El Ministerio Público ha solicitado ayer al Poder Judicial a que se deje sin efecto la autorización brindada a la excandidata presidencial Keiko Fujimori para que pueda viajar fuera de Lima por varias regiones del país hasta el próximo 2 de octubre, fecha en la que se realizará las elecciones municipales y regionales. Esto porque ya se encontraría en la etapa de acusación por el caso ‘Cócteles’, donde es investigada por el presunto delito de lavado de activos y se pide una pena de 30 años de cárcel.
Según el diario La República, el fiscal superior adjunto Hernán Mendoza argumentó que la resolución del Víctor Zúñiga en primera instancia no dio “razones mínimas para variar las restricciones [de Keiko Fujimori] ya que el peligro procesal se ha incrementado con la presentación de la acusación. No se justifica que Keiko viaje al interior del país de manera urgente”.
Además, enfatiza que una de las restricciones que se le impuso a Fujimori en abril de 2020, cuando se eliminó su prisión preventiva de 15 meses, fue el “no ausentarse de la ciudad de su domicilio ni variar el mismo sin previa autorización por escrito del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional”. Por ello, menciona que el pedido de viajes fuera de Lima no se sustentó adecuadamente y no se cumplió con informar los lugares exactos a donde Fujimori viajaría.
Como se recuerda, el pasado 30 de abril, Fujimori tiene permiso para salir de Lima hacia otras regiones como Callao, Ica, Piura, Lambayeque, San Martín, Lima Provincias, Loreto, La Libertad y Arequipa. Ahora, el pedido fiscal será evaluado por la Segunda Sala de Apelaciones, integrada por los jueces Iván Quispe, Edgar Medina y María Guillén, que decidirá en los siguientes días si corresponde o no confimar o dejar sin efecto la autorización de viajes para la actual líder del partido Fuerza Popular.
APELACIÓN
El jueves último, el Poder Judicial dejó al voto el recurso de apelación que fue presentado por Fuerza Popular para que se devuelva al Ministerio Público la acusación fiscal que implica a la agrupación política, a su lideresa Keiko Fujimori y otras personas debido al supuesto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Asimismo, la defensa legal de este partido presentó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional una tutela de derechos en la que se ha indicado que la Fiscalía no permitió que sus peritos de parte puedan apreciar las operaciones periciales de oficio que llevó a cabo el Ministerio Público con el fin de poder realizar las observaciones que correspondían.
Al respecto, el fiscal superior adjunto Hernán Mendoza solicitó a la sala confirmar el fallo del juez Zúñiga Urday al indicar que no se dejó en estado de indefensión a la agrupación política Fuerza Popular, debido a que la normativa actual indica que los peritos de oficio de Fiscalía tienen que presentar un informe para que los peritos de parte puedan llevar a cabo las observaciones que crean pertinentes.
AUDIENCIAS PRESENCIALES
La Corte Penal Nacional respondió este miércoles 15 de junio a la solicitud del fiscal José Domingo Pérez que hizo la semana pasada acerca de la posibilidad de tener audiencias presenciales en el caso Cócteles (Odebrecht) contra Keiko Fujimori y más de 40 involucrados por lavado de activos, organización criminal y otros delitos.
De acuerdo con lo que informó el juez Víctor Zúñiga Urday, la Administración de la Corte contestó que “la cantidad de partes procesales supera la capacidad de las salas de audiencias [aforo máximo de 20 personas] por lo que las sesiones deben continuar de forma virtual”. Ante esta declaración,el fiscal Pérez mostró que no estaba de desacuerdo y anunció que hará llegar otro oficio a esta sede judicial.
“La Corte Superior de Justicia de Arequipa ha utilizado instalaciones del edificio ubicado en jirón Manuel Cuadros [cerca a Palacio de Justicia] por lo que no es razonable que se diga que no hay espacio para realizar estas audiencias. Hay otras cortes que están usando estos auditorios para sesiones presenciales. El Poder Judicial sí cuenta con instalaciones”, protestó Pérez.
En ese sentido, el fiscal del equipo especial Lava Jato reveló que enviará otro documento dirigido a la Corte Penal Nacional para que, de este modo, se puedan llevar a cabo las audiencias de forma presencial.