Castillo de futuras revelaciones

El 13 de junio, el ministro de Justicia Felix Chero anunció en una entrevista con Canal N que plantearía un proyecto de ley para sancionar a los jueces, fiscales y policías que filtran información a los medios de comunicación sobre casos que son investigados en el Ministerio Público. La idea surge cuando, precisamente, cada día se revelan más declaraciones de colaboradores eficaces que implican al presidente Pedro Castillo en presuntos actos de corrupción.

Como se sabe, el mandatario afronta cuatro investigaciones fiscales. De estas, el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado es que lo complica más. El 29 de mayo, el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez dispuso que Castillo sea investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión.

Esto se concreta tras el testimonio de la lobista Karelim López, quien acusa a Castillo de liderar una organización criminal que beneficiaba con licitaciones de obras a empresas chinas a cambio de sobornos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la época en la que el hoy prófugo Juan Silva estaba al mando de la referida cartera.

Además, se añade que el empresario Zamir Villaverde también ha mencionado que Castillo recibió 100 mil soles para ejecutar estos negocios en el MTC según una acta levantada por la fiscal Karla Zecenarro.

Debido a las pruebas que salen, ayer se abordó oficialmente la propuesta de sancionar la filtración de información con el mandatario y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en una reunión sostenida en Palacio de Gobierno en el marco de las coordinaciones para el próximo Consejo para la Reforma de la Justicia.

Al respecto, Infobae consultó con especialistas que alertan del riesgo que podría traer la norma para las indagaciones fiscales y judiciales; así como también para el ejercicio del periodismo.

El abogado penalista Carlos Rivera indicó que el “proyecto no va resolver ningún problema importante en la lucha contra la corrupción y es a pedido del propio presidente que, como muchos otros casos, pretende lanzar un mensaje de represión frente a quienes filtren algún tipo de información sobre declaraciones o actuaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial”. Además, cuestionó un argumento del ministro Chero, quien dijo que las filtraciones obstruyen o desnaturalizan los procesos de investigación.

“El ministro sabe perfectamente que este tipo de anuncios de información lo único que hacen, en realidad, es tener una opinión pública suficientemente informada. Si hay algo que agradecer en las últimas dos décadas en el Perú, es que tenemos ahora una opinión pública más alerta y avispada en cuanto a este tipo de asuntos. Normalmente, son investigaciones o hechos complejos que el periodismo ha ayudado a revelar actos de corrupción y de crimen organizado”, enfatizó.

El letrado del Instituto de Defensa Legal recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de información no solo tiene que ver con lo que los periodistas informan, sino con el derecho de que la sociedad en su conjunto a estar debidamente informada. Concluyó que la iniciativa se suma a otra planteada en el Congreso, donde se busca traerse abajo el procedimiento de la ley de la colaboración eficaz.

“Pareciera que hay un interés por destruir los avances que se han ido dando en los procesos del Poder Judicial y el Ministerio Público en temas de corrupción de funcionarios”, mencionó Rivera.

Por su parte, Ricardo Burgos, decano del Colegio de Periodistas del Perú (CPP), calificó como “inoportuna y preocupante” la iniciativa que busca sancionar las filtraciones de información. “Si aplicamos un término propio de la crónica policial, pareciera un ajuste de cuentas del Gobierno con el Ministerio Público. La narrativa de este proyecto, que se cuida en no mencionar a los periodistas como potenciales perseguidos en el tema de la reserva, criminaliza las fuentes periodísticas”, enfatizó.

De otro lado, Burgos consideró que se busca obstaculizar la difusión de los casos de interés público por parte del periodismo de investigación. “Si no hubiésemos conocido actos de corrupción a través de algunos medios de comunicación, seguramente estos se habrían mantenido en la clandestinidad. Acá hay la posibilidad de que la prensa pueda actuar con libertad para que la sociedad tenga una información de primera mano para el desarrollo mismo de la democracia”, mencionó.

Finalmente, el decano del CPP recordó que también sostuvieron una reunión con la congresista Gladys Echaíz, titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sobre la propuesta que se presentará realizar cambios en la ley de la colaboración eficaz. Indicó la integrante de Alianza para el Progreso recibió sus observaciones sobre esta iniciativa, pero hasta el momento no tienen información sobre si hay avances o no en este tema.

SEGUIR LEYENDO: