Tras la presentación del informe realizado por el congresista Alejando Cavero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República, se archivó la denuncia contra el expresidente Manuel Merino. De esta forma, el exmandatario quedó libre del proceso constitucional en su contra, donde era investigado por la Fiscalía por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Tras esta decisión, distintos sectores se pronunciaron y cuestionaron el fallo de la Subcomisión de Acusaciones. Miguel Jugo, secretario Adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), indicó que con esta dicisicón, el Congreso evidencia las trabas que pretenden colocar en la investigación contra Merino, quien es acusado por delitos de homicidio, lesiones graves y leves. Los agravados, Sotelo y Pintado, fueron víctimas mortales de las acciones de aquella noches.
“El Congreso de la República pone trabas para la investigación y sanción de los responsables”, indicó Jugo en conversación con TV Perú.
Asimismo, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, se unió a los cuestionamientos del informe de Cavero sobre las muertes de ambos jóvenes e indicó que “el Congreso debería, más bien, facilitar que todos puedan ser investigados, y no hacer un blindaje”.
“[Alejandro] Cavero solito ha cabado un hueco a sus pies, porque a él no le estaban pidiendo que se pronuncie sobre los hechos, sobre si había responsabilidad o no. Y, él empieza haciendo un análisis de ese tipo, que también, por cierto, es un análisis pésimo”, indicó en entrevista al programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Por otro lado, Jugo, señaló que las autoridades del país deben acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para buscar revertir el fallo cuestionado emitido por la SAC para que la denuncia constitucional prosiga en su proceso de investigación. Jugo señaló que, solo de esta forma, la Fiscalía podría continuar con las diligencias en el proceso contra Manuel Merino y los exministros Antero Flores Araoz y Gastón Rodríguez.
“Lo que se puede hacer es acudir al Sistema Interamericano para que, a través de la sentencia, la Corte Interamericana pueda exigir al Estado peruano el procesamiento de estas dos personas. Tanto Merino, Flores Araoz como Rodríguez en los próximos cinco años podrán ser comprendidos en los procesos de investigación, porque ya no tendrán el derecho antejuicio”, añadió a TV Perú.
Jennie Dador también criticó que no se habrían tomado en consideración todas las pruebas que se recolectaron de aquel día; a su vez, calificó el análisis como “pésimo”.
“(Es un análisis pésimo) porque se pone a discutir los hechos, pero encima tampoco lo hace bien, porque deja de lado un montón de evidencias que sí están en la denuncia y en la investigación fiscal previa que se hizo cuando se envió el documento al Congreso, y toma solamente las manifestaciones de los (ex) ministros y amigos de las tres personas que están ahí, digamos, acusadas y nada más”, señaló al medio mencionado.
Asimismo, Miguel Jugo calificó como “indignante” el fallo de la entidad liderada por la congresista Rosío Torres, de la bancada de Alianza Para el Progreso. El funcionario se mostró en contra del apoyo brindado a Manuel Merino por parte del Congreso, pese a que sea el presunto responsable del actuar violento entre la Policía y manifestantes durante noviembre del 2020.
“Todas las personas que hemos estado el 14 de noviembre en 2020 en las calles hemos visto claramente cómo actuó la Policía y cómo fue conducida a situaciones que causaron la muerte de Inti y Bryan, y un conjunto de heridos (…) En esta situación, la Defensoría del pueblo ha levantado su voz de protesta“, culminó.
Hasta el momento, autoridades continúan evaluando el hecho. Por su parte, la Defensoría aseguró que “se evaluará con las respectivas familias los siguientes pasos y uno de ellos puede ser acudir a una instancia internacional. Y que el Estado continúe reparando los daños, las lesiones que han sufrido las víctimas en estas movilizaciones”, sostuvo en diálogo Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría con RPP Noticias.
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