Tras recomendar archivar la denuncia contra el expresidente Manuel Merino por la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las manifestaciones de noviembre del 2020, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció a través de sus redes sociales.
El parlamentario, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por el informe que presentó ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, criticó a la Defensoría del Pueblo por rechazar sus acciones y, además, manifestó que están opinando sin conocer los hechos.
“Esta es una de las tantas razones por las que el Congreso no debe detener la constitucional elección del nuevo defensor del pueblo”, subrayó Cavero. “Una defensoría que opina sin conocer sirve solo para manipular políticamente. Y ese nunca fue su propósito”, agregó en su tuit.
La publicación de la Defensoría del Pueblo a la que se refiere el legislador señala que esta decisión incumple con el deber de “investigar exhaustivamente” toda violación a los derechos humanos.
“Rechazamos aprobación del informe de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de Congreso que archiva denuncia constitucional de la Fiscalía contra expresidente Merino y dos exministros por sucesos ocurridos durante movilizaciones sociales de 11/2020″, se lee.
“Con esta decisión el Estado incumple deber de investigar exhaustivamente toda violación a derechos humanos. Evaluaremos las vías jurídicas pertinentes para corregir afectación a los derechos de familiares de los fallecidos y víctimas”, continuó en su hilo.
En una entrevista para RPP, Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, adelantó que la institución evaluará acudir a “instancias internacionales” tras la aprobación del informe de Cavero.
“Se evaluará con las respectivas familias los siguientes pasos y uno de ellos puede ser acudir a una instancia internacional. Y que el Estado continúe reparando los daños, las lesiones que han sufrido las víctimas en estas movilizaciones”, sostuvo.
Castillo añadió que el tema en el Congreso “ya está cerrado”, por lo que se buscará la solución desde otros ámbitos. “Tendría que esperarse una solución que pueda venir desde el Poder Judicial o desde los ámbitos internacionales, vía el sistema interamericano que ordene que la investigación prosiga”, explicó.
ANP RECHAZA IMPUNIDAD
Entre los organismos que se pronunciaron en contra de la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el mensaje de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) para no dejar exentos de responsabilidad al entonces presidente de la República, Manuel Merino de Lama; al presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores Aráoz y al ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo.
Según información de la Oficina de los Derechos Humanos de la ANP, entre el 9 y 16 de noviembre de ese año fueron cometidos 40 ataques contra periodistas y medios de comunicación; de estos, 30 fueron perpetrados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes hicieron uso excesivo de la fuerza al amparo político que ofrecían las autoridades de entonces.
La ANP también recordó que existen evidencias fotográficas y videográficas que demuestran el sistemático uso excesivo de la fuerza, además de las reiteradas muestras públicas de las autoridades en respaldo al accionar policial.
Asimismo, manifestaron que denunciaron, en su momento, la actuación del entonces primer ministro Ántero Florez Aráoz, quien reconoció a la PNP, en medio de las protestas y la represión policial, y señaló en diferentes momentos que los agentes actúan “reaccionando cuando haya que reaccionar” y que cuando “los agreden ellos tampoco pueden estar paralizados”.
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