Comisión de Fiscalización tendría pruebas contundentes contra el presidente Pedro Castillo por el caso Sarratea

La Comisión de Fiscalización y Contraloría tendría pruebas contundentes contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por las reuniones que habría sostenido de manera clandestina en una vivienda en el pasaje Sarratea, en el distrito de Breña, tal como se reveló el año pasado en un reportaje del dominical “Cuarto Poder”.

“Las declaraciones de los investigados, de los testigos, tenemos audios, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, tenemos abundante información que hemos cotejado y cruzado”, señaló el congresista fujimorista Héctor Ventura, presidente del mencionado grupo de trabajo, en una entrevista al diario El Comercio.

Además, agregó que tienen en su poder los chats entre el empresario Zamir Villaverde, quien cumple 24 meses de prisión preventiva en el penal de Ancón I por el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado, y el hoy prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, en los que habrían concertado para realizar actos ilícitos.

De otro lado, el titular de la Comisión de Fiscalización indicó que contrastaron la declaración que la lobista Karelim López brindó ante su grupo de trabajo y encontraron que contradice lo que dijeron algunos personajes como el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien se encuentra también prófugo de la justicia.

Ventura apuntó que este miércoles 29 de junio se hará la presentación oficial del informe final del caso Sarratea para que se eleve al Pleno del Congreso.

Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo ha confirmado que este lunes 27 va declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. En la misiva enviada al congresista Héctor Ventura, titular de este grupo de trabajo, se indica que el mandatario “expresó su total disposición a colaborar con la Comisión que Ud. preside y, en tal sentido, se requirió el pliego de preguntas respectivo en dos oportunidades, el mismo que no fue remitido oportunamente. Ello en atención a lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú”.

Asimismo, citan a la opinión consultiva de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, donde se concluye que una comisión investigadora está facultada para investigar al presidente solo por hechos ocurridos antes de asumir el cargo.

En esa línea, citan también un informe legal de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos donde indican que la comisión de Fiscalización y Contraloría del Legislativo “no tiene competencia para investigar al presidente de la República por presuntos delitos comunes o de función que se hayan cometido durante el ejercicio de su mandato”.

Pese a estos argumentos, el oficio indica que en aras de la colaboración recíproca que debe existir entre los poderes del Estado y el Principio de Transparencia,

Pedro Castillo manifestó su disposición de recibir a la comisión en el Despacho Presidencial, en la fecha que considere, a partir del 27 de junio, por razones de agenda presidencial. En tal sentido, solicitan la reprogramación de la declaración.

El abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, cuestionó el trabajo de la comisión.

“¿Para qué lo citan al último y por qué no desde el inicio?”, dijo Espinoza en conversación con la prensa. Luego criticó la labor del presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, al no señalar que el jefe de Estado solicitó responder a los cuestionamientos del grupo de trabajo de manera escrita. “El problema no es lo que presidente no pueda hacer. La pregunta es si la comisión garantiza el debido proceso”, agregó el abogado.