Durante la pandemia producida por el coronavirus, funcionarios administrativos del hospital Santa Rosa, en la región de Piura, se habrían subido el sueldo con presupuesto que estaba destinado a la contratación de personal CAS COVID.
Asimismo, los investigados por estos hechos son: el exdirector del centro de salud, Edwin Chinguel Pasache; la jefa de la oficina de Administración, Gladys Salazar Zapata; el jefe de la Unidad de Economía, Teobaldo Anastasio Elías; y el jefe de la unidad de Recursos Humanos, Marco Salazar Hernández.
Esta es la tesis fiscal que plantea el Ministerio Público, por lo que durante el pasado viernes 17 de junio, personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción acudió a las oficinas del hospital Santa Rosa, así como a una vivienda que tiene relación con el exdirector.
De acuerdo con lo que reveló la Fiscalía, los investigados dispusieron la apropiación del presupuesto para sí mismos, para otros 91 funcionarios y servidores públicos del nosocomio, lo cual dio como resultado el incremento de sus sueldos a partir del 1 de mayo hasta hasta el 31 de diciembre del 2020.
Del mismo modo, se señaló que los funcionarios, pese a que tenían conocimiento de que los beneficiados no realizaban labores relacionadas a la lucha contra el COVID-19, habrían privilegiado intereses particulares sobre las del Estado. Esto implicó la contratación de mayor personal ante la cantidad excesiva de pacientes que acudían al establecimiento de salud, el cual era el principal y único centro que atendía pacientes con COVID-19.
PERJUICIO ECONÓMICO
Por otro lado, otro hecho que está siendo investigado es el pago de transporte al personal del hospital. Según lo estipulado por el Ejecutivo, los presuntos responsables tuvieron que proporcionar los medios de transporte a los trabajadores para que puedan llegar a sus puestos de labores, sin dejar de dar prioridad al trabajo remoto para quienes realizan labores administrativas.
No obstante, estos habrían llevado a cabo un plan de acción que implicaba el pago de dinero en efectivo, el cual no estaba contemplado en la normativa vigente en ese entonces, y para el cual no se contaba con un presupuesto destinado.
Como consecuencia de esta acción, entre los meses de abril y junio se habría producido un perjuicio económico de 108.095 soles, monto que fue incluido entre las planillas de 31 empleados de las áreas de Recursos Humanos, Economía, Almacén, Dirección, entre otras.
LA VERSIÓN DE PASACHE
Al respecto, el Chinguel Pasache sostuvo que se llevó a cabo el incremento de sueldos bajo el amparo de un decreto supremo que difundió el Ejecutivo como parte de las medidas ante la emergencia del coronavirus y bajo un grupo al mando que tomó en cuenta opiniones técnicas y legales. “El nivel central nos autorizó el incremento por el sacrificio y función que realizábamos”, expresó.
En esa línea, agregó que se debió incrementar el pago a los trabajadores no COVID debido a que el centro de salud enfrentaba una disminución de su personal, ya que algunos tomaron la decisión de trasladarse a laborar a otros centros de salud debido al riesgo de contagio, o por dejar temporalmente el trabajo.
En cuanto al pago de movilidades para transportarse, explicó que ya se habría realizado un peritaje que tuvo como conclusión que no se habría llegado a producir ninguna malversación.
Finalmente, cuestionó que la investigación fiscal no involucre al actual director del hospital Santa Rosa, Raúl Gonzales Navarro, y al titular de la Dirección Regional de Salud, Fernando Agüero Mija, quienes también habrían sido beneficiados con esta medida.
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