Este martes se desarrolló la audiencia sobre ampliación de regla de conducta en el proceso contra el expresidente Martín Vizcarra por el supuesto delito de colusión agravada y otros por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Durante la reunión, el fiscal Osías Castañeda le recordó al exmandatario su presunta infidelidad con la excandidata al congreso Zully Pinchi, del partido Somos Perú. La mención del funcionario incomodó a Vizcarra Cornejo.
“El pedido no versa respecto a si salió con la señorita Zully, si se reunió con ella en el hotel o sí fue infiel. No, señora magistrada. Pero tenemos que decirlo: ‘Si miente para salir con una mujer que no es su esposa, ¿por qué no mentiría al juzgado?’”, dijo el fiscal.
Ante ello, el exjefe de Estado calificó de “infamias” lo señalado por Castañeda y pidió que respeten su vida “privada”.
“Yo no voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada [...] señor fiscal, usted debió regular su comportamiento y forma de actuar”, enfatizó Vizcarra.
Tras el tenso momento, la jueza a cargo de la audiencia solicitó a ambas partes mantener la calma y la compostura al encontrarse en una reunión de carácter legal. “Voy a solicitar que guarden compostura. Estamos en una audiencia, en una diligencia judicial, no estamos en un mercado”, mencionó.
Al respecto, el excandidato de Somos Perú resaltó que “siempre” mantuvo el respeto durante la diligencia. Martín Vizcarra enfatizó que no se debe permitir el uso de “argumentos vedados”.
“Yo siempre he guardado respeto. Muchas gracias por esto [espacio para declarar], pero hay que dejar claro que no puede usar argumentos vedados para lograr lo que pretende. De ninguna manera voy a permitirlo”, precisó.
La audiencia se desarrollo a causa del supuesto encuentro del ingeniero en Cusco, donde se le autorizó viajar solo con fines políticos relacionados al partido Perú Primero. El miembro del Ministerio Público solicitó ampliar o aclarar las normas de conducta interpuestas en contra de Vizcarra Cornejo, quien se encuentra en condición de investigado por aparentes irregularidades durante las obras de Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua.
DENUNCIAS CONSTITUCIONALES CONTRA DE MARTÍN VIZCARRA
Hasta febrero de 2021, se han registrado 6 denuncias constitucionales contra el expresidente y exministras de Estado a causa de las irregularidades en el proceso de vacunación contra la COVID-19.
La primera denuncia constitucional Nº 422 fue presentada por la congresista María Teresa Cabrera, de la bancada Podemos Perú, por infracción constitucional y delitos cometidos durante su gestión como presidente de la República.
La segunda denuncia constitucional Nº 423 fue interpuesta por la congresista María Bartolo, de Nueva Constitución, contra el exmandatario y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.
Los parlamentarios de la bancada Nueva Constitución presentaron la tercera denuncia constitucional Nº 424 por el presunto delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
La cuarta denuncia constitucional Nº 425 estuvo a cargo del congresista José Vega, de Unión Por el Perú. La acusación fue interpuesta contra Vizcarra Cornejo y las exministras de Salud y Relaciones Exteriores de su gestión.
La quinta denuncia constitucional Nº 426 surgió de los congresistas de Acción Popular por aparente infracción a la Constitución y otros delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Por último, el Partido Morado también denunció constitucionalmente a Martín Vizcarra. La bancada presentó una acusación contra el moqueguano, Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, a quienes se les acusa de utilizar su cargo público para acceder a las vacunas contra la COVID-19.
INHABILITAN AL EXPRESIDENTE PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS
En mayo, el Congreso emitió una resolución donde ratificó el impedimento interpuesto en contra del exgobernador de Moquegua. Esta decisión surgió a raíz de un informe que determinó que el ex jefe supremo habría incurrido en conflicto de intereses al no renunciar a sus acciones en CyM Vizcarra S.A.C. durante su mandato.
Esta es la segunda vez que Vizcarra Cornejo queda inhabilitado para trabajar como funcionario público. Anteriormente, al ingeniero se le prohibió trabajar en el Estado durante una década al estar involucrado en el escándalo del Vacunagate.
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